La comisi¨®n propone que se env¨ªe al fiscal su investigaci¨®n sobre las irregularidades de Rubio

Mariano Rubio cometi¨® presuntamente "irregularidades econ¨®micas fiscales", realiz¨® operaciones financieras para "un enriquecimiento ?l¨ªcito", defraud¨® "la confianza en ¨¦l depositada" por quienes le nombraron y vulner¨® "la deontolog¨ªa profesional exigible a un gobernador del Banco de Espa?a". ?sta es la d¨¦cima conclusi¨®n del dictamen aprobado ayer por la comisi¨®n del Congreso que durante cuatro meses y medio ha investigado su gesti¨®n al frente del banco emisor. A la vista de estas responsabilidades, civiles y pol¨ªticas, la comisi¨®n propondr¨¢ al Pleno del Congreso que traslade al ministerio fiscal toda la documentaci¨®n y actuaciones que ha realizado para que "se depuren cuantas responsabilidades pudieran existir".

Las actuaciones, irregulares a las que hace referencia esta conclusi¨®n se refieren a "un enriquecimiento ?l¨ªcito, con incumplimiento de obligaciones fiscales, y globalmente reprochable" por parte del ex gobernador.Seg¨²n lo investigado, Rubio realiz¨® a trav¨¦s del despacho del agente de Bolsa Manuel de la Concha operaciones burs¨¢tiles no declaradas a Hacienda y que dieron lugar a la presunta comisi¨®n de un delito fiscal, al ocultar rendimientos por valor de 115 millones de pesetas en un a?o, y la suscripci¨®n de pagar¨¦s del Tesoro en otros sucesivos.

Las conclusiones se?alan tambi¨¦n que Mariano Rubio particip¨® en la compra de Sistemas AF, que pudo tener una participaci¨®n en el Grupo Ibercorp y que, desde su cargo al frente del Banco de Espa?a, pudo tener un trato de favor para s¨ª mismo, para sus familiares y para sus socios en Ibercorp.

Sin embargo, el dictamen final excluye cualquier referencia a un posible tr¨¢fico de influencias, tercer objeto de investigaci¨®n por parte de la comisi¨®n del Congreso, que no ha encontrado elementos suficientes para demostrar esta afirmaci¨®n. Algo que no comparten ni el Partido Popular ni Izquierda Unida, que en sus votos particulares al dictamen tratar¨¢n de justificar el posible uso de informaci¨®n privilegiada.

La redacci¨®n del dictamen final de la comisi¨®n, una vez puestos de acuerdo sus integrantes sobre los hechos imputables a Mariano Rubio, provoc¨® mayores problemas de los inicialmente previstos entre los grupos que pensaban actuar de forma conjunta. PNV, Converg¨¨ncia i Uni¨® y el PSOE protagonizaron algunas escaramuzas a las que trataron de sumarse el Partido Popular e Izquierda Unida.

La primera de ellas surgi¨® a la hora de establecer si hab¨ªa o no responsabilidades por parte de Carlos Solchaga, ex ministro de Econom¨ªa, que no destituy¨® a Mariano Rubio cuando estall¨® el esc¨¢ndalo.

La redacci¨®n final se?ala que "fueron las circunstancias de este esc¨¢ndalo las que llevaron a Solchaga a presentar su dimisi¨®n", pero que se trata de una decisi¨®n personal, "que hay que respetar y de cuya actitud se desprende la asunci¨®n de una responsabilidad pol¨ªtica que ¨¦l ha juzgado conveniente asumir". Es decir, la comisi¨®n no responsabiliza a Solchaga de nada de lo ocurrido, sino que se limita a constatar que ¨¦l consider¨® oportuno dimitir.

Responsabilidad del Gobierno

Donde estall¨® la discusi¨®n fue en otro p¨¢rrafo del dictamen en el que se se?alaban posibles responsabilidades del Gobierno o de instituciones como la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores y el Banco de Espa?a, y en el que, se se?alaba que la dimisi¨®n de Solchaga "era suficiente" y que "no se aprecia la posibilidad de proyectar responsabilidades a otros altos cargos". El p¨¢rrafo terminaba se?alando que el Gobierno conoci¨® los hechos cinco meses antes de que terminara el mandato de Rubio y que "era aceptable que en ese periodo no se hubiera procedido a un cese por razones de estabilidad econ¨®mico-financieras".

El p¨¢rrafo contaba con el apoyo inicial del PNV, Converg¨¦ncia, Grupo Mixto y Coalici¨®n Canaria. El PSOE hab¨ªa advertido que no lo aceptaba, pero se esperaba que s¨ª lo hiciera el Partido Popular. Pero esta formaci¨®n se abstuvo, argumentando que no estaba de acuerdo con la inexistencia de responsabilidades de otros altos cargos y, por tanto, el p¨¢rrafo deb¨ªa desaparecer del dictamen.

No obstante, se repiti¨® la votaci¨®n a petici¨®n de los populares, que cambiaron su intenci¨®n de voto haci¨¦ndolo en esta ocasi¨®n en contra. El PSOE hab¨ªa decidido abstenerse para no romper el consenso con CiU y PNV. Pero se perdi¨® de nuevo la votaci¨®n, ya que el Partido Popular rechazaba el p¨¢rrafo.

El PNV reaccion¨® se?alando que se hab¨ªa roto el consenso alcanzado. anteriormente y que, por tanto, no s¨®lo pod¨ªa presentar votos particulares en el pleno, sino incluso anunciar que, no participar¨ªa en la discusi¨®n del conjunto del dictamen que debe hacerse en el pleno del Congreso.

Nuevas conversaciones entre el Grupo Socialista y el PNV parecen haber logrado una nueva situaci¨®n de equilibrio que se concreta en que vascos y catalanes presentar¨¢n un voto particular que, mediante una enmienda transaccional, podr¨¢ ser aceptado finalmente por los socialistas. En todo caso se hablar¨¢ de una responsabilidad muy diluida de algunos organismos dependientes del Gobierno, que quiz¨¢ deber¨ªan haber actuado con un mayor celo.