Sentencia contra Espa?a por desproteger la vida privada perjudicada por unos vertidos

"Yo confiaba en ganar, porque iba con la verdad por delante", declar¨® ayer Gregoria L¨®pez Ostra, una ama de casa murciana de 39 a?os, rebosante de satisfacci¨®npor la victoria lograda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ayer conden¨® a Espa?a por no haber protegido su su derecho a la vida privada ?nvocado sin ¨¦xito ante los tribunales espa?oles frente alos vertidos de una depuradora instalada en 1988 en Lorca (Murcia). El tribunal notific¨® ayer en Estrasburgo esta sentencia y otras dos que condenan a Espa?a por no respetar el derecho a un juicio justo.

El tribunal ha decidido, por unanimidad, que el Estado espa?ol ha violado el art¨ªculo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos ["Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de su correspondencia"], al no amparar las demandas de L¨®pez Ostra, perjudicada por la instalaci¨®n, a unos metros de su domicilio, de una estaci¨®n depuradora de aguas y desechos de una empresa de curtidos. Y ha ordenado que se le indemnice con cuatro millones de pesetas.En cambio, ha denegado que la acci¨®n de los vertidos constituyera violaci¨®n del derecho a "no ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes". L¨®pez Ostra recuerda los v¨®mitos que sufri¨® su hija como consecuencia de los vertidos. "Entregamos a los jueces los certificados m¨¦dicos de la ni?a, pero no nos hicieron caso", se queja.

Llamada de atenci¨®n

Jos¨¦ Luis Maz¨®n, el abogado del caso, resalta que la sentencia de Estrasburgo "significa un giro de 90 grados para la jurisprudencia espa?ola y una llamada de atenci¨®n al Tribunal Constitucional sobre el alcance del derecho a la vida privada". Maz¨®n recuerda c¨®mo los jueces espa?oles nos llamaron poco menos que temerarios", dice, "y el Supremo nos reproch¨® que no sab¨ªamos lo que eran los derechos humanos de la persona".

La larga lucha jur¨ªdica se inici¨® en 1988, poco despu¨¦s de la instalaci¨®n de la depuradora, financiada por una sociedad que agrupaba varias empresas del sector del cuero. Los cuatro millones de pesetas que recibir¨¢ L¨®pez Ostra servir¨¢n para que ella, su esposo -que trabaja como conductor de una grua- y sus dos hijas, puedan pagar las letras de un piso de protecci¨®n oficial que esta familia se ha comprado en el barrio lorquino de San Crist¨®bal, lejos de los vertidos de las curtidoras, informa

La novedad de la doctrina de la sentencia de Estrasburgo, que deber¨¢ orientar a los tribunales espa?oles, es que cree necesario "un justo equilibrio entre el inter¨¦s del bienestar econ¨®mico de la ciudad de Lorca (disponer de una estaci¨®n depuradora) y el disfrute efectivo por la demandante del derecho al respeto de su domicilio y de su vida privada y familiar".Las otras dos sentencias estiman que el sistema judicial espa?ol vulner¨® el derecho a un juicio justo. En el caso de Eusebio Ruiz Torija, por no tener en cuenta una alegaci¨®n suya contra el desahucio del que fue objeto en el bar que regentaba. Y en el caso de Rita Hiro Balani, por falta (de respuesta judicial al certificado de prioridad sobre la marca Orient que aport¨®. En ambos casos, el tribunal no ha fijado indemnizaci¨®n, por estimar suficiente compensaci¨®n la sentencia.

Con las tres condenas notificadas ayer, Espa?a eleva a siete el n¨²mero de las sentencias adversas. De las cuatro anteriores, la primera, en 1988, lo fue por vulneraci¨®n del derecho a un juicio justo; la segunda (1989), por dilaciones indebidas; la tercera (1992), por violaci¨®n de la libertad de expresi¨®n, y la cuarta, en 1993, por falta de audiencia del Tribunal Constitucional.