Un fiscal del 'caso Atocha' destapa supuestas estafas por 2.000 millones
El caso Atocha a¨²n depara sorpresas con olor a delito. Diecis¨¦is grandes firmas de leasing, entre ellas el BBV, Barclays, Ibercorp y Mapfre, fueron presuntamente estafadas por la empresa Construcciones Atocha, conocida por su involucraci¨®n en otro esc¨¢ndalo de adjudicaciones irregulares en el que figuran como acusados tres funcionarios de la Administraci¨®n aut¨®noma controlada por el PSOE. El monto de las supuestas estafas, perpetradas entre 1988 y 1991 mediante una compleja trama de empresas interpuestas, se cifra en tomo a los 2.000 millones de pesetas.As¨ª consta en una querella de la Fiscal¨ªa de Madrid que solicita la prisi¨®n, eludible mediante fianza, para Jos¨¦ y Felipe Rey Pati?o, Dionisio Silla, Jes¨²s Gallego, y Gustavo Mart¨ªnez San tos, todos ellos miembros del consejo de administraci¨®n de la constructora, que suspendi¨® pagos en junio de 1991.
Seg¨²n el relato fiscal, la mec¨¢nica de las supuestas estafas era a grandes rasgos la siguiente: un directivo de Atocha propon¨ªa a una empresa de leasing que comprase a una tercera firma un detemirnado material que necesitaba la constructora, pero que te¨®ricamente no pod¨ªa pagar en ese momento. La constructora recib¨ªa el material y se compromet¨ªa a pag¨¢rselo a plazos a la empresa de leasing. Atocha presentaba una factura emitida por la firma vendedora en la que constaba el coste del material y la entidad de leasing la abonaba.
Hasta aqu¨ª, todo impecable. Pero el fiscal sostiene que, por un lado, la firma que vend¨ªa el material era en realidad una sociedad controlada por Atocha, con lo que el dinero de la compra iba a parar a manos de la constructora, y, por otro, que el material no exist¨ªa: la factura era falsa y la financiaci¨®n de la compra fraudulenta. Con este proceder Atocha pudo obtener, seg¨²n el fiscal, hasta 2.000 millones de pesetas.
La imagen de solvencia de Atocha -conseguida gracias a sus florecientes contratos con la Administraci¨®n-, la convicci¨®n de que las facturas eran reales, es decir, que realmente se vend¨ªa algo, y la falsa creencia en que la empresa vendedora y la arrendataria eran distintas facilitaban el supuesto fraude.
Esta ramificaci¨®n del caso Atocha puede aportar nuevas claves a una compleja trama que en su historia ha salpicado al Ejecutivo de Joaqu¨ªn Leguina. Si este modo de proceder se demuestra, quiz¨¢ podr¨ªa explicar tambi¨¦n por qu¨¦ los tres funcionarios de la Comunidad implicados en el citado esc¨¢ndalo no llegaron a ver nunca los materiales cuyo pago -72 millones de pesetas- ordenaron.
PASA A LA P?GINA 3
Atocha teji¨® una red de 'tapaderas' para financiarse, seg¨²n el fiscal
VIENE DE LA P?GINA 1
El caso en el que est¨¢n implicados los funcionarios de la Comunidad de Madrid surgi¨® a ra¨ªz de una serie de denuncias presentadas en 1992 por el PP. La formaci¨®n de Ruiz Gallard¨®n acus¨® entonces al Gobierno aut¨®nomo de haber adjudicado irregularmente entre 1988 y 1991 obras por valor de 4.000 millones a Construcciones Atocha. La fiscal¨ªa finalmente ha exculpado al Gobierno regional, aunque ha mantenido la acusaci¨®n contra tres empleados de la Comunidad.
Pero ahora, estrechando el cerco, el ministerio p¨²blico se ha centrado en las relaciones de Atocha con el capital privado. Esta nueva investigaci¨®n, realizada por el fiscal Salvador Viada, concluye que la constructora teji¨® una urdimbre de empresas instrumentales, entre las que se cita a Ingetubo, Ramos Hidalgo, Mantemosa, AV 36, COYDECO, CGEMESA. Algunas de estas firmas manten¨ªan una vida propia -como Ingetubo, a¨²n en activo y controlada por Felipe Rey- y otras serv¨ªan de cobertura para pelotear letras, sumarse a los concursos p¨²blicos y, sobre todo, "enga?ar a las empresas de leasing". A este entramado a?ade el fiscal dos firmas sospechosas de expedir facturas falsas -Traidamen y Comercial Yemi- Junto a las empresas instrumentales, la estafa ten¨ªa por protagonista, seg¨²n la reconstrucci¨®n del ministerio p¨²blico, a un representante de Atocha, generalmente el consejero delegado Jos¨¦ Rey Pati?o, que era quien ofrec¨ªa a la compa?¨ªa de leasing la operaci¨®n de arrendamiento financiero.
Alcance del caso
En manos de los supuestos estafadores, el fiscal considera que han podido caer todas estas empresas: Arfi, Ban Leasing, Barclays, BBV, Consorcio Nacional de Leasing, Ecofinance, Finamersa, Ibercorp, Infoleasing, Interleasing, Lico Leasing, Mapfre Leasing, Marleasing, Mutuactivos, Unileasing y Uniterleasing. De todas estas entidades solicita que aporten las facturas que conserven de sus tratos con Atocha.
Una petici¨®n con la que se pretende delimitar el verdadero alcance del caso. Hasta la fecha, las cantidades presuntamente estafadas por Atocha -sin contar el resto de las empresas del grupo- han sido cifradas en 2.000 millones de pesetas por el administrador judicial de la suspensi¨®n de pagos.
Como ejemplo de la "confianza" que presuntamente mostraba la c¨²pula de Atocha en su sistema de financiaci¨®n, el fiscal Viada saca a colaci¨®n una operaci¨®n cerrada el 3 de abril de 1990. Ese d¨ªa firm¨® con la compa?¨ªa Leaseplan la contrataci¨®n del arrendamiento financiero de una maquinaria que la entidad Traidamen [sociedad fantasma, controlada por un implicado en un caso de emisi¨®n de facturas falsas] vend¨ªa por m¨¢s de 23 millones de pesetas. Seg¨²n el fiscal, ese mismo d¨ªa Atocha, con la misma factura, concert¨® otra operaci¨®n con Barclays Leasing.
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