Reflexiones para una negociaci¨®n

El pasado 31 de mayo de 1994 se constituy¨® entre el Gobierno y los sindicatos la mesa de negociaci¨®n sobre la reforma del PER y el Plan Especial de Zonas Rurales Deprimidas, d¨¢ndose as¨ª respuesta tanto a la petici¨®n de los sindicatos como al informe aprobado por el pleno del Parlamento el d¨ªa 19 de mayo.El objetivo de este art¨ªculo es reflexionar sobre lo que ha supuesto, despu¨¦s de 10 a?os de funcionamiento, este sistema de protecci¨®n al desempleo para los trabajadores eventuales agrarios de Andaluc¨ªa

Extremadura, las carencias y perversiones puestas de manifiesto y, por tanto, las l¨ªneas de reforma necesarias para consolidarlo y adaptarlo a la realidad, corrigiendo sus defectos.

Conviene, por tanto, en primer lugar, resaltar lo que el Parlamento pone de manifiesto:

1. Que sigue siendo necesaria la existencia de un sistema de protecci¨®n espec¨ªfico para los trabajadores eventuales agrarios de Andaluc¨ªa y Extremadura.

2. Que el mismo ha tenido efectos sociales y econ¨®micos que merecen una valoraci¨®n muy positiva: ha contribuido a la reanimaci¨®n del cielo econ¨®mico. Ha contribuido decisivamente a fijar la poblaci¨®n al territorio. Se han mejorado las infraestructuras y la calidad de vida de la poblaci¨®n. Ha supuesto un elemento de protecci¨®n adicional que ha conseguido aproximar las tasas de cobertura al desempleo de Andaluc¨ªa y Extremadura a la media nacional.

3. Que no existe fraude generalizado. Yo a?adir¨ªa que este sistema est¨¢ sometido a cinco veces m¨¢s controles que cualquier otro sistema de protecci¨®n (90.000 controles en 1993, 130.000 previstos para 1994, con un nivel de irregularidades detectado del 7%, del que s¨®lo 1/3 son fraude).

4. Que el sistema puede y debe ser mejorado y realiza una serie de propuestas, entre las que destaca el "definir un procedimiento de acceso al sistema que ajuste los requisitos exigidos con car¨¢cter general a cada realidad comarcal".

A estas consideraciones del Parlamento habr¨ªa que a?adir algunas m¨¢s:

5. El PER es una conquista de los trabajadores del campo, que sin lugar a dudas hay que mejorar, pero tan importante para la dignidad de m¨¢s de 250.000 trabajadores que nos obliga a cuidarlo con mimo, a defenderlo.

Este sistema, que en 1984 sustituy¨®, con el acuerdo de UGT y, posteriormente, de CC 00, al viejo y denigrante Empleo Comunitario, est¨¢ siendo atacado sin piedad de forma permanente y sistem¨¢tica. El objetivo es acabar con un sistema que, a pesar de sus defectos, ha conseguido un m¨ªnimo de dignidad para miles de trabajadores. Cuanto m¨¢s desprotegidos est¨¦n los trabajadores del campo, m¨¢s obligados estar¨¢n a aceptar las condiciones de trabajo que imponga el patr¨®n, piensan algunos ilustres de la caverna.

Para ello no dudan en insultarlos y ofenderlos, relacionando el subsidio con el "voto cautivo", algo que, adem¨¢s de indignaci¨®n, me produce escalofr¨ªos por las connotaciones fascistas que semejante razonamiento tiene.

6. El PER es barato, muy barato. El coste medi¨® por subsidio agrario en 1993 era de 449.907 pesetas (t¨¦ngase en cuenta que los mayores de 52 a?os disfrutan de mayor protecci¨®n, lo cual eleva la media y que el trabajador de vuelve al Estado en forma de cotizaci¨®n a la Seguridad Social algo m¨¢s de 100.000 pesetas/a?o), mientas que el coste medio por parado en Espa?a es de 863.439 pesetas).

La evoluci¨®n del gasto aplicado al subsidio ha sido significativamente menor a la del resto del sistema de protecci¨®n por desempleo. En el periodo 1984-1993 el incremento medio interanual del subsidio fue del 15,4% (de 42.130 millones a 100.745 millones) y la del resto del sistema del 29,6% (de 579.836 millones a 2.123.603 millones). A partir de 1990, como consecuencia de la reforma llevada a cabo de acuerdo con los sindicatos, el incremento interanual se ha reducido del 25% en el periodo 1984-1990 al 1,9% a partir de 1990. Estos datos, adem¨¢s de poner de manifiesto la corresponsabilidad de los sindicatos en preservar y proteger el sistema, demuestran, en contra de la opini¨®n extendida de que el "Sur vive del Norte", que a pesar del subsidio agrario la protecci¨®n al desempleo es 12 puntos inferior en Andaluc¨ªa y Extremadura que en el resto del pa¨ªs y ha crecido notablemente menos que la del resto de Espa?a, 24,4% anual frente al 30%, lo que ha agravado, en 1993, las diferencias existentes en 1984. En ese mismo a?o, 1993, se dedicaron en protecci¨®n al desempleo en Andaluc¨ªa y Extremadura 760.733 pesetas por parado; en el resto de Europa, sin embargo, fueron 863.439 pesetas. En 1984 el Subsidio Agrario representaba casi la mitad de toda la cobertura al desempleo de Andaluc¨ªa y Extremadura, en 1993 represent¨® la s¨¦ptima parte de esa cobertura.

Despu¨¦s de este an¨¢lisis conviene ahora reflexionar sobre las perversiones y carencias del sistema y sus posibles soluciones.

En relaci¨®n con las 60 peonadas, tanto el Parlamento como el Gobierno, as¨ª como un estudio encargado por el Ejecutivo a petici¨®n de los sindicatos, para evaluar el volumen de trabajo que genera la agricultura en Andaluc¨ªa y Extremadura, ponen de manifiesto algo que los sindicatos venimos diciendo hace algunos a?os: en muchas zonas del territorio andaluz y extreme?o es muy dificil conseguir las 60 peonadas, sencillamente porque la agricultura, y cada vez menos, no las genera. En una parte importante del territorio es incluso incapaz de generar 10 o 15 jornales de media.

Ante esta realidad hemos propuesto al Gobierno que reduzca el n¨²mero de jornales necesarios para acceder al subsidio mediante una de las dos f¨®rmulas siguientes:

a) Una reducci¨®n generalizada y uniforme para Andaluc¨ªa y Extremadura.

b) Una reducci¨®n generalizada y adaptada a la realidad de cada zona agr¨ªcola (escala m¨®vil), f¨®rmula esta por la que se inclina el Parlamento.

Se trata, en ambos casos, de adaptar el requisito a la realidad.

Ahora bien, una cosa es adaptar el sistema a la realidad y otra bien distinta eliminar totalmente las 60 peonadas, algo que no compartimos los que desde su nacimiento hemos luchado y seguimos haci¨¦ndolo por este sistema.

Esta medida supondr¨ªa:

-Despojar al sistema del elemento que lo caracteriza y distingue como un sistema de protecci¨®n al desempleo dirigido exclusivamente a los trabajadores eventuales agrarios y que incluso permite, y as¨ª tiene que ser para no obstaculizar el empleo espor¨¢dico o eventual de corta duraci¨®n, compatibilizar el cobro del subsidio con un trabajo eventual, eso s¨ª, con la obligaci¨®n del trabajador de declararlo con posterioridad.

-Convertir al sistema en un salario social cualquiera, no vinculado al trabajo agrario y donde todo el mundo podr¨ªa entrar. A corto plazo, en mi opini¨®n, se producir¨ªa un aumento espectacular tanto del n¨²mero de beneficiarios como del gasto, el caldo de cultivo ideal para que a las numerosas voces que claman por su supresi¨®n se les sumaran otras nuevas. Voces que cuestionan el incipiente Estado de bienestar; voces, por qu¨¦ no decirlo, que ya han conseguido aunque sea injusto, erosionar la imagen p¨²blica del subsidio.

-Podr¨ªa producir importantes distorsiones en el mercado de trabajo en el campo y lo que es peor, "no faltar¨ªan intentos de restringir el acceso al subsidio endureciendo el acceso y permanencia en el R¨¦gimen Especial Agrario, tal y como propone la derecha, con efectos nefastos para muchas futuras pensiones".

Y por ¨²ltimo, "abrirles la puerta de par en par a los j¨®venes para que se enganchen sin dificultad alguna al subsidio desde los 16 a?os har¨ªa que muchos de ellos, que en la actualidad se esfuerzan por buscar otras alternativas, optaran por lo m¨¢s f¨¢cil". Semejante irresponsabilidad no nos la podemos permitir.

Estamos, por tanto, ante una de esas propuestas ultraizquierdistas que, pretendi¨¦ndolo o no, podr¨ªa acabar con el sistema.

Para la otra gran perversi¨®n del sistema, "no incentiva el trabajo", los sindicatos hemos propuesto introducir el derecho al "desempleo contributivo" para todos los trabajadores del campo de Espa?a, incluidos los de Andaluc¨ªa y Extremadura, como f¨®rmula ideal para incentivar y premiar el mayor trabajo.

En Andaluc¨ªa y Extremadura operar¨ªan as¨ª dos sistemas de protecci¨®n: Uno, el actual subsidio reformado que operar¨ªa como suelo y garant¨ªa de protecci¨®n para los que trabajen menos; otro, de car¨¢cter general, de parecidas caracter¨ªsticas al r¨¦gimen general, para aquellos que m¨¢s trabajen.

Con la introducci¨®n de esta medida se conseguir¨ªa:

a) Empezar a hacer justicia con un colectivo discriminado, yo dir¨ªa que de forma inconstitucional.

b) Un importante trasvase de beneficiarios del subsidio al sistema general.

c) La afloraci¨®n de miles de jornadas trabajadas, pero no cotizadas, sobre todo fuera de Andaluc¨ªa y Extremadura.

d) Incentivar el trabajo, evitando por tanto, el que algunos trabajadores abandonen el mismo cuando han conseguido las 60 peonadas.

En mi opini¨®n ¨¦ste es el gran reto y la mayor dificultad de las actuales negociaciones. Limitarse a mejorar el subsidio y el PER, algo que, sin duda, es necesario y est¨¢ ya pr¨¢cticamente aceptado por todos; o por el contrario, dar un salto cualitativo mucho m¨¢s importante introduciendo el desempleo contributivo: el Gobierno a petici¨®n de los sindicatos, ya est¨¢ elaborando un estudio sobre el tema, deber¨ªa superar las reticencias puestas de manifiesto hasta ahora.

En cuanto a los mayores de 52 a?os, habr¨ªa que intensificar su protecci¨®n equipar¨¢ndola, aunque sea de forma progresiva, al r¨¦gimen general.

El PER, sobre todo los convenios Inem-Corporaciones Locales debe aumentarse de forma significativa en la perspectiva de duplicar. los fondos dedicados a pol¨ªticas activas de empleo.

Las inversiones debieran dirigirse prioritariamente a las infraestructuras en el campo, s¨®lo deben participar en las obras los eventuales agrarios y debiera reservarse una parte del presupuesto, no m¨¢s del 10%, para proyectos generadores de empleo estable (algunos debieran haberse enterado ya de que el PER no est¨¢ pensado ni puede estarlo para generar empleo estable por su car¨¢cter redistributivo y porque los jornales son utilizados para acceder al subsidio). Adem¨¢s, deben introducirse f¨®rmulas de reparto a nivel provincial y local lo m¨¢s objetivas posibles, eliminando cualquier tipo de reparto pol¨ªtico.

El Plan Especial de Zonas Deprimidas, que actualmente afecta a Castilla La Mancha, Castilla Le¨®n, Pa¨ªs Valenciano y Murcia, cuyos fondos han sido reducidos a la mitad en los ¨²ltimos a?os, tiene que ampliarse a Arag¨®n y Canarias. Los fondos del plan deben, cuando menos,. ser duplicados y hay que implicar m¨¢s a los Gobiernos aut¨®nomos para que los complementen.

Los consejos comarcales deben ser dotados de los medios adecuados y ampliarse sus competencias.

En cuanto a la formaci¨®n, el Gobierno ya ha aceptado plenamente la propuesta sindical de apostar por las Casas de Oficio como instrumento fundamental para el futuro, una vez constatado el fracaso de los actuales planteamientos. 5.000 millones se invertir¨¢n en 1995 en el mundo rural para poner en marcha una centena de estos centros.

A modo de conclusi¨®n pretendemos acercamos lo m¨¢s posible a la equiparaci¨®n de derechos con los trabajadores del R¨¦gimen General de la Seguridad Social e incentivar el trabajo y la iniciativa, alej¨¢ndonos de posicionamientos fracasados de dependencia extrema del Estado. El reto siguiente ser¨¢ reformar el REASS, convirtiendo a los trabajadores del campo en ciudadanos de primera clase.