Una ley de coronada de 'banderillas'

La ley que, pretende agilizar y simplificar las relaciones de las administraciones p¨²blicas con los ciudadanos ha recibido banderillas de todos los colores a pesar de que s¨®lo lleva dos se manas en pleno vigor. Organizaciones de consumidores, juristas, abogados y profesores han clavado sus puyas en la piel del texto, y ello pese a que todos re conocen la nobleza de sus principios, que adaptan la normativa aplicable en la Administraci¨®n a los preceptos constitucionales.

Su efecto deber¨ªa haber comenzado hace un a?o (seis meses despu¨¦s de su publicaci¨®n en el Bolet¨ªn Oficial del Estado), pero, el ministro de Administraciones P¨²blicas, Jer¨®nimo Saavedra, arguy¨® entonces que era necesario reducirlas 1.893 normas que se refer¨ªan a procedimientos administrativos a "un escaso n¨²mero de procedimientos tipo". El resultado han sido 34 reales decretos del Gobierno central y varias decenas de ¨®rdenes y resoluciones de las comunidades aut¨®nomas, adem¨¢s de otros reglamentos espec¨ªficos que ha dictado cada corporaci¨®n local para adaptarse a la ley.

"De simplificar, nada", espeta el director del departamento de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense, Sebasti¨¢n Mart¨ªn-Retortillo-. "Habr¨ªa que derogar la ley: confunde y causa inseguridad jur¨ªdica; los problemas de la Administraci¨®n no se resuelven con leyes sino con la Voluntad pol¨ªtica de aplicar las que tenemos". "Adem¨¢s, supondr¨¢ un amontonamiento de asuntos incre¨ªbles en los tribunales de lo Contencioso Administrativo por la desaparici¨®n en muchos supuestos de la opci¨®n del recurso administrativo", afirma.

El secretario general t¨¦cnico del Ministerio de Administraciones P¨²blicas, Javier Lamana, asiente al augurio de Mart¨ªnRetortillo. "Van a tener m¨¢s trabajo, pero a cambio es el ciudadano ahora el que tiene los derechos y,al que se le facilitan los tr¨¢mites", asegura. "Podr¨¢ depositar sus solicitudes en cualquier oficina administrativa [siempre pod¨ªa hacerlo en una oficina de Correos]" acceder a los registros p¨²blicos o negarse a entregar un documento que ya obra en poder de la Administraci¨®n". Pone como ejemplo la presentaci¨®n del certificado de penales para la petici¨®n del pasaporte. Lamana matiza que la consulta de registros, adem¨¢s de verse recortada por el derecho de las personas a la intimidad , necesitar¨¢ en muchos casos que la Administraci¨®n decida informatizarlos.

Sin embargo, Eduardo Calvo, magistrado de lo Contencioso en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, es m¨¢s optimista y no cree que su sala se vaya a colapsar. "La mayor¨ªa de las veces no compensa litigar porque son cuant¨ªas peque?as".

L¨®pez Rod¨® ve un retroceso

Laureano L¨®pez Rod¨®, ex ministro y padre de las leyes de 1957 y 1958 a las que sustituye ¨¦sta, prefiere "no aportar una opini¨®n personal" y opta por se?alar las cr¨ªticas de otros especialistas vertidas en una serie de conferencias celebradas en mayo pasado a instancias de un catedr¨¢tico portugu¨¦s. "Se ha producido una rara unanimidad entre toas las escuelas: supone un retroceso con respecto a la ley anterior porque se trastocan muchos temas claros y admitidos por todos", dice. "A mi juicio no era necesario promulgar o era ley; con la modificaci¨®n quiquenal prevista en la anterior ser¨ªa suficiente", concluye.

Otro juez, Alfonso Villag¨®mez, doctor en Derecho Administrativo, alaba la filosof¨ªa de la ley y destaca el hecho de que se haya cambiado el sentido de la ausencia de respuesta al ciudadano: ahora el que calla otorga, si no se establece lo contrario; antes el silencio implicaba la negativa. Pero considera que ser¨ªa m¨¢s acertada si dejase a elecci¨®n del ciudadano el uso del recurso administrativo, previo al judicial, como sucede en Francia, y no obligase a agotar la primera v¨ªa cuando exista. "Adem¨¢s nuestra ley se olvida de darle al recurso administrativo un car¨¢cter de acto de conciliaci¨®n civil puesto que, en definitiva, ¨²nicamente. resultar¨ªa ¨²til para evitar controversias judiciales", agrega.

Sin embargo, el presidente del Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos, Jaime Quir¨®s Quintana, se muestra entusiasmado con la nueva legislaci¨®n: "Supone un paso muy importante para la mejora del funcionamiento de la Administraci¨®n, y para el respeto de las garant¨ªas de los ciudadanos", opina. Considera muy positivo el hecho de que se simplifiquen los recursos y en algunos casos sea corte la llegada de las reclamaciones a los tribunales.

El secretario general del Ayuntamiento de Madrid, Mario Corella, resalta algunas consecuencias de la ley que encuentra rayanas en el absurdo. "Cuando se produce el silencio administrativo la oficina tardona debe certificar su demora, se tiene que inculpar a s¨ª misma; y aunque un funcionario dicte una resoluci¨®n injusta a sabiendas de que lo es, al ciudadano no le queda m¨¢s opci¨®n que ir a los tribunales".

El juez Calvo hace hincapi¨¦ en la obligaci¨®n de informar a la Administraci¨®n de que se va a entablar un proceso judicial contra ella. "Ya se dice que se va a derogar ese punto y de hecho los jueces aplicamos la tutela judicial efectiva para no tomarlo en cuenta", a?ade. "La ley propicia lo contrario de lo que propugna: multiplica por 100 el n¨²mero de reglamentos, todos parecidos pero ninguno igual".