Niega la mayor

LA CONVOCATORIA de una reuni¨®n de las fuerzas comprometidas en los pactos antiterroristas de 1988 es la principal consecuencia de la comparecencia del ministro Belloch ante la comisi¨®n de Justicia e Interior del Congreso, con motivo de la concesi¨®n del tercer grado a los ex polic¨ªas Amedo y Dom¨ªnguez. Sectores de la oposici¨®n hab¨ªan expresado su sospecha de que el Gobierno estaba forzando medidas similares entre los presos de ETA a fin de subrayar el car¨¢cter no excepcional, pr¨¢cticamente obligado, de dicha concesi¨®n. El inoportuno desmelenamiento de Aznar, que puso en relaci¨®n los sangrientos atentados de la semana pasada con la supuesta manga ancha del Gobierno hacia los presos etarras, otorg¨® una dimensi¨®n nueva al asunto al revelar el peligro de quiebra del consenso antiterrorista plasmado en los pactos de Madrid y de Ajuria Enea.Belloch neg¨® la mayor: no ha habido cambios en la pol¨ªtica de reinserci¨®n; ni cuantitativa, ni cualitativamente. Si ello es as¨ª, y los datos que ofreci¨® el ministro no fueron rebatidos, el resto de la discusi¨®n sobrar¨ªa. Sin embargo, el debate mismo ha revelado que, al margen del hecho concreto, el consenso antiterrorista est¨¢ debilitado. Por una parte, es evidente que existen divergencias sobre la interpretaci¨®n del punto de los pactos antiterroristas relativo a la reinserci¨®n; por otra, el tono y los argumentos utilizados por la oposici¨®n conservadora y los medios hostiles al Gobierno con motivo de esa divergencia remite a los tiempos, anteriores a los pactos de 1988, en que ETA era capaz con sus atentados de dividir a las fuerzas democr¨¢ticas y obtener as¨ª un beneficio pol¨ªtico.

El Pacto de Ajuria Enea considera v¨¢lidas las v¨ªas de reinserci¨®n para los presos que abandonen la violencia. La reinserci¨®n est¨¢ inscrita en la Constituci¨®n, luego es un principio obligatorio. Pero es evidente que al incluir ese punto se hac¨ªa referencia a un conjunto de medidas m¨¢s amplio que las de aplicaci¨®n obligatoria en los t¨¦rminos de la ley penitenciaria: las que sirvieron, por ejemplo, para la excarcelaci¨®n de todos los miembros de la antigua ETA (Pol¨ªtico-militar) tras su renuncia a las armas, indultos incluidos. Tales medidas han venido siendo aplicadas luego en casos concretos; siempre con la abierta oposici¨®n del mundo de ?TA, para el que los presos constituyen la principal bandera y m¨¢s eficaz coartada sentimental.

Ese factor pol¨ªtico, m¨¢s la experiencia de que los etarras excarcelados no reinciden, ha sido un argumento en favor del mantenimiento de la reinserci¨®n como uno de los ejes de la pol¨ªtica antiterrorista. De todas formas, hace a?os que se viene sosteniendo -y no s¨®lo por parte del PP- que tal vez habr¨ªa que poner un l¨ªmite temporal a esa oferta de reinserci¨®n: para evitar cualquier sensaci¨®n de impunidad o relativizaci¨®n del efecto disuasorio de toda condena. Las divergencias sobre esa cuesti¨®n son leg¨ªtimas; pero no deber¨ªan bastar para romper el consenso b¨¢sico existente.

De hecho, los pactos de 1988, suscritos tambi¨¦n por el PP, fueron un intento de evitar que las l¨®gicas divergencias sobre la forma m¨¢s eficaz de acabar con el terrorismo se convirtieran en una baza pol¨ªtica de los propios terroristas. El pacto se basa en la proclamaci¨®n de una serie de principios f¨¢cilmente compartibles por todas las fuerzas democr¨¢ticas, y en el compromiso de renuncia a sacar ventajas pol¨ªticas de los efectos de la violencia. Ello implica, por una parte, conceder un margen de confianza al Gobierno para la direcci¨®n de la lucha antiterrorista, siempre que se plantee en ese marco de principios democr¨¢ticos; por otra, el compromiso de informaci¨®n a los firmantes por parte del Gobierno.

El diputado, popular Federico Trillo denunci¨® ayer que su partido no hab¨ªa sido informado nunca de las excarcelaciones de miembros de ETA. Es discutible que cada caso deba ser consultado, pero, en la medida en que existen divergencias sobre el asunto, esa informaci¨®n habr¨ªa sido conveniente. La reuni¨®n prevista para septiembre deber¨ªa servir para aclarar ¨¦sa y otras cuestiones. Entretanto, la actitud de Belloch de rehuir expresamente el enfrentamiento y reclamar la recomposici¨®n de la unidad b¨¢sica de los dem¨®cratas revela una gran dosis de responsabilidad.

En respuesta al diputado Romero, de IU, respecto al tercer grado de Amedo y Dom¨ªnguez, Belloch record¨® que alguno lleva a?os equivoc¨¢ndose en sus pron¨®sticos: que no los detendr¨ªan, que no los juzgar¨ªan, que no los condenar¨ªan, que la pena ser¨ªa modificada, que los indultar¨ªan. No dijo que fue ¨¦l quien se opuso a que prosperase un indulto que se encontr¨® sobre la mesa; la sesi¨®n de ayer, tras la resoluci¨®n de la junta de fiscales, confirm¨® su acierto al elegir esa otra v¨ªa del tercer grado, que al menos no sienta un grave precedente.