Un suspenso

En la tarde de ayer, poco despu¨¦s de la junta de accionistas de Banesto, cuando sus abogados -estuvieron presentes Mariano G¨®mez de Lia?o y Fernando S¨¢nchez Calero- le informaron, por tel¨¦fono, de algunos detalles como la reprobaci¨®n de la gesti¨®n de 1993, el ex presidente, Mario Conde, respondi¨® muy escuetamente: "Est¨¢ bien, ya impugnaremos. El 14 de septiembre presento mi libro. All¨ª est¨¢ todo muy clarito... ".El nombre de Conde se oy¨® rugir en varias ocasiones ayer. Un indicador fue la cantidad de veces que su nombre fue gritado, pero otro, no menos importante, es la manera en que mucha gente decidi¨® votar. Como la propuesta de censura de su gesti¨®n iba en el mismo punto, el primero, que la aprobaci¨®n de las cuentas y el informe de gesti¨®n de 1993, presentadas por Alfredo S¨¢enz y su equipo, 3.436 votos decidieron reprobar la gesti¨®n de Conde al tiempo que la cuentas, cuyas p¨¦rdidas ascendieron a 577.923 millones de pesetas.

En otros t¨¦rminos, mucha gente decidi¨® que era bueno rechazarlo todo para que, usando la expresi¨®n de Conde, quedara clarito que la gesti¨®n era tan reprobable como las cuentas a las que dio lugar. Esta tozudez es saludable aunque se le escape el matiz de que las cuentas presentadas han sido elaboradas por los interventores y, desde ayer, administradores estables de Banesto.

A falta de una puntualizaci¨®n de sus abogados G¨®mez de Lia?o y S¨¢nchez Calero en la junta de ayer, habr¨¢ que esperar el libro de Conde para conocer sus presuntas revelaciones sobre El Sistema como responsable de la intervenci¨®n del 28 de diciembre de 1993. Pero las nuevas cifras ofrecidas ayer en la informaci¨®n ratifican la situaci¨®n sin salida a la que hab¨ªa conducido Conde a Banesto a finales de 1993.El lector puede irse a la p¨¢gina n¨²mero 38 del informe anual, y leer la nota 8 de la memoria del balance del banco y de su grupo consolidado, referida a los cr¨¦ditos sobre clientes. All¨ª, bajo la r¨²brica de activos dudosos aparecen, en el Grupo Consolidado, 257.399 millones de pesetas en el ejercicio 1992, cifra que fue proporcionada en su d¨ªa por Conde y su consejo. Pues, en 1993, el dato es de 898.130 millones de pesetas. Las cifras de activos dudosos referidas al banco estaban ya en el informe a la junta del 26 de marzo de 1994, pero no as¨ª la cifra del grupo consolidado, que supone 147.000 millones de pesetas m¨¢s que los 751.337 millones correspondientes a activos dudosos del banco. Tanto esta cifra como la existencia de activos improductivos, es decir de pr¨¦stamos que no generan intereses o son malos para el banco, cosa que ayer record¨® en una de sus respuestas S¨¢enz, est¨¢n en la base del estallido de la gesti¨®n de Conde y su equipo, que fue acumul¨¢ndose a lo largo de seis a?os. La parte m¨¢s penosa de la velada de ayer fue, por as¨ª llamarla, la judicial. S¨¢enz tuvo que informar que no hab¨ªa novedades en la demanda de acci¨®n social de responsabilidad presentada el 22 de abril de 1993, ya que estaba en la fase de traslado a los acusados porque a algunos de ellos -son los casos de Roberto G. Mendoza, de J. P. Morgan, que reside en Estados Unidos, y Mois¨¦s Cos¨ªo, accionista residente en M¨¦xico- hubo que localizarles fuera de Espa?a.

Sin embargo, el actual presidente de Banesto no intent¨® quitar hierro a los problemas jur¨ªdicos pendientes. Eso fue evidente cuando subray¨® que la demanda de Carlisle Ventures, filial de la aseguradora norteamericana Northwestern, contra Banesto por informaci¨®n falsa y enga?osa, transmitida a trav¨¦s de J.P. Morgan en la ampliaci¨®n de capital del segundo trimestre de 1993, era muy importante.

Con todo, todav¨ªa hay tela que cortar. Las operaciones especiales, entre ellas algunas en las que el Banco de Espa?a considera que Mario Conde incurri¨® en presuntos actos fraudulentos, pueden a?adir nuevas p¨¦rdidas al banco. Tanto el equipo de S¨¢enz como tambi¨¦n, ?aleluya!, los colaboradores del fiscal general Carlos Granados, cada uno por separado, profundizan en esas operaciones en busca de m¨¢s p¨¦rdidas o detalles, respectivamente, para adoptar una decisi¨®n sobre la querella criminal del Estado.