Coca¨ªna, parada y fonda en Paraguay

La bandera nacional preside el despacho del senador Carlos Romero Pereira en el edificio del Congreso de Paraguay y un mapa a gran escala de la Direcci¨®n Militar de Cartograf¨ªa detalla la divisi¨®n administrativa de un pa¨ªs que ha sido elegido como tr¨¢nsito y almac¨¦n de cargamentos de coca¨ªna colombiana, boliviana o de Per¨² hacia su destino final en Europa, Estados Unidos, Argentina o Brasil. Desde pistas cercanas a Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, despegan avionetas que aterrizan en el Chaco paraguayo; algunas lo hacen en estancias de militares corruptos y otras pernoctan en los hangares de padrinos civiles. Misiones, en la frontera argentina, o Pedro Caballero o el Alto Paran¨¢, en la divisoria con Brasil, tambi¨¦n forman parte de la ruta.Carlos Romero Pereira, senador por el Partido Colorado, sector no oficialista, forma parte de la comisi¨®n parlamentaria que investiga el asesinato del jefe de la fuerza antidrogas, general Ram¨®n Rosa Rodr¨ªguez, herido por pistoleros desconocidos el pasado 10 de octubre y rematado por un capit¨¢n a sus ¨®rdenes en el departamento que rinde cuentas al presidente Juan Carlos Wasmosy. Quienes ordenaron la ejecuci¨®n de ese general no han sido descubiertos, pero el atentado parece indicar que sus pesquisas amenazaban a quienes antes camparon a sus anchas. Romero acusa porque considera que la lucha es endeble, y en algunos casos aparente: "Eligieron Paraguay para sus operaciones de tr¨¢nsito porque no hay control de ninguna clase. En este pa¨ªs los radares no funcionan. Los del aeropuerto de la capital del Chaco no funcionan. ?C¨®mo es posible hacer un vuelo a ciegas? Es as¨ª para que no haya control". El embajador norteamericano saliente, Jon Glassman, participaba de esa tesis cuando afirm¨®: "Aqu¨ª el hampa es fuerte y goza de la protecci¨®n de altas esferas". A partir de entonces, el Gobierno de Wasmosy fue por ¨¦l y consigui¨® su retirada antes de plazo.

En 1987, dos a?os antes de la ca¨ªda de Alfredo Stroessner, el escritor Augusto Roa Bastos advert¨ªa que lo perverso de la dictadura paraguaya no era tanto la deliberada ausencia de espectacularidad represiva como la sistem¨¢tica desintegraci¨®n de toda una sociedad. La corrupci¨®n de los valores ser¨ªa el legado fundamental del. d¨¦spota. As¨ª ha sido: quebr¨® las esperanzas de millones de paraguayos en una mayor justicia social, adulter¨® los poderes del Estado y frena ahora los esfuerzos de esta fr¨¢gil democracia contra, el tr¨¢fico de estupefacientes: Paraguay es a¨²n un pa¨ªs en dif¨ªcil transici¨®n pol¨ªtica y peaje de la coca¨ªna en ruta hacia los mercados consumidores. Para detener, procesar y Castigar, Wasmosy exige pruebas en un pa¨ªs donde quien las tiene las oculta y quien debe buscarlas se inhibe por complicidad, temor o atrapado en la mara?a legal del sistema. Los paraguayos han visto de todo y de nada se sorprenden. Pocos se asombraron cuando, despu¨¦s del golpe de 1989, la precariedad de sus instituciones y las conveniencias pol¨ªticas de Washington permitieron que asumiera la presidencia el general Andr¨¦s Rodr¨ªguez, denunciado como narcotraficante.

El problema no es nuevo. Hubo momentos en que cada d¨ªa aterrizaban en la terminal del Chaco hasta 15 avionetas o cargueros con pieles, droga y autom¨®viles robados, canjea dos ¨¦stos por coca¨ªna o escolta dos por militares hasta los puntos de venta. En Asunci¨®n no extra?a esa impudicia, se?ala da frecuentemente por la prensa. "Ocurre que un capit¨¢n es destinado tres meses a la aduana de Ciudad del Este [en los bordes con Brasil] y a la vuelta se compre un BMW y se construya un chal¨¦", se?ala un corresponsal. Y como era de esperar, muchos de quienes participan del contrabando de ganado, cigarrillos o madera aspiran a meter las narices en el suculento negocio de la coca¨ªna. "Vamos a tener que promulgar una ley en la que se invierta la carga de la prueba. Los acusados deber¨¢n demostrar que son inocentes", defend¨ªa un jurista. Romero Pereira subraya que Paraguay es punto de tr¨¢nsito y blanqueo de d¨®lares desde hace muchos a?os. "Pero entiendo que la cantidad de operaciones encubiertas, con una legislaci¨®n que lo autoriza, se ha pervertido. Se han efectuado hasta 25 operaciones de ese tipo desde 1989; creo que en realidad. son formas de tr¨¢fico, porque no ha podido comprobarse que la mercader¨ªa fuese destruida cuando es decomisada y enviada a Estados Unidos. "En general", afirma, "la gente involucrada en la represi¨®n del tr¨¢fico est¨¢ muy mezclada y tuvo un pasado claro de narcotraficante". El nuevo embajador estadounidense en Paraguay, Robert Service, lleg¨® el pasado viernes con la misi¨®n de colaborar en la lucha, pero no pocos piensan que deber¨¢ vigilar primero a su propia gente.

Pr¨¢cticas de la DEA (agenta antidroga norteamericana), en colaboraci¨®n con plantillas locales de dudosa catadura, han sido repudiadas por los pol¨ªticos consultados, y una fuente oficial aludi¨® a la posibilidad de que alguien relacionado de alguna manera con las catacumbas m¨¢s siniestras de ese departamento, pero fuera del control de sus responsables, hubiera alentado el silenciamiento del general Rosa Rodr¨ªguez. "No controlamos a algunos miembros de la DEA y es posible que tampoco lo pueda hacer el Gobierno norteamericano. Se entrometen demasiado en nuestros asuntos internos". Alarmados por la situaci¨®n, congresistas comprometidos contra el narcotr¨¢fico viajaron a Estados Unidos para pedir a sus autoridades una reglamentaci¨®n m¨¢s transparente de las entregas vigiladas y acciones agresivas y eficaces contra un comercio que da?a la imagen de Paraguay y entorpece el proceso hacia la consolidaci¨®n de la democracia.