Libre competencia discutible

En septiembre del pasado a?o, el Ministerio de Transportes pidi¨® al Tribunal de la Competencia que investigara a las compa?¨ªas petroleras espa?olas por pr¨¢cticas restrictivas a la competencia (EL PMS, 129-93). La decisi¨®n cay¨® como una bomba en el seno mismo del Gobierno, con enfrentamientos entre distintos departamentos, ya que por primera vez un organismo oficial hac¨ªa causa com¨²n con las acusaciones vertidas por las multinacionales del sector y por los transportistas, que tambi¨¦n llegaron a presentar un recurso.Casi un a?o despu¨¦s, no ha habido ninguna decisi¨®n. Pero las acusaciones de entonces siguen valiendo ahora: los precios de venta al p¨²blico (PVP) en la gasolineras son pr¨¢cticamente id¨¦nticos aunque vendan distintos operadores, los PVP han dejado de tener margen respecto a los precios m¨¢ximos autorizados hasta llegar a coincidir, existen grandes empresas de transporte que obtienen descuentos de hasta el 25%, y hay indicios de repartos territoriales entre las empresas distribuidoras en algunos productos de venta al por mayor, como fuel¨®leo y gas¨®leo.

Hay mucha tela que cortar en este sector, pero las sospechas de pr¨¢cticas colusorias tienen suficiente fundamento. Los datos son tozudos. Si se observa, centr¨¢ndonos ¨²nicamente en los precios de las gasolineras, la evoluci¨®n desde principios de 1993 -cuando se liberaliz¨® el sector y las empresas empezaron a fijar sus precios-, ¨¦stos son pr¨¢cticamente iguales que los m¨¢ximos autorizados, con diferencias rara vez superiores a los 20 c¨¦ntimos. Adem¨¢s, hay coincidencia entre los distintos operadores. Los precios los fijan las empresas distribuidoras y ese margen se ha quedado reducido a la nada. El resultado fue que, a lo largo de todo el a?o pasado, los consumidores pagaron unos 25.000 millones de pesetas m¨¢s que en 1992 por la misma cantidad de litros, y ello dejando al margen la subida de cinco pesetas del impuesto, en agosto de 1993.

Las empresas espa?olas (Repsol, CEPSA y BP Oil) siempre han negado que se pongan de acuerdo. Aducen que los precios responden a que tienen que rentabilizar sus inversiones, y se refugian en el alza de los precios del crudo y en el mantenimiento de un d¨®lar alto (factores fundamentales a la hora de fijar los precios m¨¢ximos). Este a?o, las empresas no se pueden quejar, precisamente, de que les vayan mal los resultados. Las compa?¨ªas, incluso, han llegado a pedir, aunque no oficialmente, que se suprima, el sistema, de precios m¨¢ximos para poder fijar los precios con total libertad. El caso es que el consumidor no llega a entender que liberalizaci¨®n haya significado encarecimiento en contra de la doctrina predicada: a m¨¢s liberalizaci¨®n, m¨¢s competencia. Y a m¨¢s competencia mayores posibilidades de elegir y de comprar m¨¢s barato.

En Espa?a, en cualquier caso, los precios de los carburantes siguen siendo de los m¨¢s baratos de la UE. El consumidor paga en Espa?a menos por impuestos (60,50 pesetas en gasolinas y 37,50 en gas¨®leo m¨¢s el 15% de IVA) que en el resto de la Uni¨®n. Queda margen, incluso, para una nueva subida del impuesto especial, no descartada por el Gobierno.