El fiscal demanda que se reforme la ley para que el indulto sea una excepci¨®n

La Fiscal¨ªa General del Estado aboga por una reforma de la ley de indulto con el argumento de que la medida de gracia debe ser "excepcional" y, en todo caso, "motivada" pues de lo contrario "puede suponer una invasi¨®n del ¨¢mbito Jurisdiccional, a modo de una nueva sentencia". El fiscal del Estado, Carlos Granados, ha incluido en la ¨²ltima memoria de la instituci¨®n, asumi¨¦ndola, esta petici¨®n del fiscal de Valladolid. Granados y el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Pascual Sala, intervendr¨¢n hoy en la apertura del a?o judicial presidida por el Rey.

El escrito de la fiscal¨ªa recuerda que la ley sobre el ejercicio de la gracia de indulto, de 1870, ten¨ªa car¨¢cter "provisional" y era el complemento indispensable del "dur¨ªsinio r¨¦gimen de penas" decimon¨®nico. Critica la supresi¨®n del informe previo del Consejo de Estado, que decidi¨® Franco en 1938 y la democracia no ha subsanado, la "incesante concesi¨®n de indultos" y, sobre todo, la "falta de motivaci¨®n expresa"El fiscal recuerda que la Constituci¨®n obliga a cumplir las decisiones de los tribunales y que el excesivo rigor puede paliarse mediante los beneficios penitenciarios y no con la medida de gracia que, en la pr¨¢ctica, es "una nueva sentencia, sin contradicci¨®n, sin razonamiento alguno e irrevocable". En todo caso, "el respeto debido al Poder Judicial exige una resoluci¨®n motivada" y "suficientemente detallada", tanto si se concede el indulto como si se rechaza.

Control sobre la reinserci¨®n

La memoria incluye otras alusiones a la reinserci¨®n, objeto de una fuerte pol¨¦mica entre los partidos firmantes del pacto antiterrorista. Un estudio del fiscal de Barcelona Alonso Crist¨®bal reclama el "control jurisdiccional de las progresiones y clasificaciones de grado" de los presos, que ahora deja en manos de la Administraci¨®n la concesi¨®n del r¨¦gimen abierto. Hace falta, dice, una "delimitaci¨®n adecuada de las funciones de los juzgados de vigilancia y de la Administraci¨®n Penitenciaria, extendiendo al m¨¢ximo posible la competencia judicial y evitando la existencia de zonas negras no controlables por el Poder Judicial".El Fiscal de Murcia, Lanzarote Mart¨ªnez recuerda la inexistencia en Espa?a, "al margen de algunas iniciativas locales", de programas de "asistencia inmediata, auxilio e indemnizaci¨®n" a las v¨ªctimas de delitos violentos, similares a los que hay en muchos pa¨ªses europeos.

En el cap¨ªtulo de las reformas legales, la memoria recoge una propuesta de la fiscal¨ªa de Teruel para que se cambie la pena de dos a?os y cuatro meses con que se castiga a los insumisos, que califica de "exagerada", por "medidas privativas de derechos", como el acceso a cargos o empleos p¨²blicos, como prev¨¦ el proyecto de C¨®digo Penal.

Como novedad, propone que a los convictos de insumisi¨®n se les ofrezca "una ultima oportunidad" de redimir su pena a cambio de realizar un trabajo social bajo control penitenciario. Menos optimista es el fiscal de Cantabria, quien cree que este problema "s¨®lo tendr¨¢ t¨¦rmino cuando se afronte de una vez la profesionalizaci¨®n del Ej¨¦rcito".

Especi¨¢lmente llamativo es el reconocimiento, por parte de la fiscal¨ªa de Madrid, del "fracaso del modelo disciplinario" previsto para castigar las faltas de los jueces y magistrados, "cuyos escas¨ªsimos frutos son el caldo de cultivo de una cierta sensaci¨®n de impunidad del colectivo judicial".

Seg¨²n el escrito, asumido por el fiscal del Estado, la "sola existencia" de estas opiniones, independientemente de su fundamento, deber¨ªa ser suficiente para estudiar un cambio de sistema. La modificaci¨®n que propone consiste en atribuir al fiscal buena parte de la instrucci¨®n de los expedientes contra jueces y magistrados, quienes ahora se investigan a s¨ª mismos, con un procedimiento que califica de "endog¨¢mico".

La menoria se ocupa tambi¨¦n de los reality shows "cuyo ¨¦xito de audiencia est¨¢ fundamentado en la explotaci¨®n de los aspectos m¨¢s morbosos de la cr¨®nica negra del acontecer hurnano", seg¨²n un escrito de la fiscal¨ªa de Madrid, que considera que el secreto del sumario impide participar a los profesionales judiciales en tales espect¨¢culos paralelos o anticipados".

El mismo texto pide que se regule la retransmisi¨®n de los juicios por televisi¨®n, advirtiendo del peligro de transformar a los testigos, lo que "ya est¨¢ ocurriendo, en actores involuntarios, al servicio de una programaci¨®n que ignora sus derechos". Sin olvidar, agrega, a "algunos jueces, cuya actitud cambia radicalmente ante las c¨¢maras, pasando frecuentemente de la apat¨ªa a la hiperintervenci¨®n, en un alarde quiz¨¢ subconciente de protagonismo".

La ley de Derechos y Libertades de los Extranjeros es objeto de un an¨¢lisis de la fiscal¨ªa de Barcelona tras nueve a?os de vigencia. El estudio considera insatisfactoria la intervenci¨®n judicial en las expulsiones de los extranjeros sujetos a proceso penal y advierte que "la comisi¨®n de un delito se convierte, objetivamente, en una garant¨ªa para permanecer ilegalmente en Espa?a", mientras que el internamiento cautelar de extranjeros no se ajusta a los criterios fijados por el Tribunal Constitucional.

En apoyo a la anunciada regulaci¨®n por ley de las uniones de hecho, la misma fiscal¨ªa reclama una norma que garantice la protecci¨®n de los derechos de los hijos de parejas no casadas que cesan en su convivencia.