Uruguay vota en refer¨¦ndum la reforma constitucional

Todav¨ªa en la d¨¦cada de los treinta, los grandes estancieros uruguayos ejerc¨ªan sobre los individuos o familias colocados bajo su protecci¨®n funciones de justicia propias del poder civil, y cuenta el soci¨®logo Aldo Solari que hubo hacendados tratando de mantener como asunto puramente privado o local el asesinato de una persona.. Ayer, soltando nuevas amarras de aquel pasado caudillista, se vot¨® en plebiscito la modernizaci¨®n de la Constituci¨®n nacional, con la reforma de la ley electoral como punto fundamental sobre el que tendr¨¢n que decidirse 2,2 millones de uruguayos.La ley en vigor impone listas cerradas para la elecci¨®n de candidatos a todos los cargos p¨²blicos, por lo que quien vota al presidente del Gobierno apoya tambi¨¦n, qui¨¦ralo o no, a parlamentarios, intendentes (alcaldes) y presidentes de departamentos, incluidos en una lista de partido.

Previamente al plebiscito, con el visto bueno de los dos tercios del total de miembros de la C¨¢mara de Diputados y Senadores, se aprob¨® una ley constitucional que, de ser ratificada en la consulta, separar¨¢ los comicios nacionales de los municipales. En las elecciones presidenciales del 29 de noviembre, la renovaci¨®n de los cargos se efectuar¨¢ con el nuevo sistema. Podr¨¢ elegirse, por un lado, a los candidatos a la presidencia, vicepresidencia, C¨¢mara de Diputados y Senado, y, por otro, a quienes opten por las intendencias y presidencias de las 19 juntas departamentales. Se establece el llamado voto cruzado entre aspirantes de distintos partidos.

Cuando fue anunciado el plesbiscito se dio por seguro el triunfo abrumador del s¨ª, refrendo que hoy no parece tan seguro al incidir los detractores de la reforma en aquellos aspectos considerados negativos o de confusa redacci¨®n. Adem¨¢s de someterse a sanci¨®n la reforma de la ley electoral, se aborda tambi¨¦n la modificaci¨®n de otros art¨ªculos constitucionales que afectan al funcionamiento del estatal Banco de Previsi¨®n Social y alteran el car¨¢cter de otras prestaciones.

Privatizaci¨®n conflictiva

Tambi¨¦n se despeja el camino hacia una posible privatizaci¨®n de la Seguridad Social, reformada en 1989 y deficitaria en 150 millones de d¨®lares (19.500 millones de pesetas). Diversas asociaciones de jubilados -medio mill¨®n de personas- anticiparon que votar¨¢n no, temiendo que sus representados resulten perjudicados. El rechazo de la reforma agrupa al 22% del censo, seg¨²n el ¨²ltimo muestreo de opini¨®n, y los indecisos suman el 30%. La emisi¨®n del sufragio es obligatoria, y aquellos ciudadanos que se abstengan sin fundamentar la ausencia ser¨¢n sancionados con multas de hasta 3.000 pesetas. Los cambios quedar¨¢n aprobados si se consigue la mayor¨ªa absoluta.La reforma constitucional fue propuesta por las principales fuerzas pol¨ªticas con representaci¨®n parlamentaria, entre ellas el Partido Blanco, cuya Corriente Herrerista gobierna y sufre peligro de escisi¨®n; el Partido Colorado, hist¨®ricamente dominante, y los grupos de la izquierda agrupados en el Frente Amplio, algunos de cuyos miembros se escoraron ¨²ltimamente hacia el no. El Foro Batllista, de tendencia socialdem¨®crata, mayoritario dentro del Partido Colorado, liderado por el ex presidente Julio Sanguinetti, candidato al cargo en los comicios de noviembre, promovi¨® sin ¨¦xito una reforma m¨¢s amplia. De todas formas, la reforma es apoyada por los ocho aspirantes a la presidencia de Uruguay.

Daniel Gianelli, analista de la revista B¨²squeda, piensa que, pese a este alto grado de coincidencia en la c¨²pula pol¨ªtica, no se observa una corriente de opini¨®n de tales caracter¨ªsticas, y un importante sector social reclama m¨¢s datos sobre el alcance de la reforma constitucional. "En tal clima de desinformaci¨®n, escepticismo y desconfianza, llama la atenci¨®n que mucha gente se muestre propensa a desconfiar de los pol¨ªticos cuando niegan haberse asegurado en la reforma nuevos privilegios o haber incluido secretamente en ella trampas contra la ciudadan¨ªa".