Faltan explicaciones

LOS SOSPECHOSOS meandros de buen n¨²mero de casos de corrupci¨®n pol¨ªtica han contribuido a fomentar un clima de impunidad que desalienta a los ciudadanos. El desenlace del caso Planasdemunt, en el que un ex consejero del Gobierno de la Generalitat de Catalu?a ha sido condenado a siete a?os de prisi¨®n y ocho de inhabilitaci¨®n, conduce, en cambio, a un atisbo de esperanza en la renovaci¨®n de la vida p¨²blica de la mano de una acci¨®n r¨¢pida y eficaz de los tribunales.La sentencia de la Audiencia de Barcelona que ha condenado a Jordi Planasdemunt y a otras seis personas es elogiable tanto por la celeridad con que se ha instruido y resuelto el caso apenas dos a?os como por la clara descripci¨®n de los mecanismos utilizados para realizar la estafa de 2.300 millones a peque?os inversionistas y la rotunda caracterizaci¨®n delictiva de los hechos.

Tres empresas insolventes y con aprietos econ¨®micos, propiedad de cinco de los acusados, libraban pagar¨¦s falsos, equivalentes a cheques, que la sociedad BFP colocaba a peque?os inversionistas. Los pagar¨¦s eran girados contra la garant¨ªa de supuestos trabajos y servicios que prestaban a grandes compa?¨ªas como Repsol o Telef¨®nica, aunque en realidad se trataba de operaciones de cuant¨ªa muy peque?a hinchadas a veces por procedimientos tan burdos como la adici¨®n de ceros a una cifra. Los clientes de BFP confiaban en la solvencia de estas grandes empresas instrumentalizadas sin su conocimiento y en el prestigio de los socios, entre los que destacaba Planasdemunt, ex consejero de finanzas y director entonces del m¨¢ximo organismo financiero auton¨®mico, el Instituto Catal¨¢n de Finanzas (ICF). Se sumaban as¨ª un cl¨¢sico procedimiento de estafa con la utilizaci¨®n de un cargo p¨²blico para el enriquecimiento il¨ªcito. Y no un cargo p¨²blico cualquiera, sino precisamente el del mayor responsable catal¨¢n en la concesi¨®n de avales y cr¨¦ditos oficiales.

Esta vez es el Gobierno de Jordi Pujol el que se ve relacionado -por un caso de abuso de confianza y, a lo que parece, de defecto en el control y la tutela de sus subordinados- con un caso de corrupci¨®n, como en muchos otros bien distintos ha sido el PSOE o en otros m¨¢s el PP y el PNV. Todos los grandes partidos pol¨ªticos han demostrado en Espa?a, al igual que ha sucedido en el resto de la Europa latina, que se hallan aquejados de enfermedades similares, al margen del mayor o menor temple moral demostrado por sus dirigentes a la hora de enfrentarse con las responsabilidades pol¨ªticas derivadas de la corrupci¨®n.

No sirve ante estos casos ni la proyecci¨®n exagerada de la sombra de las responsabilidades sobre el m¨¢ximo dirigente de cada partido o sobre el conjunto de todos los pol¨ªticos ni la impasibilidad que pretenden practicar quienes se hallan pol¨ªticamente comprometidos. Hay que atenerse a los hechos y no rendirse a la tentaci¨®n de lanzar la basura contra el ventilador. para salpicar a todos. Por eso no es posible eludir las responsabilidades pol¨ªticas: no es suficiente asegurar -como ha indicado Jordi Pujol- que no ha habido malversaci¨®n de dineros p¨²blicos ni funcionamiento incorrecto del Instituto Catal¨¢n de Finanzas.

El Parlamento catal¨¢n y el Gobierno de Pujol tienen ahora la oportunidad de contribuir a la renovaci¨®n de la vida pol¨ªtica siguiendo el camino trazado por la Audiencia. Es preciso que a las expresiones de solidaridad personal con el ex consejero y al rechazo inicial de la existencia de cualquier tipo de responsabilidades pol¨ªticas les sigan ahora las explicaciones y pruebas que merecen el Parlamento y la opini¨®n p¨²blica sobre la actuaci¨®n de los inmediatos superiores de Planasdemunt. Todo, menos dar el carpetazo.