La exigencia de la acci¨®n ambiental
El uso racional de la naturaleza requiere que los poderes p¨²blicos y las organizaciones no gubernamentales impulsen la informaci¨®n y la formaci¨®n sobre estos temas
En un futuro inmediato, ninguna opci¨®n pol¨ªtica podr¨¢ tener apoyos significativos si no revisa en profundidad sus postulados, incorporando entre sus prioridades la protecci¨®n del entorno y el uso racional de los recursos naturales. La preocupaci¨®n por estos temas ha dejado de ser una cuesti¨®n menor, reducto de grupos marginales o de cient¨ªficos alarmistas: un n¨²mero creciente de ciudadanos es consciente de la gravedad del deterioro ecol¨®gico del planeta y de sus consecuencias, en cuanto a la dificultad de mantenimiento del modelo actual de desarrollo.Sin embargo, a este evidente incremento de concienciaci¨®n apenas se corresponde, todav¨ªa, una respuesta adecuada en t¨¦rminos pol¨ªticos; y es que la consideraci¨®n rigurosa de la problem¨¢tica ambiental obliga a un importante replanteamiento de los objetivos de la acci¨®n p¨²blica y de los correspondientes procesos de toma de decisi¨®n. Por lo pronto, existen serias carencias en la medici¨®n de los fen¨®menos ambientales: los datos sobre la generaci¨®n de residuos t¨®xicos, sobre la calidad del agua o sobre los efectos para la salud del uso de determinados productos qu¨ªmicos no han sido objeto de una atenci¨®n y difusi¨®n comparables a las de la evoluci¨®n de la producci¨®n industrial, la relativa al volumen de agua regulada o a los puestos de trabajo creados por el sector qu¨ªmico. No son ejemplos casuales: reflejan, de manera sint¨¦tica, la existencia de dos caras de una misma moneda -el desarrollo econ¨®mico-, objeto cada una de un tratamiento muy diferente en t¨¦rminos de informaci¨®n.
Supongamos que el responsable p¨²blico dispone de todos los datos necesarios para conocer la dimensi¨®n de los problemas medioambientales:_el siguiente paso debe ser su evaluaci¨®n y, por tanto, su ponderaci¨®n en la escala de valores que orienta la acci¨®n pol¨ªtica.
Pues bien, aqu¨ª aparece un segundo escollo. La protecci¨®n del medio ambiente requiere cambios en las tecnolog¨ªas y en la estructura del sistema productivo, y nuevas pautas de comportamiento individual. A muy corto plazo, esto significa mayores costes para las empresas y la incorporaci¨®n de nuevos h¨¢bitos de vida. La tentaci¨®n, para quien asume decisiones frente a quienes les votan, es la de seguir manteniendo un espejismo de bienestar material, sin, duda todav¨ªa rentable en t¨¦rminos electorales. Ser¨ªa necesaria una presi¨®n social mucho m¨¢s intensa que la actual -como se ha dado ya en algunos pa¨ªses occidentales- para que los pol¨ªticos se vieran obligados a dar preferencia a la eficiencia energ¨¦tica respecto a la construcci¨®n de nuevas centrales t¨¦rmicas, al ahorro de agua respecto a la construcci¨®n de nuevos embalses, al transporte p¨²blico respecto a la oferta de un n¨²mero creciente de autom¨®viles per c¨¢pita. Y esa presi¨®n requiere que los ciudadanos est¨¦n mejor informados... El c¨ªrculo s¨®lo se rompe si desde los poderes p¨²blicos, con el apoyo inestimable de las organizaciones no gubernamentales y de los medios de comunicaci¨®n, se transmite la informaci¨®n adecuada y se impulsa la formaci¨®n en estos temas.
La tercera dificultad se sit¨²a en el dise?o de las soluciones concretas. El actual modelo de desarrollo se caracteriza por una progresiva especializaci¨®n en lo profesional y por un distanciamiento entre los ciudadanos -la sociedad civil- y los responsables p¨²blicos. Es absolutamente necesario, por el contrario, avanzar hacia un enfoque multidisciplinario en cualquier proceso de toma de decisiones, as¨ª como hacia una mayor participaci¨®n de los ciudadanos en la soluci¨®n de los problemas colectivos. Ambas cuestiones requieren, sin duda, una notable dosis de voluntad pol¨ªtica, capaz de estimular nuevos cauces de an¨¢lisis y de respuesta a los problemas sociales.
Por poner un ejemplo concreto, la reciente celebraci¨®n del seminario sobre el embalse de Itoiz s¨®lo puede entenderse desde la actual voluntad pol¨ªtica, impulsada desde la Secretar¨ªa de Estado de Medio Ambiente, de promover un debate transparente y riguroso sobre el impacto ambiental de la obra p¨²blica.
La simple existencia de este tipo de debates resulta de dif¨ªcil aceptaci¨®n para quienes, -todav¨ªa muy numerosos-defienden, el valor per se de cualquier inversi¨®n p¨²blica al margen de sus efectos y de las opciones alternativas de la misma. La sociedad debe tener cada vez m¨¢s herramientas para evaluar, desde un enfoque integral, la acci¨®n p¨²blica: y a la exigencia de racionalidad, en t¨¦rminos econ¨®micos convencionales, se ir¨¢ a?adiendo la exigencia de la racionalidad ambiental, entendida como el deseable uso racional de los recursos naturales.
Algunos reducen la soluci¨®n pol¨ªtica del medio ambiente a la creaci¨®n de un ministerio que re¨²na todas las competencias (?) en esta materia. Quiz¨¢ no hayan contrastado los resultados pr¨¢cticos de esta opci¨®n, sin duda positiva, pero del todo insuficiente si no se inserta en una reorientaci¨®n de prioridades, generalizada a todo el ¨¢mbito de decisiones p¨²blicas. Ah¨ª est¨¢n los ejemplos concretos de departamentos de Medio Ambiente, regionales o nacionales, infradotados de recursos humanos y materiales, pero sobre todo marginados en cuanto al dise?o de las grandes l¨ªneas pol¨ªticas de actuaci¨®n. No olvidemos que pr¨¢cticamente todas las pol¨ªticas sectoriales -y por supuesto la pol¨ªtica econ¨®mica- tienen incidencia sobre el medio ambiente.
El milenio que termina dejar¨¢ una dif¨ªcil herencia a nuestros descendientes: la responsabilidad de todos -en particular de quienes luchamos por la solidaridad y por el aut¨¦ntico progreso- es la de adelantarnos a un escenario irreversible, evit¨¢ndolo en lo posible. Y lo posible depende, en gran medida, de nuestra voluntad y de nuestra capacidad de modificar lo que muchos -quiz¨¢ porque les interesa, quiz¨¢ por falta de imaginaci¨®n- consideran inmutable.
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