Esterilizaci¨®n pol¨¦mica

LA ESTERILIZACI?N de los disminuidos ps¨ªquicos, recientemente declarada "no Contraria a la Constituci¨®n" por el Tribunal Constitucional, ha suscitado profundos reparos morales, dada la naturaleza de esta controvertida cuesti¨®n. Tambi¨¦n en aquellos que la contemplan como la medida m¨¢s razonable para las personas que no pueden prever ni asumir conscientemente las consecuencias de la procreaci¨®n.Como en todas las cuestiones que afectan a los derechos de la persona, el. dilema es determinar cu¨¢l de ellos debe prevalecer cuando las incompatibilidades son manifiestas. En el caso de los deficientes ps¨ªquicos, el derecho a su integridad f¨ªsica, el de su bienestar e integridad moral y el de posibles hijos engendrados en su actividad sexual.

Que la cuesti¨®n es delicada lo demuestra la divisi¨®n de opiniones manifestada al respecto en el propio Tribunal Constitucional. La sentencia, si bien mayoritaria a favor de la esterilizaci¨®n, ha tenido una fuerte contestaci¨®n en los votos particulares formulados por cuatro miembros del tribunal. El problema siempre se ha planteado. S¨®lo hace cinco a?os, los poderes p¨²blicos han tenido el coraje de afrontarlo mediante, la despenalizaci¨®n de la esterilizaci¨®n en la reforma del C¨®digo Penal de 1989. Los disminuidos ps¨ªquicos en Espa?a son casi 300.000; el 55% son adultos y el 75% de ¨¦stos est¨¢n internados en centros psiqui¨¢tricos. Por tanto, los problemas relacionados con la vida sexual de estas personas no s¨®lo les afectan a ellas de modo primordial, sino tambi¨¦n a un amplio entorno familiar y sanitario,

El hecho de que las familias est¨¦n obviamente involucradas en los problemas del desarrollo vital de sus hijos o parientes discapacitados ps¨ªquicos -vigilancia constante para evitar embarazos o asunci¨®n de responsabilidades por esta causa- ha provocado que algunos les acusen de promover la esterilizaci¨®n para su propia comodidad y tranquilidad. Tal acusaci¨®n es incorrecta e injusta, aunque hayan sido las familias y las asociaciones de deficientes ps¨ªquicos, conocedoras m¨¢s que nadie del problema, las que se han manifestado m¨¢s firmemente a favor de despenalizar la esterilizaci¨®n.

Como dice el Tribunal Constitucional, la esterilizaci¨®n no tiene, otra mira que "el inter¨¦s del incapaz", el favorecimiento de "sus condiciones de vida y bienestar" y el posibilitar el ejercicio de su sexualidad. Se trata de que no est¨¦ sometido a una vigilancia constante, que podr¨ªa resultar contraria a su dignidad humana.

Por lo dem¨¢s, es mejor que las familias puedan solicitar legalmente la esterilizaci¨®n de su! hijos subnormales a que busquen formas ilegales y clandestinas, como sucede en ocasiones. El precepto del C¨®digo Penal que ha sido declarado constitucional ofrece suficientes garant¨ªas frente a las iniciativas de car¨¢cter arbitrario. La "esterilizaci¨®n de persona incapaz que adolezca de grave deficiencia ps¨ªquica" s¨®lo ser¨¢ legalmente posible "cuando haya sido autorizada por el juez a petici¨®n del representante legal del incapaz, o¨ªdo el dictamen de dos especialistas, el ministerio fiscal y previa exploraci¨®n del incapaz".

Esta medida no puede ni debe sustituir el derecho de los disminuidos ps¨ªquicos a una planificaci¨®n familiar y al uso de los m¨¦todos habituales de anticoncepci¨®n. A partir de ah¨ª ser¨¢ m¨¢s f¨¢cil ayudarles a que tengan una educaci¨®n sexual sana y sin riesgos y a que disfruten de una sexualidad lo m¨¢s normal posible.