El Gobierno estudia financiar las c¨¢maras de comercio, con cargo al presupuesto
El Gobierno estudia financiar las c¨¢maras de comercio con cargo a los Presupuestos del Estado. Los ministerios de Comercio y Econom¨ªa ultiman un proyecto de nueva Ley de Bases para ajustar la sentencia del Constitucional que declara nula laobligatoriedad de las cuotas. Javier G¨®mez-Navarro -titular de Comercio- someter¨¢ el borrador a consulta de los presidentes de las c¨¢maras. Despu¨¦s de dos meses de ¨¢cidas pol¨¦micas, los grandes lobbies empresariales, gestan un gran acuerdo para refundar las c¨¢maras de comercio.
La brecha abierta ahora por la sentencia del Constitucional exige un "ajuste normativo que se efectuar¨¢ elaborando una nueva ley que entrar¨¢ en el Congreso antes de fin de a?o", seg¨²n el Ministerio de Comercio. Javier G¨®mez Navarro, partidario de una desregulaci¨®n de las c¨¢maras y de su financiaci¨®n p¨²blica, con sultar¨¢ el proyecto de ley con los presidentes de las c¨¢maras espa?olas el pr¨®ximo d¨ªa 30 de septiembre en el consejo superior, tras superar sus discrepancias con eI Ministerio de Econom¨ªa y Hacienda. Comercio exigir¨¢ ser vicios m¨ªnimos a las corporaciones lo que significa en la pr¨¢ctica un proceso de concentraci¨®n. "Las c¨¢maras peque?as no han de perder su papel de animado res empresariales pero es m¨¢s l¨®gico que realicen esta funci¨®n fusionadas con otras de mayor tama?o o compartiendo sus servicios centrales" a criterio del mismo Ministerio. "La supresi¨®n de la obligatoriedad no crea ning¨²n problema presupuestario, sino que, al contrario incrementa los ingresos fiscales, porque las aportaciones que reciben las c¨¢maras de sus asociados son deducibles del impuesto de sociedades", se?alan fuentes de Comercio. La formaci¨®n de un equipo de trabajo de ambos departamentos, confirma que ya en 1995 la financiaci¨®n de las c¨¢maras (m¨¢s de 10.000 millones de pesetas) "se efectuar¨¢ con cargo al Presupuesto", apuntan medios empresariales.
El fallo del, alto tribunal consider¨® que la adscripci¨®n forzosa de las empresas a las c¨¢maras atenta contra la libertad de asociaci¨®n reconocida en el art¨ªculo 22 de la Constituci¨®n espa?ola. Ampar¨¢ndose en este criterio, muchos empresarios se oponen a satisfacer la cuota, que adem¨¢s consideran "desproporcionada en muchos casos con, relaci¨®n a los servicios recibidos de las instituciones", seg¨²n una opini¨®n recogida en medios de los plenos de las propias c¨¢maras de Madrid y Barcelona. Hace dos a?os, algunas c¨¢maras encargaron al mercantilista barcelon¨¦s Carreras Llansana la presentaci¨®n de demandas por impago de cuotas anteriores a 1993 contra algunos asociados, lo que desencaden¨® un peque?o levantamiento contra las instituciones.En parte, aquella fronda anticameral vive ahora su desenlace.
Precisamente, la pol¨¦mica sentencia responde a recursos presentados en Valencia (la empresa automovil¨ªstica Ford) y Barcelona (Derivados Forestales del grupo Mir, entre otras) que hab¨ªan sido trasladados al Constitucional tras inhibirse los tribu nales superiores de justicia. Las demandas civiles son anteriores a la normativa vigentes de 1993, ya que entonces las c¨¢maras no pod¨ªan legalmente realizar, ejecutivos. Despu¨¦s, el mencionado reglamento de bases di¨® a la cuota un rango casi fiscal -as¨ª se contempla la norma financiera, conocida como ley omnibus, que acompa?a al Presupuesto 94- que en caso de impago sigue el precedimiento de apremio dicta do por la Agencia Tributaria.El pacto civil
Los ecos de la sentencia del Constitucional han abierto un debate sin apenas precedente en. el mundo empresarial espa?ol. Tras el fallo dictado el pasado 19 de julio, las posiciones entre la CEOE y la C¨¢mara de Madrid, presidida por Adri¨¢n Piera, han sido muy enconadas. La gran patronal contempla el derrumbe de la vieja estructura cameral como el fin de un contrapeso que le restaba protagonismo. Las c¨¢maras, por su parte, consideran el fallo como la culminaci¨®n de una larga conspiraci¨®n tras la que perciben el aliento de la propia CEOE.
Sin embargo, durante los ¨²ltimos d¨ªas la pol¨¦mica ha experimentado un vuelco positivo. La C¨¢mara de Comercio de Barcelona, el C¨ªrculo de Econom¨ªa, el Instituto de la Empresa Familiar (IEF) y algunos sectores d¨¦ la propia CEOE -la gran patronal busca ahora una pax romana- gestan un gran pacto que pretende alumbrar el nacimiento de un modelo capaz de refundar las c¨¢maras de comercio.
En esta direcci¨®n, una reuni¨®n del Consejo Asesor de Fomento, celebrada el pasado lunes, sirvi¨® para que Alfredo Molinas, presidente de la patronal catalana y vicepresidente de la CEOE, Maria Puig, miembro de la junta MIEF y Joan Molins, presidente del C¨ªrculo de Econom¨ªa ofrecieran su apoyo al presidente de la C¨¢mara de Comercio de Barcelona, Antoni Negre.
'Librecambistas y proteccionistas'
La interpretaci¨®n del Constitucional ha despertado a los partidarios del modelo desregulado; "el muy eficaz sistema anglosaj¨®n", en palabras del propio G¨®mez Navarro. Frente a ellos, se sit¨²an los defensores del sistema tradicional, vigente desde 1911 -obra de un gabineta progresista de Jos¨¦ Canalejas-, aunque reformado en 1993. Para estos sectores, especialente beligerantes en el mundo empresarial barcelon¨¦s, la cuota obligatoria es un mecanismo eficaz de reasignar recursos a las empresas; tambi¨¦n es un instrumento que permite, aplicar pol¨ªticas horizontales, en un momento en que la intervenci¨®n del Estado est¨¢ restringida por la Uni¨®n Europea.El debate reabre la pol¨¦mica entre librecambistas y proteccianistas de largo aliento hist¨®rico sobre el modelo de crecimiento espa?ol: En el primer grupo, confluyen hoy de forma contradictoria las opiniones de parte del equipo econ¨®mico del Gobierno, las grandes empresas y los sectores m¨¢s duros de la gran patronal, ahora partidaria de la desregulaci¨®n, pero no hace mucho baluarte del corporativismo empresarial heredado del pasado.
Los segundos conforman la alianza entre empresarios y funcionarios de grandes c¨¢maras, apoyados por los sectores m¨¢s din¨¢micos de una clase industrial espol¨¦ada por el deseo de conservar la gesti¨®n privada de las corporaciones.
En la mayor¨ªa de los pa¨ªses de la UE, las c¨¢maras son entidades de derecho p¨²blico y gesti¨®n privada como en Espa?a. El Rein¨® Unido es el ¨²nico pa¨ªs miembro que tiene un sistema basado en la adscripci¨®n libre. La diferencia espa?ola es la magnitud de la cuota. Las c¨¢maras reciben de las empresas el, 1,05% sobre los beneficios, porcentaje alt¨ªsimo frente a los casos italiano, franc¨¦s o alem¨¢n.
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