De palabra y obra

EL MINISTRO Borrell ha reiterado ante los empresarios de la construcci¨®n que no paguen comisiones por las adjudicaciones de obras p¨²blicas y que denuncien a los funcionarios que las exijan. Entre decir eso y callarse, mejor que lo haya dicho. Pero es evidente que el mensaje resultar¨ªa m¨¢s eficaz si fuera acompa?ado de pruebas pr¨¢cticas de que el Gobierno hace lo necesario para identificar y poner a disposici¨®n de la justicia a los funcionarios que, en nombre propio o de cualquier causa, exigen un porcentaje -al parecer, entre el 2% y el 5%- sobre el importe de la obra contratada. El margen de discrecionalidad que, incluso en los procedimiento s m¨¢s reglados, conserva el funcionario p¨²blico crea las condiciones objetivas para esa forma espec¨ªfica de corrupci¨®n. La experiencia de los ¨²ltimos anos indica que la invocaci¨®n a una causa m¨¢s o menos noble -"la democracia es cara"- sirvi¨® inicialmente de coartada para pr¨¢cticas que se asentaron luego sobre la confluencia de intereses diversos: los de los partidos, los particulares de los recaudadores de los partidos, los de algunos funcionarios, los de empresarios que prefer¨ªan competir en el terreno de la mordida antes que en el de la calidad o la eficacia. El uso acab¨® convirti¨¦ndose en ley (de la selva), hasta integrarse como un mecanismo m¨¢s del sistema de contrataci¨®n p¨²blica. Esas comisiones acaban encareciendo el precio final y constituyen, a la vez, un factor distorsionador del mercado.

El presidente de Extremadura neg¨® ayer, en la cadena SER, que tales pr¨¢cticas ocurran en su comunidad. Pero ya hace meses que el diputado catal¨¢n Miquel Roca reconoci¨® impl¨ªcitamente, en una asamblea de empresarios de la construcci¨®n, el secreto a voces de que los partidos pol¨ªticos espa?oles se hab¨ªan financiado con dinero procedente de comisiones relacionadas con la contrataci¨®n de obra p¨²blica. Su pregunta ret¨®rica fue si alguno de los presentes se atrever¨ªa a decir algo ante una hipot¨¦tica comisi¨®n parlamentaria de investigaci¨®n sobre la financiaci¨®n de los partidos pol¨ªticos.

El ministerio que preside Borrell ha establecido filtros complementarios orientados a garantizar la transparencia en las adjudicaciones. Por una parte, reforzando los mecanismos internos de control; por otra, incorporando a la legislaci¨®n general pautas tendentes a asegurar la objetividad de los criterios de adjudicaci¨®n. En Francia, el dictamen del comit¨¦ parlamentario que ha estudiado el problema. de la corrupci¨®n demuestra que el problema tambi¨¦n afecta a los pa¨ªses con mayor tradici¨®n de Estado fuerte y competente. Sus propuestas son similares a, las contenidas en la nueva ley de contratos de las administraciones p¨²blicas, tanto en el aspecto preventivo como en el sancionador. Pero si la norma es condicici¨®n necesaria, no lo es suficiente. Como recordaba hace poco en este peri¨®dico el catedr¨¢tico Fern¨¢ndez-Dols, especialista en el tema, m¨¢s importante que el reforzamiento legislativo anticorrupci¨®n es que "quienes tienen alg¨²n tipo de liderazgo lo ejerzan de una manera ejemplar". Que prediquen con el ejemplo.