Bueren estudia sentar en el banquillo a antiguos funcionarios de UCD por el caso del aceite de colza

El juez de la Audiencia Nacional Carlos Bueren tiene previsto pronunciarse esta semana sobre la apertura de juicio oral a ocho ex altos cargos de la Administraci¨®n de Uni¨®n de Centro Democr¨¢tico (UCD) que pudieran haber tenido supuestas responsabilidades en la masiva intoxicaci¨®n con aceite de colza t¨®xico en 1981, seg¨²n fuentes de la Audiencia Nacional. El juez decidir¨¢ si sienta en el banquillo a ocho ex altos cargos -como ya intent¨® en dos ocasiones anteriores o si decreta el sobreseimiento, como han pedido el fiscal y el abogado del Estado. Desde el pasado febrero en que qued¨® concluido el sumario, las acusaciones han pedido que fuesen llevados a juicio ocho ex altos cargos de la extinta UCD. Las penas que solicitan, por presuntos delitos contra la salud p¨²blica y de imprudencia temeraria profesional, llegan en alg¨²n caso a los ocho a?os de prisi¨®n.

Pero adem¨¢s de las condenas, las acusaciones reclaman que el Estado, domo responsable civil subsidiario, se haga cargo de las indemnizaciones por los 600 fallecidos y los 23.000 afectados a raz¨®n de 15 millones por fallecido y hasta 90 millones para cada uno de los afectados en situaci¨®n de gran invalidez. De abrirse el juicio y recaer alguna condena, el Estado deber¨ªa hacer frente a estas indemnizaciones, que los acusadores cuantifican en medio bill¨®n de pesetas.

El ministerio fiscal, por su parte, ha pedido el sobreseimiento al entender que el envenenamiento masivo por aceite de colza es reprochable exclusivamente a sus autores, los aceiteros, y no puede ampliarse a personas "que para nada han intervenido en su manipulaci¨®n y venta". La Viscal¨ªa entiende que las conductas de los ex altos cargos no pueden tipificarse como delito y a?ade que los afectados pueden ejercitar otro tipo de acciones ante los tribunales en demanda de sus derechos. Fuentes de la fiscal¨ªa precisaron que los afectados pueden reclamar sus indemnizaciones en v¨ªa contenciosa, por mal funcionamiento de los servicios p¨²blicos, en vez de buscar la condena de unos cargos administrativos como requisito que les permita acceder a las indemnizaciones.