El juez Moreiras fija una fianza de 65.000 millones a cuatro ex directivos de PSV

El juez de Delitos Monetarios, Miguel Moreiras, ha impuesto una fianza de 65.000 millones de pesetas a cuatro directivos de PSV -Carlos Sotos, Paulino Barrab¨¦s, Ferm¨ªn Bret¨®n y Francisco Hern¨¢ndez- en concepto de responsabilidad civil directa en el sumario que instruye por el caso PSV, seg¨²n confirmaron fuentes jur¨ªdicas. El magistrado de la Audiencia Nacional, en un auto notificado ayer, ha declarado a PSV-IGS y a la central sindical UGT responsables civiles subsidiarios para el caso de que los directivos no depositen la fianza citada.

Los 65.000 millones de pesetas tienen como objetivo asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran derivarse del proceso abierto por estafa, apropiaci¨®n indebida y falsedades en documentos mercantiles, en el que figuran como inculpados la c¨²pula directiva de PSV e IGS y parte de la anterior ejecutiva de UGT, entre los que destaca su ex secretario general Nicol¨¢s Redondo.Tanto los cuatro directivos de PSV-IGS como UGT tienen un plazo de tres d¨ªas para presentar recurso contra la decisi¨®n del juez, que en su auto advierte que en caso de que no sea satisfecha la citada cantidad, se proceder¨¢ al embargo de los bienes de los cuatro directivos, las dos sociedades, y la central sindical. Miguel Bajo y Luz Almeida, abogados de Carlos Sotos informaron ayer que presentar¨¢n recurso contra la decisi¨®n de Moreiras por entender que la fianza es excesiva.

Indicios de criminalidad

Moreiras considera que existen indicios de criminalidad en los cuatro inculpados citados "de cuyas conductas personales e intervenci¨®n ( ... ) en la gesti¨®n de IGS y de la cooperativa PSV, se han derivado graves perjuicios patrimoniales en multitud de personas". En el auto de Moreiras se se?ala que el perjuicio para los cooperativistas de PSV se eleva a "unos 49.000 millones de pesetas", si bien exige una fianza de 65.000 millones de forma solidaria entre los inculpados citados.

La cantidad, probablemente la m¨¢s alta fijada nunca en la justicia espa?ola, ha causado cierta sorpresa en medios jur¨ªdicos. No obstante, el abogado Juan Ram¨®n Montero, en representaci¨®n de la Asociaci¨®n de Dados de Baja de la PSV, hab¨ªa solicitado la imposici¨®n de una fianza de 130.000 millones de pesetas. Montero dijo ayer que la decisi¨®n est¨¢ en la l¨ªnea de lo solicitado por la asociaci¨®n a la que representa porque el juez ya acord¨® hace meses la intervenci¨®n de las letras pendientes de pago de los cooperativistas por lo que el perjuicio se redujo. El letrado de la acusaci¨®n entiende que la medida del juez Moreiras es ilustrativa y refleja la insolvencia grave en la que est¨¢ la cooperativa. Para Montero no se puede hacer la segregaci¨®n de las promociones hasta que se conozca la situaci¨®n real de PSV y despu¨¦s hacer un reparto proporcional de lo que haya.

, Miguel Bajo, por su parte, indic¨® que el auto de Moreiras s¨®lo constituye un perjuicio para los cooperativistas, porque descapitaliza IGS y PSV, e imposibilita el inicio de la construcci¨®n de las viviendas. Al mismo tiempo no permite un convenio de acreedores id¨®neo en la suspensi¨®n de pagos de IGS-PSV, dificulta la segregaci¨®n de las promociones de la cooperativa y hace pr¨¢cticamente imposible la concesi¨®n de cr¨¦ditos a los cooperativistas. En este sentido abundaron fuentes jur¨ªdicas de la UGT, quienes mostraron su preocupaci¨®n de que la medida afecte a la viabilidad del plan de segregaci¨®n de las promociones y por tanto al objetivo de construir las viviendas.

[Por su parte, el secretario general del sindicato, C¨¢ndido M¨¦ndez, afirm¨® anoche que lo que m¨¢s le preocupaba era que la medida "pueda perjudicar a la salida, que ya estaba correctamente encauzada, para el grav¨ªsimo problema que tiene los cooperativistas", seg¨²n cit¨® Europa Press.]

Mientras tanto, uno de los abogados de la acusaci¨®n Francisco M¨¦ndez Goas se?alaba: "La fianza no es tan exagerada como para no poder prestarse. Son miles de perjudicados los que han aportado sus cantidades y se les han causado da?os materiales y morales".

Adolfo Alvarado, presidente de la Asociaci¨®n Madrid Sur, una de las promociones de PSV, afirm¨® ayer que lo que debe primar es que las viviendas se terminen. "A lo mejor", precis¨® Alvarado, "esta decisi¨®n judicial es contraproducente para la separaci¨®n de las promociones y la viabilidad en, la terminaci¨®n de las casas. No obstante, se demuestra que estos se?ores ten¨ªan que estar en la c¨¢rcel".

El ¨²nico de los acusados que permanece en prisi¨®n, desde el pasado 29 de junio, es Sotos, que era presidente ejecutivo de IGS y gerente de PSV. Barrab¨¦s, que fue presidente del consejo rector de la cooperativa PSV y vicepresidente del consejo de administraci¨®n de IGS, estuvo 15 d¨ªas en prisi¨®n pero fue puesto en libertad tras constituir una fianza de 10 millones de pesetas.