Tard¨ªa renovaci¨®n

SE HA hecho esperar tanto el acuerdo alcanzado por los partidos sobre la renovaci¨®n institucional (especialmente la del Consejo General del Poder Judicial, Defensor del Pueblo y Consejo de Administraci¨®n de RTVE) y ha sido tan pr¨®digo en disparates el proceso de negociaci¨®n que ni siquiera es seguro que sea aplicable el principio de. que "nunca es tarde si la dicha es buena".El resultado no redime, en todo caso, a los partidos pol¨ªticos, especialmente al PSOE y al PP, del nada edificante lastre que han dejado tras s¨ª en el curso de unas negociaciones que han estado condicionadas m¨¢s a sus intereses partidarios que a los del sistema democr¨¢tico. S¨®lo cabe esperar que no sea esto el famoso impulso democr¨¢tico.

Las culpas contra¨ªdas por el PSOE y el PP en relaci¨®n con su deber constitucional de mantener en activo las instituciones del Estado son muchas y dif¨ªcilmente superables en cuanto a gravedad: designaci¨®n por el sistema de cuotas -tantos para ti, tantos para m¨ª-, nulo y reiterado incumplimiento de los plazos que marcan las leyes para efectuar los relevos en tiempo y, forma debidos y, llegado el caso, irresponsable y descarada instrumentalizaci¨®n de ese deber constitucional al servicio de su particular y nada diplom¨¢tica guerra de desgaste que libran en torno al poder.

Todo ello podr¨ªa pasarse piadosamente por alto si el acuerdo alcanzado ahora supusiera una ruptura clara y definitiva respecto a los m¨¦todos del pasado. Pero no parece claro. La designaci¨®n de candidatos a las seis vocal¨ªas vacantes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha obviado, al menos formalmente, el denostado sistema de cuotas. El procedimiento empleado en esta ocasi¨®n ha sido el mucho m¨¢s abierto y racional de presentaci¨®n de ternas (un partido propone tres candidatos, pero es el otro quien elige entre ellos). Pero ser¨ªa aventurado afirmar que siempre se ha tenido m¨¢s en cuenta el criterio de idoneidad de los candidatos que el de su mayor o menor proximidad al partido que los propone. El empe?o de CiU en proponer una terna de magistrados para cubrir una vocal¨ªa, del CGPJ correspondiente a un jurista de reconocido prestigio" no deja de proyectar alguna sombra al respecto, por m¨¢s que los servicios jur¨ªdicos del Estado hayan considerado la propuesta v¨¢lida. La Constituci¨®n establece expresamente la diversa procedencia de los vocales del CGPJ, a fin de garantizar su pluralismo social, profesional, e incluso jur¨ªdico. Ese pluralismo queda malparado si la vocal¨ªa en cuesti¨®n se cubre con un magistrado.

Pero esa l¨ªnea divisoria entre el pasado y el presente aparece todav¨ªa m¨¢s desdibujada en la forma en que el PSOE y el PP han designado al Defensor del Pueblo. Y no porque el candidato finalmente propuesto no cumpla los requisitos- exigibles al cargo. La probada profesionalidad de Fernando Alvarez de Miranda, su larga trayectoria democr¨¢tica, su demostrada sensibilidad hacia los derechos humanos y su digno papel institucional en los primeros a?os del actual r¨¦gimen democr¨¢tico avalan esta candidatura. Pero esa l¨ªnea divisoria ha quedado claramente desdibujada en el, proceso previo que llev¨® a. los partidos a utilizar sin ning¨²n miramiento a candidatos tan v¨¢lidos como Jim¨¦nez de Parga o Mart¨ªn Pall¨ªn, para terminar rechaz¨¢ndolos por simple sectarismo o ventajismo. Esos comportamientos quedan en el debe del PSOE y del PP.

En todo caso, no es poco que concluya un periodo de deterioro institucional que tanto ha contribuido al pesimismo y al desentendimiento pol¨ªtico de los espa?oles en los ¨²ltimos tiempos. La designaci¨®n del Defensor del Pueblo, la cobertura de las vacantes del CGPJ y el nombramiento de un nuevo Consejo de Administraci¨®n de RTVE acorde con la actual composici¨®n del Parlamento (a expensas de una reforma de su estatuto que homologue ¨¦l r¨¦gimen retributivo de sus consejeros al general de la empresa p¨²blica) cumplen, al menos, ese objetivo. Ya era hora.