El PP e IU responsabilizan a Gonz¨¢lez y Solchaga por no destituir a Rubio en 1992

La comisi¨®n Rubio inici¨® ayer la discusi¨®n preliminar de su dictamen final, que en principio deber¨¢ estar terminado el pr¨®ximo d¨ªa 30. Aunque la discusi¨®n no ha hecho m¨¢s que empezar, las posiciones aparecen claramente diferenciadas cuando se trata de establecer hasta d¨®nde llegan las responsabilidades pol¨ªticas en que se pudo incurrir en el esc¨¢ndalo. En cambio, existe una opini¨®n un¨¢nime sobre la condena de la conducta de Mariano Rubio, ex gobernador del Banco de Espa?a, quien se habr¨ªa enriquecido con su actuaci¨®n.

El PP e IU consideran que las responsabilidades pol¨ªticas llegan hasta Felipe Gonz¨¢lez, por no haber aceptado la dimisi¨®n de Rubio en 1992, y pasan por Carlos Solchaga, entonces ministro de Econom¨ªa. El resto de los grupos creen que Rubio abus¨® de la confianza en ¨¦l depositada y califican la dimisi¨®n de Solchaga como algo por encima de lo que era razonable pedir.El pr¨®ximo lunes, el presidente de la comisi¨®n, el peneuvista Jon Zabal¨ªa, debe presentar un proyecto de dictamen uniforme al que podr¨¢n a?adirse nuevas consideraciones y al que acompa?ar¨¢n los votos particulares de varios grupos.

El proyecto de dictamen se empezar¨¢ a discutir el martes, despu¨¦s de la ¨²ltima comparecencia solicitada por el PP. Joaqu¨ªn Baraut, administrador ¨²nico de Urbiplanner en 1986, debe presentarse ante la comisi¨®n. Esta sociedad compr¨® un tercio de las acciones de Sistemas AF a un cambio del 290% y las vendi¨®, al d¨ªa siguiente, al 575%, generando unas plusval¨ªas de 600 millones. El abogado de Baraut neg¨® que su representado tuviera relaci¨®n alguna con esta operaci¨®n.

La discusi¨®n no ha hecho m¨¢s que empezar a la hora de establecer qu¨¦ hechos se han probado definitivamente con los trabajos de la comisi¨®n y cu¨¢les se han quedado en indicios, m¨¢s o menos s¨®lidos. IU y el PP consideran probado el uso de informaci¨®n privilegiada por parte de Rubio, lo que permiti¨® el enriquecimiento del ex gobernador, que lleg¨® a esconder a Hacienda una cifra cercana a los 115 millones. Para estos dos grupos parlamentarios hubo, adem¨¢s, trato de favor de Rubio hacia sus socios en Ibercorp. Seg¨²n el PP, la Comisi¨®n Nacional de Valores actu¨® negligentemente, mientras que, en opini¨®n de IU, el que lo hizo fue el Banco de Espa?a, donde los ¨®rganos de gobierno apenas habr¨ªan discutido las propuestas que hac¨ªa Mariano Rubio.

Dimisi¨®n m¨¢s que suficiente

El actual subgobernador, M¨ªguel Mart¨ªn, entonces director general encargado de la inspecci¨®n, aparece como uno de los directivos que no actuaron en l¨ªnea con lo que de ¨¦l se esperaba. En todo caso, para estos dos grupos pol¨ªticos, la responsabilidad final corresponde a Gonz¨¢lez y a Solchaga por no haber destituido a Rubio como gobernador del Banco de Espa?a en 1992, cuando estall¨® la primera parte del esc¨¢ndalo que acab¨® con el grupo Ibercorp.

Los otros grupos consideran que fue Rubio quien realiz¨® un claro abuso de confianza con quienes le nombraron y que sobre ¨¦l debe recaer todo el peso de las responsabilidades pol¨ªticas.

"La dimisi¨®n de Solchaga como presidente del Grupo Parlamentario Socialista fue m¨¢s que suficiente para hacer frente a las responsabilidades en que pudo haber incurrido "' se?ala Emilio' Olabarr¨ªa, del PNV, grupo que ha presentado un informe com¨²n con Coalici¨®n Canaria y el Grupo Mixto. "La dimisi¨®n de Solchaga se trata de un acto de lealtad no habitual" a?ade.

?ngel Mart¨ªnez Sanju¨¢n, del PSOE, es de la misma opini¨®n, al decir que su grupo hablar¨¢ de "gratitud parlamentaria" al enjuiciar la dimisi¨®n de Solchaga. Jordi Casas, de CiU, califica de "prudencia pol¨ªtica" el que Felipe Gonz¨¢lez no admitiera la dimisi¨®n de Rubio en 1992, cuando le quedaban cuatro meses para terminar su mandato.