Los ayuntamientos deben la mitad de los 40.000 millones pendientes de cobro del agua en 1993
Los ayuntamientos cobran religiosamente, unos con m¨¢s piedad que otros, la tarifa del agua, pero se les olvida repercutir la recaudaci¨®n en las confederaciones, encargadas de gestionar este recurso. Su morosidad en 1993 ascend¨ªa a 22.240 millones de pesetas, m¨¢s de la mitad de la deuda de las confederaciones, seg¨²n un informe remitido al Congreso por Obras P¨²blicas. Parte de esa deuda corresponde al canon por vertidos sin depurar. Frente a esta morosidad, los usuarios del trasvase del Tajo aportan m¨¢s de la cuarta parte de los ingresos por el consumo del agua en Espa?a.
La respuesta del Ministerio de Obras P¨²blicas a una rendici¨®n de cuentas solicitada por el Congreso sobre la gesti¨®n econ¨®mica del agua desde que entr¨® en vigor la Ley de Aguas, hace nueve a?os, es demoledora con, los ayuntamientos. Se sab¨ªa de su morosidad con las compa?¨ªas el¨¦ctricas. Ahora se conoce que sus deudas son a¨²n mayores, al sumarse los 22.240 millones de pesetas pendientes de pago a las confederaciones hidrogr¨¢ficas.De esos 22.240 millones de pesetas, m¨¢s de la mitad (54%) corresponden al canon de vertidos, una tasa establecida para financiar la protecci¨®n y mejora de la calidad de los r¨ªos adonde se evacuan los vertidos de aguas sucias. Las comunidades de regantes deben en conjunto 8.000 millones, y las empresas, otro tanto.
"Para el pago de este canon se establece un periodo voluntario, como ocurre con los plazos que los ayuntamientos habilitan para abonar la contribuci¨®n o el impuesto de veh¨ªculos, pero as¨ª como la mayor¨ªa de los ciudadanos es consciente de sus obligaciones tributar¨ªas y cumple su obligaci¨®n dentro del periodo voluntario, con el agua no ocurre lo mismo", afirma Adri¨¢n Baltan¨¢s, director general de Obras Hidr¨¢ulicas.
La administraci¨®n del agua se ve forzada a recurrir a la v¨ªa de apremio, un procedimiento muy eficaz cuando se trata de particulares. Antes de que Hacienda se eche sobre los regantes pagan y evitan los embargos. Cuando los morosos sonlos propios ayuntamientos es diferente. La pesada maquinaria administrativa se pone en juego y tarda en resolver meses, incluso a?os. Las confederaciones apelan a Hacienda, y ¨¦sta, por v¨ªa de compensaci¨®n, retiene las cantidades adeudadas de las transferencias que regularmente efect¨²a a los ayuntamientos. La persecuci¨®n no acaba ah¨ª ni suele tener buen fin, ya que las cantidades a. retener est¨¢n limitadas por la ley.
El norte tampoco paga
Dada la tradicional morosidad de los municipios, est¨¢ establecido que a la hora de saldar deudas tiene prioridad la Seguridad Social; el agua va en la cola. No fue posible ayer recabar la opini¨®n de la Federaci¨®n Espa?ola de Municipios y Provincias (FEMP) al respecto. Una portavoz indic¨® que el tema era muy complejo, dada su vinculaci¨®n con las comunidades aut¨®nomas. De los 35.351 millones facturados en 1993 del canon por vertidos autorizados, las confederaciones cobraron menos de la mitad (16.667).Llama la atenci¨®n que sea la Confederaci¨®n del Norte una de las m¨¢s afectadas (le deben 4.907 millones de los 9.133 facturados). "Deber¨ªa ser la que m¨¢s cobre, dado que es el territorio donde se concentra la mayor actividad industrial y con taminante del pa¨ªs, pero las empresas se resisten a pagar", admite Baltan¨¢s.
Por contra, los m¨¢s dispuestos a pagar el agua son los usuarios particulares y quienes se juegan el trabajo en ello, los regantes. "A pesar de su mala fama, tienen muy interiorizado el valor del agua y les compensa pagarla", a?ade Baltan¨¢s. Los beneficiarios del trasvase Tajo-Segura que la pagan a 18 pesetas el metro c¨²bico han aportado en los ¨²ltimos ocho a?os 35.418 millones de pesetas, m¨¢s de la mitad de la cantidad ingresada (77.104 millones) por el uso de agua.
El proceso que permite disponer de este recurso en el campo, las viviendas y la industria es complejo y caro. Tambi¨¦n encarece su uso devolverla limpia al mar o los r¨ªos. La Ley de Aguas establece cuatro tipos de c¨¢nones para cubrir estos costes: de ocupaci¨®n del dominio p¨²blico, de vertidos, de regulaci¨®n (embalses) y uso (canalizaci¨®n, tratamiento, depuraci¨®n ... )
El informe arroja resultados que ponen en cuesti¨®n la eficacia de la propia ley y los procedimientos de su r¨¦gimen econ¨®mico. En los ocho a?os de vigencia analizados, el informe ofrece un saldo de 142.740 millones de pesetas facturados, de los que s¨®lo se han cobrado 102.096. De esta partida, 65.638 millones corresponden a los. ingresos v¨ªa tarifa ordinaria.
En el periodo analizado, las confederaciones han invertido 400.000 millones en la construcci¨®n de embalses y conducciones en alta (hasta los dep¨®sitos municipales o sistemas de riego), pero s¨®lo han recibido de los ayuntamientos 18.000 millones por este concepto.
Seg¨²n Baltan¨¢s, la disponibilidad de estos datos "ser¨¢ ¨²til para retomar el gran debate que debe plantearse el pa¨ªs sobre la gesti¨®n econ¨®mica del agua y la posibilidad de aplicarle un precio que permita valorarla, ahorrar el consumo y racionalizar su uso".
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