Siete a?os sin sueldo

Hilario Aznarte, licenciado en Derecho, percibe s¨®lo 53.000 pesetas mensuales de la universidad. La sanci¨®n preventiva le ha supuesto unas p¨¦rdidas econ¨®micas de 14 millones de pesetas y, aunque conf¨ªa en que su pleito se resolver¨¢ antes de que le llegue la jubilaci¨®n, los antecedentes no presagian que vaya a ocurrir as¨ª. Aznarte, soltero, debe mantener adem¨¢s a su madre, de 89 a?os y enferma. "Yo pod¨ªa hiber optado por el alcohol, por el juego, pero me he refugiado en el derecho y por las tardes ayudo, sin sueldo, en un despacho de abogados".El inicio de su intrincada desventura se remonta a 1973, cuando present¨®, su primer recurso contra la universidad. Ese a?o logr¨¦ la plaza de funcionario -fue n¨²mero uno en los dos niveles del concurso-, pero los responsables de la universidad no le permitieron elegir destino y fue enviado a la: Escuela de Arquitectura d¨®nde ejerci¨® como administrador y jefe de la secretar¨ªa. Su escrupulosidad en el cumplimiento de la ley fue lo que le granje¨®, a su juicio, un largo periodo de "persecuci¨®n" que a¨²n no ha vencido.

En 1973, el Ministerio de Universidades e Investigaci¨®n, y no el rectorado, como es preceptivo, le abri¨® expediente disciplinario. En total fueron 24 las imputaciones que el ministerio plante¨® contra ¨¦l, entre ellas la de discutir con sus compa?eros. "No hab¨ªa pruebas ni constaba la fecha en que se produjer¨®n, para que yo no pudiera alegar su prescripc?¨®n", se lamenta.

El expediente termin¨® en 1981 y Aznarte fue sancionado con un traslado forzoso a Ceuta ciudad que forma parte del distrito universitario de Granada-, con cambio de residencia. Aznarte asegura que cuando se resolvi¨® el expediente ¨¦ste ya hab¨ªa caducado. Sin embargo, decidi¨® marcharse a Ceuta. "Me encontr¨¦, con dos sorpresas,' La primera, que no hab¨ªa sido cesado el adnmistrador delegado a quien deb¨ªa sustituir, y que el propio. administrador me dijo que volviera a Granada", recuerda.

Retenci¨®n de haberes

As¨ª que regres¨® a Granada y trat¨¦ infructuosamente de hablar con el rector de su universidad, ¨¦l catedr¨¢tico de Derecho, Jos¨¦ Vida. La universidad interpret¨® su vuelta como que hab¨ªa cometido una falta muy grave de abandono -del servicio, y otra leve de incumplimiento, del deber de residencia, le abri¨® otro expediente disciplinario al tiempo que le suspend¨ªa de empleo y sueldo de manera "provisional empieza la parte inaudita del relato. Los servicios jur¨ªdicos universitarios elevaron el segundo expediente al rector granadino en 1987 para que lo resolviera, sin tener en cuenta que, seg¨²n la Ley de Reforma Universitaria (LRU), carec¨ªa de competencias para imponer sanciones que implila p¨¦rdida de la condici¨®n de funcionario.

Tras una "considerable dilaci¨®n", en palabras de Margarita Retuerto, se remiti¨® la propuesta de resoluci¨®n al Consejo de Universidades, pero, desgraciadamente, la decisi¨®n no era acertada, ya que dicho consejo s¨®lo resuelve las sanciones de los funcionarios docentes. De modo que el expediente fue rechazado y puesto de nuevo en curso.

?Ad¨®nde fue? La propuesta lleg¨® al Ministerio para las Administraciones P¨²blicas, que a su vez no se dio por aludido porque las competencias sobre la universidad hab¨ªan sido ya transferidas a la Junta de Andaluc¨ªa.

As¨ª que el expediente parti¨® para Sevilla, donde a¨²n permanece, dado que la Administraci¨®n aut¨®noma no tiene constancia de. la transferencia efectiva de Aznarte como funcionario. Entretanto, Hilario Aznarte no se 'ha quedado quieto. Ha expuesto su caso al Defensor del Pueblo, que el 30 de agosto le respondi¨® con una carta comentando las incidencias y el comportamiento de la maquinaria burocr¨¢tica, que es lo ¨²nico que, est¨¢ en sus manos por el momento. Adem¨¢s, ha requerido a la Audiencia, de Granada para que se pronuncie sobre la retenci¨®n de sus haberes como funcionario, pero tampoco ha tenido contestacion.

Aznarte, con la barba crecida y ojeroso, muestra como consuelo las palabras de Margarita Retuerto. Lo ocurrido, dice la defensora del Pueblo en funciones, "evidencia que la actuaci¨®n de las administraciones p¨²blicas ha sido, desde diversos puntos de vista, ineficaz y ha dado lugar a dilaciones indebidas y a tr¨¢mites -innecesarios en raz¨®n de los cuales la resoluci¨®n de los expedientes tramitaci¨®n de las diversas cuestiones conexas se hayan dilatado mucho m¨¢s de lo que resulta razonablemente admisible".

"A m¨ª, en cambio, no me reprocha nada", comenta a la defensiva el funcionario.