Bancos y cajas de ahorro indagan sobre la salud de los solicitantes de cr¨¦ditos hipotecarios

"?Tiene alguna alteraci¨®n f¨ªsica o funcional? ?Le ha sido realizada alguna transfusi¨®n de sangre antes de 1987? ?Le han hecho o recomendado facultativamente un test del sida? ?Cu¨¢ndo? ?Con qu¨¦ resultado?". Preguntas como ¨¦stas formulan algunos de los m¨¢s importantes bancos y cajas de ahorro a los solicitantes de cr¨¦ditos hipotecarios. Forman parte de la declaraci¨®n sobre su estado de salud, que los clientes tienen que firmar si quieren un pr¨¦stamo para comprar una casa.

Aunque la vivienda es la garant¨ªa de cualquier cr¨¦dito hipotecario, que nunca puede superar el 80% del valor de tasaci¨®n de la misma, y aunque la ley s¨®lo obliga a suscribir un seguro de incendio, numerosos bancos y cajas condicionan la concesi¨®n del pr¨¦stamo a la suscripci¨®n del denominado seguro de amortizaci¨®n de cr¨¦ditos. Se trata de un seguro de vida cuyo beneficiario es la propia entidad financiera, que se asegura el cobro del pr¨¦stamo en caso de fallecimiento del cliente, ahorr¨¢ndose las molestias que entra?a ejecutar la hipoteca y quedarse con la casa.En todos los casos comprobados por este diario, la compa?¨ªa aseguradora es del propio banco, que realiza as¨ª un doble negocio al conceder el pr¨¦stamo. En la escritura del cr¨¦dito no figura como condici¨®n la suscripci¨®n del seguro, ya que la ley no lo prev¨¦, pero los empleados de las entidades, cuando el cliente pregunta y no da por supuesto que se trata de un requisito legal, explican que es condici¨®n indispensable para la concesi¨®n del pr¨¦stamo, junto a otros requisitos; entre los cuales la domiciliaci¨®n de la n¨®mina es el m¨¢s habitual.

Para Diego L¨®pez Garrido, catedr¨¢tico de Derecho Constitucional y diputado de Izquierda Unida, y para Jos¨¦ Antonio Mart¨ªn Pall¨ªn, magistrado del Tribunal Supremo, esta pr¨¢ctica generalizada en la banca espa?ola es ilegal. Jaime Garc¨ªa A?overos, ex ministro de Hacienda, la considera "abusiva". Francisco Tom¨¢s y Valiente, ex presidente del Tribunal Constitucional, cree "arriesgado" pronunciarse s

obre su legalidad, pero agrega que las preguntas formuladas por los bancos "rozan los l¨ªmites del derecho a la intimidad", por lo que "los tribunales deben pronunciarse al respecto y, sin duda, lo har¨¢n".

Protecci¨®n de datos

Mart¨ªn Pall¨ªn opina que las preguntas sobre la salud vulneran la Ley Org¨¢nica de Regulaci¨®n del Tratamiento Automatizado de Datos de Car¨¢cter Personal (LORTAD), cuyo art¨ªculo 4 dice: "S¨®lo se podr¨¢n recoger datos de car¨¢cter personal para su tratamiento automatizado [ ... ] cuando tales datos sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relaci¨®n con el ¨¢mbito y las finalidades leg¨ªtimas para las que se hayan obtenido". El art¨ªculo 7 de la misma ley, en vigor desde el 31 de enero de 1993, califica los datos relativos a la salud de "especialmente protegidos".

En opini¨®n del magistrado, los datos que piden los bancos son "excesivos y absolutamente superfluos, ya que van m¨¢s all¨¢

de las condiciones exigibles en un cr¨¦dito hipotecario, que no son otras que las de la vivienda. Si se tratase de un pr¨¦stamo personal o de un seguro de vida puro, es tar¨ªa justificado que el banco se interesase por la salud del clien te, pero en los cr¨¦ditos hipotecarios hay una garant¨ªa real, que es el propio inmueble, por eso la ley s¨®lo prev¨¦ su conservaci¨®n a trav¨¦s, del seguro de incendio. No se justifica que el banco irrumpa en la intimidad s¨®lo para evitarse tener que acudir a la garant¨ªa que legalmente le corresponde, que es la vivienda".Garc¨ªa A?overos no cree que esta pr¨¢ctica sea ilegal, pero sostiene que "se debe reconsiderar", pues resulta ""un poco abusivo" que el banco exija "doble garant¨ªa". En su opini¨®n, "el seguro de vida puede ser opcional, no obligatorio". De lo contrario, hay un "exceso de garant¨ªa" y un ""predominio abusivo de la entidad".

Seg¨²n L¨®pez Garrido, la exigencia de las entidades financieras vulnera la Ley General para la Defensa de los Consumidores, de 1984, cuyo art¨ªculo 10.c.12. prohibe "la obligada adquisici¨®n de bienes o mercanc¨ªas complementarias o accesorios no solicitados". Es lo que hacen los bancos, explica, al forzar a suscribir un seguro a quienes s¨®lo demandan un cr¨¦dito hipotecario.

Esta pr¨¢ctica vulnera tambi¨¦n, a su juicio, la LORTAD, no s¨®lo porque los datos sean excesivos, sino porque el consentimiento expreso que exige el art¨ªculo 7.3. para recabar datos sobre la salud no es libre. "Si protejo mi derecho constitucional a la intimidad, me sancionan no d¨¢ndome el pr¨¦stamo", explica.

Igualmente viola, asegura L¨®pez Garrido, el art¨ªculo 5 de la LORTAD, que obliga a quienes recaban datos personales a informar previamente "de modo expreso, preciso e inequ¨ªvoco"' sobre el c

ar¨¢cter obligatorio o facultativo de las respuestas, las consecuencias de la negativa a contestar o la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificaci¨®n y cancelaci¨®n, entre otros extremos. En ning¨²n formulario conocido por EL PA?S figura dicha informaci¨®n.Pese a todo ello, un portavoz del Instituto Nacional de Consumo dijo que esta pr¨¢ctica no es abusiva, salvo que se obligue a suscribir el seguro con una compa?¨ªa concreta. En realidad, los bancos no suelen explicar que se pueda hacer con otra.

La respuesta de la secci¨®n de

consultas y reclamaciones de la Direcci¨®n General de Seguros fue: "A nadie se obliga a pedir un cr¨¦dito. Los bancos pueden poner las condiciones que quieran. Ya se sabe que a los seropositivos no les dan pr¨¦stamos