?Qui¨¦n no quiere comparecencias?

EL CAMBIO del cambio parece que va a ser s¨®lo de estilo. Es menos de lo prometido, pero puede ser m¨¢s de lo esperado si realmente se plasma en un comportamiento m¨¢s transparente por parte del Ejecutivo: respecto a las negociaciones con sus aliados, a la explicaci¨®n de sus decisiones, a sus prop¨®sitos sobre cuestiones de inter¨¦s general. Una primera manifestaci¨®n de ese cambio ser¨ªa la mayor presencia del presidente en el Parlamento,- y, en particular, su compromiso de comparecer semanalmente para responder a las preguntas de los portavoces de los grupos.Tales comparecencias pueden ser un eficaz instrumento de revitalizaci¨®n de la actividad pol¨ªtica en su ¨¢mbito m¨¢s propio y servir, a la vez, para disipar falsos debates nacidos de la ausencia de pronunciamiento del presidente. Se trata, por tanto, de una cuesti¨®n de inter¨¦s general. Que la posibilidad de plantear preguntas se reduzca a los portavoces de los grupos o se extienda a cualquier parlamentario es algo relativamente secundario. La discusi¨®n sobre ese u otros aspectos no esenciales de la cuesti¨®n ha impedido ya en dos ocasiones que la iniciativa llegara a plasmarse en un uso parlamentario reglamentado. La novedad es que ahora el Gobierno ha anunciado la disposici¨®n de Gonz¨¢lez a comparecer voluntariamente, incluso si no hay una norma que le obligue a hacerlo.

Ese compromiso es oportuno para disolver la sospecha de que se trata de aplazar el asunto con la excusa del desacuerdo sobre el procedimiento. En las ocasiones anteriores, la oposici¨®n replic¨®, con raz¨®n, que si Gonz¨¢lez estaba dispuesto a comparecer todas las semanas, nada le imped¨ªa hacerlo, con o sin reforma del reglamento. Ser¨ªa bien parad¨®jico que los t¨¦rminos se invirtieran y fuera la oposici¨®n quien ahora pusiera pegas con el pretexto de la limitaci¨®n a los portavoces de la posibilidad de realizar preguntas.

Esa limitaci¨®n tiene que ver con el temor a eventuales desbordamientos demag¨®gicos de las sesiones. La experiencia indica que ese riesgo es real. Basta imaginar las tentaciones de ciertos diputados ansiosos de notoriedad o a los especialistas en armar bronca, ante la oportunidad de encararse cada siete d¨ªas con el presidente del Gobierno. Pero es un riesgo consustancial al r¨¦gimen parlamentario. No es posible evitarlo por v¨ªa reglamentaria. De hecho, los principales grupos de la oposici¨®n tienen al menos a uno de esos especialistas entre sus portavoces acreditados. Por ello, ser¨ªa sabio por parte del Gobierno retirar esa limitaci¨®n. Desplazar¨ªa as¨ª a los grupos la responsabilidad de controlar a sus respectivos incontrolados. La limitaci¨®n de tiempo en las comparecencias', en cambio, parece l¨®gica. Si alg¨²n partido hiciera de ella un obst¨¢culo para el acuerdo demostrar¨ªa que prefiere que las cosas sigan como est¨¢n.

Tales comparecencias se incriben en el marco de lo dispuesto en el art¨ªculo III de la Constituci¨®n: "El Gobierno y cada uno de sus miembros est¨¢n sometidos a las interpelaciones y preguntas que se formulen en las C¨¢maras"; pero no deriva directamente de ese precepto. El reglamento actual interpreta que las preguntas, cualquiera que sea su destinatario nominal, se entienden dirigidas al Gobierno en su conjunto, pudiendo responderlas cualquiera de sus miembros. Es cierto que, como record¨® el martes la diputada del PP Loyola de Palacio, Gonz¨¢lez podr¨ªa contestar cada mi¨¦rcoles a las preguntas dirigidas a cualquier miembro de su Gobierno; pero se supone que se trata de un tr¨¢mite espec¨ªfico y de especial entidad pol¨ªtica, similar al del primer ministro brit¨¢nico ante el Parlamento de Westminster.

De hecho, ¨¦se fue el ejemplo invocado por la oposici¨®n al reclamar una mayor presencia de Gonz¨¢lez, a lo que ¨¦ste concedi¨® por primera vez que estaba dispuesto a comparecer "tantas veces como la se?ora Thatcher". Las limitaciones planteadas por los socialistas pueden ser discutibles. Pero es absurdo considerar que la regulaci¨®n del tr¨¢mite, con limitaciones similares a las de otros de la vida parlamentaria, supone cercenar los derechos de los diputados o limitar la funci¨®n de control de la oposici¨®n. Y es inconsecuente o demag¨®gico criticar a la vez un mal (la ausencia de Gonz¨¢lez del Parlamento) y, con la excusa del procedimiento, aquello que viene a remediarlo (su compromiso de comparecencia semanal).