24 subasteros y 23 funcionarios judiciales se enfrentan a un juicio por ama?ar pujas

VIENE DE LA P?GINA 1El fiscal describe en sus conclusiones el habitual procedimiento de la subastilla: los profesionales de la puja se re¨²nen antes de la hora fijada para la subasta oficial de un determinado inmueble al margen de la v¨ªa judicial, y all¨ª se distribuyen los bienes embargados. Consegu¨ªan as¨ª obtener el inmueble deseado a un precio m¨ªnimo, evitando que otros pujasen y por tanto, encarecieran el bien.

En su escrito, el fiscal cita varios casos en los que se recurri¨® a las subastillas. Seg¨²n sus investigaciones, el restaurante La Chuleta fue adjudicado en una de esas reuniones extrajudiciales a Ernesto Garc¨ªa L¨®pez tras un acuerdo entre ¨¦ste, Eugenio Fern¨¢ndez Loma, Antonio Mu?oz Cabeza y Alberto Fidalgo Blanco.

Relata tambi¨¦n el ministerio p¨²blico los pormenores que rodearon la subasta, celebrada en Madrid el 15 de septiembre de 1986, del edificio Braun, ubicado en M¨¢laga: Ernesto Garc¨ªa L¨®pez, Jes¨²s G¨®mez Casta?o y Eugenio Fern¨¢ndez Loma abordaron, antes de la sesi¨®n, a Mano L. L., una persona que pretend¨ªa pujar "de buena fe" por el edificio. Los acusados, seg¨²n el fiscal, convencieron a L. L. de que la ¨²nica v¨ªa que ten¨ªa para conseguir el edificio era participar en una subastilla que se iba a celebrar en las oficinas que los acusados ten¨ªan en un edificio contiguo al de los juzgados de la plaza de Castilla. "En esa subastilla", explica el fiscal, "se cedi¨® el inmueble a Ernesto Garc¨ªa y a los hermanos Eugenio y Carlos Fern¨¢ndez Loma". Los adjudicatarios, pactaron posteriormente con Mano para que les entregase casi ocho millones de pesetas si quer¨ªa quedarse el edificio. sin problemas.

Quebrar subastas

Algunos de los 47 procesados no limitaron su lucrativa actividad a las subastillas, y fueron m¨¢s lejos. El fiscal relata en su escrito, al que ha tenido acceso este peri¨®dico, decenas de presuntas irregularidades como la siguiente: en 1984, a instancias del Banco Pastor, el Juzgado de Primera Instancia n¨²mero 6 de Madrid sac¨® a subasta un piso de la calle de Arg¨¹eso porque su due?o, Antonio A. G., hab¨ªa dejado de pagar una letra. El d¨ªa se?alado para la subasta, explica el fiscal, Antonio acudi¨® al juzgado como postor para pujar por ¨¦l.

En los pasillos de los juzgados "fue abordado por varios subasteros", entre ellos Ernesto Garc¨ªa, acompa?ado del tambi¨¦n procesado Francisco Fern¨¢ndez Loma. Le dijeron, agrega el fiscal, que ten¨ªa que entregarles 100.000 pesetas si quer¨ªa que ellos no participasen como postores en la subasta. Antonio les entreg¨® todo el dinero que llevaba encima ese d¨ªa, 60.000 pesetas, y quedaron de acuerdo en quebrar la subasta. La quiebra es una artima?a legal que consiste en intentar que se declare desierta la puja para que el inmueble vuelva posteriormente a salir a subasta, pero con un precio de partida sensiblemente menor.

Al poco tiempo repitieron una triqui?uela similar en la segunda subasta, que se comprometieron tambi¨¦n a quebrar (puede haber hasta tres subastas de un mismo bien) y le dijeron que no se preocupase, que el piso se lo adjudicar¨ªan a ¨¦l sin problemas. Pasado un tiempo, el juzgado le comunic¨® a Antonio que deb¨ªa marcharse de la casa porque ¨¦sta hab¨ªa sido adjudicada a Tadeo Gulti¨¢n Vidal, quien "actuaba de acuerdo con Ernesto Garc¨ªa". Antonio se puso en contacto inmediatamente con Tadeo, quien le dijo que le ceder¨ªa el piso si le entregaba 800.000 pesetas. Antonio le dio 600.000, todo lo que hab¨ªa podido reunir.

Sin embargo, cuando Antonio cre¨ªa que el piso ya era suyo, supo que Tadeo lo hab¨ªa cedido a otra persona. El mismo d¨ªa en que la polic¨ªa fue a, su casa para desalojarle del piso, Antonio tuvo que entregar otros cuatro millones de pesetas a Ernesto Garc¨ªa.

Entre los funcionarios implicados en este surriarlo hay oficiales, auxiliares y agentes judiciales. La mayor¨ªa, salvo alguno ya jubilado, sigue trabajando en los juzgados de Madrid. Algunos fueron trasladados, tras saltar el esc¨¢ndalo, a otros servicios. Para casi todos, el acusador p¨²blico reclarna fuertes penas de inhabilitaci¨®n para el ejercicio de un cargo p¨²blico. Las penas van desde los tres a los ocho a?os de suspensi¨®n.

1 No todos los funcionarios implicados cometieron las mismas irregularidades, aunque en casi todos los casos medi¨® dinero, las denominadas astillas. Unos, por en cargo de los subasteros, se dedicaron, presuntamente, a acelelar los tr¨¢mites para echar de sus pisos a los morosos; otros, de acuerdo con los subasteros, practicaron determinadas actuaciones judiciales al. margen del juez.

Uno de los 23 funcionarios que figuran como implicados en esta trama es, seg¨²n el fiscal, el oficial de la plaza de Castilla Jes¨²s Gallego Rup¨¦rez. El fiscal le acusa de alterar un requerimiento judicial para beneficiar a uno de los subasteros procesados.

Ocurri¨® asi: el Juzgado de lo Civil n¨²mero 10 adjudic¨® en subasta en 1986 un chal¨¦ ubicado en la calle de Berlanga de Duero a Jes¨²s G¨®mez Casta?os, otro de los procesados. D¨ªas despu¨¦s, el juez avis¨® a G¨®mez Casta?os para que en el plazo de tres d¨ªas pagase el dinero del remate del piso. Si no lo hac¨ªa, el juez pod¨ªa declarar quebrada la subasta. Para poder pujar en una subasta, previamente hay que consignar un tanto por ciento del valor del inmueble. El resto debe aportarlo despu¨¦s.

Gallego Rup¨¦rez, el oficial de! juzgado que llevaba la subasta del referido chal¨¦, era amigo de G¨®mez Casta?o y de Mar¨ªa Tarri?o Mu?oz, tambi¨¦n acusados en este sumario. El 7 de junio (cuatro d¨ªas despu¨¦s del aviso), Tarri?o, en nombre de G¨®mez Casta?o, present¨® un recurso contra el aviso judicial para retrasar el pago a fin de ganar tiempo y poder encontrar a una tercera persona a la que ceder el chal¨¦.

G¨®mez Casta?o consigui¨® que el juez le diera otros ocho d¨ªas de plazo para pagar lo que a¨²n deb¨ªa. Pasado ese plazo, volvi¨® a presentar otro recurso. Finalmente, el 18 de julio, el juez le dio un ¨²ltimo plazo de ocho d¨ªas. Al ver que expiraba y que no encontraba a una tercera persona, G¨®mez Casta?o 11 entreg¨® cierta suma de dinero", explica el fiscal, al citado oficial. Este dilat¨® el requerimiento judicial otros cuatro meses, sin que el juez supiese: nada, d¨¢ndole tiempo al subastero a encontrar a la tercera persona que buscaba.

M¨¢s chanchullos

Otra de las irregularidades que el fiscal ha conseguido, a su juicio, probar, es la que se produjo en la subasta de -un piso enclavado en la denominada Ciudad de los Periodistas.

Isabel F., propietaria de la vivienda, acudi¨® al juzgado el d¨ªa de la subasta. Se le acerc¨® Mar¨ªa Francisca Tarri?o, quien estaba compinchada con Jes¨²s G¨®mez Casta?o y Ernesto Garc¨ªa L¨®pez. Tarri?o le propuso provocar la quiebra de la primera subasta si le entregaba 250.000 pesetas. Isabel le dio el dinero, y, efectivamente, la primera subasta qued¨® desierta. En la segunda, el jqez adjudic¨® el inmueble a Mar¨ªa Angeles Heras, casada con Vicente Haro, funcionario de justicia y tambi¨¦n procesado en este sumano.

Heras, su esposo y Antonio Mufloz Cabezas visitaron a Isabel en su domicilio y le pidieron una fuerte suma de dinero si no quer¨ªa perder el piso.

Isabel les dijo que no dispon¨ªa del dinero que le ped¨ªan. Tal fue el clima de acoso e intimidaci¨®n que recibi¨® le dec¨ªan que si no se marchaba del piso llamar¨ªan a la polic¨ªa que Isabel tuvo que abandonar la vivienda.