Presupuestos

LA POL¨ªTICA presupuestaria es la v¨ªa principal a trav¨¦s de la cual los Gobiernos nacionales pueden manifestar un cierto grado de autonom¨ªa en su pol¨ªtica macroecon¨®mica. Limitado su margen de maniobra en la pol¨ªtica, monetaria, es en los Presupuestos Generales del Estado donde los partidos en el Gobierno pueden concretar sus opciones pol¨ªticas y sus prioridades.La realidad espa?ola actual limita seriamente esa te¨®rica libertad presupuestaria del Gobierno. Primero, porque la aritm¨¦tica parlamentaria le obliga a recabar el apoyo de otras fuerzas cuyas prioridades ha de compatibilizar con las propias. Segundo, porque la situaci¨®n de las finanzas p¨²blicas -el d¨¦ficit y la magnitud alcanzada por la deuda p¨²blica- no permite distanciarse del prop¨®sito gen¨¦rico de su saneamiento. Parte importante del d¨¦ficit p¨²blico tiene un car¨¢cter estructural y son por ello reducidos los m¨¢rgenes para paliarlo por medio de un mayor crecimiento econ¨®mico como el que se espera para 1995.

El Gobierno parece decidido a mantener el rigor ya aplicado a los presupuestos de 1994, que part¨ªan de un considerable d¨¦ficit p¨²blico (7,2% del PIB), introduciendo en los de 1995 algunas modificaciones. El gasto p¨²blico se incrementar¨¢ un 5% por debajo del crecimiento nominal de la econom¨ªa (pese a la actualizaci¨®n de las pensiones y los sueldos de funcionarios). Los ingresos tambi¨¦n se ver¨¢n mermados por el ajuste a la inflaci¨®n de la tarifa del IRPF, por los menores beneficios esperados del Banco de Espa?a y por la eventual reducci¨®n en los ingresos por cuotas de la Seguridad Social.

De las exigencias de CiU, la reducci¨®n de las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social es la que m¨¢s atenci¨®n ha despertado. Su aceptaci¨®n, ya anunciada por el Gobierno, supondr¨¢ probablemente la reducci¨®n de un punto porcentual en las cotizaciones, distribuidas proporcionalmente entre la cuota patronal y laboral. M¨¢s all¨¢ de su magnitud -estimada por el Gobierno en 185.000 millones de pesetas-, son destacables otros aspectos de esa decisi¨®n. Los que proponen esta decisi¨®n est¨¢n convencidos de su impacto favorable sobre la competitividad de las empresas y sobre el empleo. Otros no lo est¨¢n tanto. El ahorro en ese tipo de costes puede traducirse en un mayor beneficio final de las empresas como en mejoras de sus condiciones de competitividad o incluso en la generaci¨®n de empleo. Ahora bien, se plantean serias dificultades para restituir esos ingresos a la Seguridad Social. El aumento de la imposici¨®n indirecta supondr¨ªa que un mayor n¨²mero de contribuyentes asumen esas cargas y, adem¨¢s, no pueden descartarse efectos nocivos sobre la inflaci¨®n. La CEOE no ha tardado en proponer su f¨®rmula: reducci¨®n de gastos de la Seguridad Social, como si ello fuera tan autom¨¢tico como la reducci¨®n en las cargas.

El test de credibilidad al que se enfrenta el Gobierno con ocasi¨®n de la discusi¨®n parlamentaria de los presupuestos es en esta ocasi¨®n especialmente importante. A ¨¦l estar¨¢n atentos esos mercados financieros que tanto han complicado y encarecido la financiaci¨®n del Tesoro en los ¨²ltimos meses.

Y no s¨®lo ellos. Porque semanas despu¨¦s de actualizar su programa de convergencia el Gobierno puede violar algunos prop¨®sitos que en ese documento cre¨ªa compatibles con la reducci¨®n del d¨¦ficit fiscal, en especial el mantenimiento de los niveles de protecci¨®n social y la consolidaci¨®n del peso de la inversi¨®n p¨²blica en el PIB.