V¨ªctimas del olvido

LA V¨ªCTIMA del delito ha sido tradicionalmente el convidado de piedra del sistema penal. En Espa?a y fuera de ella. De ah¨ª que en la ¨²ltima d¨¦cada hayan surgido, tanto en Europa como en EE UU, movimientos jur¨ªdicos y sociales que reivindican una mayor preocupaci¨®n por los derechos de la v¨ªctima del delito. No contra las garant¨ªas del delincuente -h¨¢beas corpus, asistencia letrada, juicio justo-, sino a favor de los derechos de las v¨ªctimas.En Espa?a, esta carencia del sistema penal ha salido a la palestra p¨²blica a prop¨®sito de las ya numerosas v¨ªctimas del terrorismo. Pero afecta tambi¨¦n a las v¨ªctimas de otros delitos violentos: un millar largo de delitos contra la vida (asesinatos, parricidios y homicidios) que se producen anualmente, y muchos mas de lesiones que llegan cada a?o a los tribunales. La idea de que no basta con que el delincuente pague con la c¨¢rcel la deuda contra¨ªda con la sociedad, sino que debe correr tambi¨¦n con la reparaci¨®n de los da?os causados a su v¨ªctima, se ha abierto paso como una exigencia del Estado de derecho. Y a los poderes p¨²blicos les resulta cada vez m¨¢s dif¨ªcil soslayarla y no articularla en un sistema legal que contribuya eficazmente a esa reparaci¨®n.

Con a?os de retraso respecto de algunos pa¨ªses, el Gobierno y las fuerzas pol¨ªticas se dicen dispuestos a ponerla en pr¨¢ctica. Pero de momento no han ido m¨¢s all¨¢ de los buenos prop¨®sitos. El Ministerio de Justicia e Interior traba a en la creaci¨®n de un fondo de asistencia a las v¨ªctimas, como forma de compensaci¨®n o de adelanto de las indemnizaciones judiciales. Y el Partido Popular acaba de presentar en el Parlamento una proposici¨®n de ley m¨¢s elaborada en este sentido.

Pero si el da?o debe ser reparado, en principio, por quien lo ocasiona, ser¨ªa injusto que el Estado asumiera esa carga sin m¨¢s. S¨®lo cuando la insolvencia del delincuente sea manifiesta y quede fehacientemente demostrada o haya sido imposible encontrar al autor del da?o es admisible que la sociedad en su conjunto acuda solidariamente en socorro de -la v¨ªctima. El coste econ¨®mico ser¨ªa dif¨ªcilmente soportable -se habla de unos 700.000 millones de pesetas al a?o- sin una paralela agilizaci¨®n de los mecanismos legales existentes, o de otros que puedan arbitrarse, para que el delincuente haga frente a sus responsabilidades.

Ello remite a un estilo de hacer justicia no tan burocratizado como el actual: los jueces deber¨ªan contar con medios para averiguar los bienes y medios de vida con que cuenta el inculpado o condenado, y no limitarse a solicitar certificaciones de Hacienda o declaraciones de renta que a veces nada tienen que ver con la realidad. Tambi¨¦n ser¨ªa deseable un proceso penal en el que la v¨ªctima tenga m¨¢s protagonismo y pueda exigir en el instante mismo de padecer el da?o las correspondientes medidas cautelares de protecci¨®n econ¨®mico-social.

El caso de la colza, paradigm¨¢tico en muchos aspectos, lo es tambi¨¦n de la falta de reflejos con que suele actuar la justicia en la defensa de los derechos de la v¨ªctima. Cuando quiso reaccionar para asegurar la reparaci¨®n debida no hab¨ªa ning¨²n bien que embargar a quienes causaron el mal. Y ahora la Asociaci¨®n de V¨ªctimas del Terrorismo ha denunciado los casos de los asesinatos de los abogados laboralistas de Atocha o de la joven Yolanda Gonz¨¢lez como muestras de la incuria o de la insensibilidad de la justicia y del ministerio fiscal en este terreno: los culpables est¨¢n fuera de la c¨¢rcel; trabajan o tienen negocios, pero nadie les ha recordado que todav¨ªa tienen una deuda que saldar -las indemnizaciones fijadas en la sentencia- con las v¨ªctimas sobrevivientes de su crimen o con los familiares de las fallecidas.

El ministro Belloch ha establecido las bases para una soluci¨®n econ¨®micamente viable: "Lo razonable es que primero pague el delincuente. Pero si carece de medios, l¨®gicamente debe el Estado tambi¨¦n amparar a las v¨ªctimas". Lo que procede, pues, es que la justicia active los mecanismos que tiene a mano para que el delincuente pague y que el Estado arbitre medidas alternativas para que las v¨ªctimas no queden sumidas en el desamparo.