Financiaci¨®n y algo m¨¢s

De dos factores principales depende, hoy por hoy, el porvenir de nuestra universidad p¨²blica: de que disponga de m¨¢s recursos y de que sean mejor empleados, lo cual equivale a otro sistema de gobierno universitario. Despu¨¦s de un ciclo expansivo con resultados globalmente positivos, el sistema universitario en su dise?o actual ha agotado sus posibilidades. Su mayor complejidad ha desbordado previsiones econ¨®micas y ha hecho inservibles sus mecanismos de gobierno.Por lo que hace a la financiaci¨®n y si se aspira a un razonable nivel de calidad, es menester -nadie lo niega- un mayor esfuerzo econ¨®mico. A pesar del incremento cierto de los ¨²ltimos a?os, nuestra relaci¨®n PIB per c¨¢pita / estudiante universitario es todav¨ªa inferior, a la de la Europa de nuestro entorno.

?Qui¨¦n debe correr ahora con la obligaci¨®n de este esfuerzo econ¨®mico adicional? La educaci¨®n universitaria debe seguir siendo un servicio p¨²blico subvencionado, porque persigue -junto a beneficios individuales claros un beneficio colectivo: progreso econ¨®mico y bienestar social, a partir de una mejor formaci¨®n y mayor movilidad social.

Pero con esta afirmaci¨®n de principio no resolvemos los problemas de financiaci¨®n. El sector p¨²blico puede: incrementar, su contribuci¨®n actual. Pero no en la medida necesaria. Recordemos las consignas dominantes: freno a la presi¨®n fiscal, reducci¨®n del d¨¦ficit p¨²blico y limitaci¨®n del endeudamiento. Bajo estas condiciones, las universidades est¨¢n condenadas a competir en el reparto presupuestario con contrincantes muy poderosos: niveles educativos obligatorios, atenci¨®n sanitaria, seguridad social o servicio de la deuda. No caben, pues, demasiadas ilusiones sobre un mayor esfuerzo del sector p¨²blico.

Pero tambi¨¦n desde una, perspectiva de conveniencia se plantean dudas razonables sobre la equidad y la eficiencia del actual sistema de subvenciones. Hay que preguntarse en serio sobre su forma y distribuci¨®n y examinar alternativas. Ya sabemos que el replanteamiento del actual sistema suscita -es l¨®gico- la oposici¨®n de sus beneficiarios directos. Esta oposici¨®n apenas atiende a los perjuicios que causa a los actualmente exclu¨ªdos de la educaci¨®n superior. O a los futuros candidatos a la misma, que acceder¨¢n -si no se remedian los incovenientes actuales- a una universidad m¨¢s deteriorada.

En esta tensi¨®n, algunos responsables pol¨ªticos y universitarios pueden sentrse vulnerables -como hemos comprobado- a los costes electorales de sus decisiones. Pero no por ello podemos eludir un di¨¢logo solvente y a fondo sobre el asunto. Otros pa¨ªses lo han iniciado, con la opini¨®n de los expertos -en forma de encuesta o "libro blanco"- y propiciando la comparecencia de tales expertos y de los sectores sociales interesados ante comisiones parlamentarias competentes. La iniciativa para una "ley de financiaci¨®n" podr¨ªa contribuir a dicho di¨¢logo, si se esquivan los planteamientos simplistas que tanto dificultan la b¨²squeda de soluciones solidarias y viables.

En todo caso, subrayemos la responsabilidad social -y no s¨®lo del Estado- en la financiaci¨®n de la universidad p¨²blica. Se?alemos previsiones temporales que superen el presupuesto anual, inadecuado para tareas de maduraci¨®n lenta como son la formaci¨®n y la investigaci¨®n. Y revisemos un gobierno universitario que conduce de hecho a la privatizaci¨®n de la universidad - en beneficio de los estamentos que la controlan-, alej¨¢ndola de objetivos sociales a largo plazo.

Quienes afirman creer todav¨ªa en la raz¨®n de una universidad p¨²blica de calidad no pueden dar la batalla por perdida.