Bueren abre la v¨ªa para que Estado pague medio bill¨®n a las v¨ªctimas de la colza
M¨¢s de 13 a?os ha necesitado la justicia para encontrar responsables pol¨ªticos en la intoxicaci¨®n por aceite de colza que afect¨® en 1981 a m¨¢s de 23.000 espa?oles, unos 600 de los cuales fallecieron por ese motivo. El juez de la Audiencia Nacional Carlos Bueren decidi¨® ayer abrir juicio oral a siete ex cargos del Gobierno de UCD por "los supuestos delitos de imprudencia temeraria y delito contra la salud p¨²blica con resultado de muerte y lesiones" y ha declarado al Estado responsable civil subsidiario de unas indenmizaciones que los acusadores calculan en medio bill¨®n de pesetas.
El juez Bueren, que ha decretado la libertad provisional de los siete acusados y ha denegado la apertura de juicio oral contra otros 11 ex funcionarios y cargos pol¨ªticos, ha fijado la responsabilidad civil a raz¨®n de 15 millones de pesetas por fallecimiento, 15.000 pesetas por cada d¨ªa de lesi¨®n de cada afectado, 90 millones por gran invalidez, y 70 millones por incapacidad absoluta.Bueren, quien ya hab¨ªa intentado en dos ocasiones anteriores llevar al banquillo a los ex cargos centristas, empez¨® a tramitar el pasado 9 de febrero los escritos aportados por las acusaciones particulares y popular. Mientras, el ministerio fiscal solicit¨® el sobreseimiento de la causa, por entender que los ¨²nicos responsables son los aceiteros condenados en su d¨ªa, a quienes el Tribunal Supremo cuadruplic¨® las penas en abril de 1992. Cuatro de ellos cumplen a¨²n condena.
La resoluci¨®n hecha p¨²blica ayer distingue cuatro etapas en cuanto a la participaci¨®n de los cargos ahora acusados. Una primera es la de las autorizaciones para utilizar anilina como desnaturalizante del aceite de colza, etapa en la que el juez estima responsable por acci¨®n u omisi¨®n a Manuel Hern¨¢ndez Bola?os, jefe del Laboratorio Central de la Direcci¨®n General de Aduanas.
Una segunda etapa es la relativa a la falta de atenci¨®n y control sobre las licencias de importaci¨®n de aceite de colza "y el notabil¨ªsimo incremento de las importaciones de tal producto, que debi¨® hacer ver a los responsables de la Administraci¨®n", explica el juez, "la falsedad del destino aparente y consignado en las licencias (uso industrial), respecto al destino real (consumo de boca)". Las actuaciones de Jos¨¦ Guill¨® Fern¨¢ndez, director general de Competencia y Consumo, y Federico Povedano Alonso, jefe de la Secci¨®n de Importaci¨®n de Productos Agr¨ªcolas y Transformados, las estima el juez "insuficientes e ineficaces para detectar el desv¨ªo al consumo de boca del aceite de colza".
Control negligente
En la tercera etapa, la del "negligente control de las empresas aceiteras y en concreto de Raelca y Ole¨ªcola Toledana, SA", el juez Bueren ve indicios de responsabilidad penal en Antonio Bardon Artacho, jefe del Servicio contra Fraudes de la Direcci¨®n General de Industrias Agropecuarias del Ministerio de Agricultura.
Por ¨²ltimo, en cuanto a la cuarta etapa, la de negligencia respecto a la venta de aceite t¨®xico en Alcorc¨®n, as¨ª como en mercadillos, casas, calles y venta ambulante, el juez Bueren aprecia responsabilidad penal en Casimiro Palacios Rodr¨ªguez, concejal de Sanidad de dicho Ayuntamiento; Miguel Casado Palomero, concejal de Sanidad del Ayuntamiento de Valladolid, y Roberto Conty Larraz, subdirector general de Alimentaci¨®n en la fecha de los hechos.
A pesar de las acusaciones formuladas contra ellos, el juez Carlos Bueren deniega la apertura de juicio oral contra otros 11 ex cargos y funcionarios de la Administraci¨®n de UCI). Se trata de Jos¨¦ Luis Garc¨ªa Ferrero, subsecretario del Ministerio de Econom¨ªa; Jos¨¦ Manuel Rodr¨ªguez Moh¨ªna, director general de Industrias Agrarias; Agust¨ªn Hidalgo de Quintana, secretario de Estado para el Comercio; Guillermo Tena N¨²?ez, director del Instituto Nacional de Toxicolog¨ªa; Luis Ca?ada Royo, subdirector general de Programas de Salud; Antonio Rua de Benit, director general de Aduanas; Luis S¨¢nchez-Harguindey Pimentel, secretario de Estado de Sanidad, y Luis Valenciano Clavel, director general de Salud P¨²blica. Tampoco se sentar¨¢n en el banquillo tres concejales acusados: dos del Ayuntamiento de Madrid -Jos¨¦ Mar¨ªa Santos Guede, delegado del Servicio de Sanidad y Asistencia Social, y Eulogio Malo Mur, de Abastos y Mercados- y otro de Valladolid -Julio P¨¦rez Cabello, concejal de Mercados y Abastos
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