La fiscal¨ªa no recurrir¨¢ la excarcelaci¨®n de Amedo, pero critica el m¨¦todo y pide reformas legales

La concesi¨®n del tercer grado penitenciario a los ex polic¨ªas Jos¨¦ Amedo y Michel Dom¨ªnguez no ser¨¢ recurrida por el ministerio fiscal, al haberlo decidido as¨ª el fiscal general del Estado, Carlos Granados, tras consultar a la Junta de Fiscales de Sala del Tribunal Supremo, que se pronunci¨® en contra del recurso. Por un estrecho margen de tres votos, los fiscales apreciaron que la concesi¨®n del tercer grado no vulnera ning¨²n precepto legal, pero expresaron su preocupaci¨®n por el vigente sistema penitenciario, que "puede vaciar de contenido punitivo a las penas privativas de libertad". La decisi¨®n de la fiscal¨ªa refuerza la posici¨®n del ministro de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch, en su pr¨®xima comparecencia ante el Congreso.

Los fiscales del Supremo votaron nueve a seis en contra del recurso y Granados , como hab¨ªa adelantado, hizo suyo el acuerdo de la mayor¨ªa. Sin embargo, el contenido del acuerdo de la Junta y el estrecho margen de la votaci¨®n indican el malestar de los fiscales al no poder impugnar la semilibertad de los ex polic¨ªas, apenas dos semanas despu¨¦s de haberse opuesto al indulto. La Junta deja entrever que la concesi¨®n del tercer grado no ha gustado a los fiscales, pero, al no encontrar un resquicio solvente para impugnarla, han tenido que conformarse con proponer reformas que en adelante les permitan un mayor campo de actuaci¨®n en el ¨¢mbito penitenciario. Amedo y Dom¨ªnguez cuentan ya con v¨ªa libre para acudir a la prisi¨®n solamente a pernoctar, ya que la acusaci¨®n popular del caso Amedo, principal art¨ªfice de las condenas a los ex polic¨ªas, no tiene legitimaci¨®n activa para recurrir la decisi¨®n penitenciaria.

Tras dos horas de reuni¨®n, Granados dio lectura del acuerdo de la Junta de Fiscales en el que se explica que, en el marco normativo vigente, la resoluci¨®n administrativa del tercer grado "no puede ser combatida desde un punto de vista t¨¦cnico-jur¨ªdico, porque no se constata la vulneraci¨®n concreta de ning¨²n precepto del ordenaniento, ni de ning¨²n otro". "Un hipot¨¦tico recurso contra lo resuelto por el ¨®rgano competente de la Administraci¨®n penitenciaria no podr¨ªa fundarse en motivos de estricta legalidad, porque ¨¦sta no ha sido conculcada", a?aden.

No obstante, la Junta "expresa su preocupaci¨®n" por diversos aspectos del sistema vigente y se?ala que por diversos mecanismos de la. legislaci¨®n penitenciaria -en relaci¨®n con algunas disposiciones del C¨®digo Penal- se pueden vaciar de contenido punitivo las penas de prisi¨®n y pide "una profunda reflexi¨®n" a la vista del nuevo C¨®digo Penal y de una eventual reforma de la legislaci¨®n penitenciaria.

A?aden que si la potestad de ejecutar lo juzgado corresponde exclusivamente a los jueces y tribunales, "habr¨ªa que robustecer su protagonismo en materia penitenciaria, lo que aconseja una modificaci¨®n legislativa, que tenga presente tambi¨¦n la intervenci¨®n del ministerio fiscal, hoy desconocido por completo en la Ley General Penitenciaria". Los fiscales consideran "urgente" esta modificaci¨®n legislativa, que piden se extienda al procedimiento, ya que en la actualidad no se les notifican todas las resoluciones sobre clasificaci¨®n inicial o progresiones, o regresiones de grado de los presos.

La Secretar¨ªa de Estado de Asuntos Penitenciarios hizo p¨²blico ayer un comunicado en el que subraya que la decisi¨®n de los fiscales "evidencia" que la resoluci¨®n sobre Amedo y Dom¨ªnguez "se tom¨® en la estricta aplicaci¨®n de la legislaci¨®n penitenciaria" y constata "el normal funcionamiento de las instituciones del Estado".