Por el respeto de las reglas

No sabr¨ªa decir qu¨¦ es lo que m¨¢s sorprende de lo que est¨¢ pasando: si la evidencia ya dif¨ªcilmente contestable del tama?o de la cloaca; la apolog¨ªa de alguna grav¨ªsima clase de delincuencia y la invitaci¨®n a una cierta revuelta antiinstitucional, bajo forma de solidaridad con los nuevos imputados de los GAL, a cargo de un ex ministro y diputado; la criminalizaci¨®n de Garz¨®n por algunos medios (pol¨ªticos y de informaci¨®n); el recurso al gastado procedimiento de hacer pasar la cuesti¨®n como de Estado para llamar a un sospechoso ejercicio de comprensi¨®n ciudadana que huele a berlusconiano colpo di spugna; o el caso en s¨ª, del que parece que va camino de confirmarse algo que era un secreto a voces.Lo primero, debo confesar que me encuentra curado de espanto. Hace tiempo que hay datos m¨¢s que sobrados para pensar que aqu¨ª no ha faltado de nada en materia de transgresiones; y otros tantos que podr¨ªan abonar la impresi¨®n de que ¨¦stas parecen hallar continuidad en una exuberante tendencia a la elusi¨®n de responsabilidades pol¨ªticas. Y ?mira que se conjuga el verbo asumir!

La locuacidad del ex ministro y diputado colma en cambio cualquier capacidad de sorpresa. Podr¨¢ aceptarse que no ocurri¨® nada, e incluso que, si ocurri¨®, ¨¦l no tendr¨ªa que ver con el asunto; al fin y al cabo, s¨®lo pasaba por all¨ª. Pero ?en uso de qu¨¦ c¨®digo de reglas se puede sembrar dudas en la ciudadan¨ªa acerca de la maldad intr¨ªnseca de usos criminales como los que ahora son objeto de investigaci¨®n? Y, si alguien puede, como parece, ?d¨®nde, cu¨¢ndo y qui¨¦n tendr¨ªa que marcar el l¨ªmite? Claro que quiz¨¢ sea demasiado suponer que en esa insensata cultura extraconstitucional y prepol¨ªtica pueda. tener cabida la misma idea de l¨ªmite, o de otro l¨ªmite que no fuera el inter¨¦s del amigo y la resistencia f¨ªsica del enemigo.

El tipo de satanizaci¨®n de Garz¨®n que se est¨¢ intentando, de puro f¨¢cil, tendr¨ªa que producir sonrojo (dudo que sea momento para hablar de verg¨¹enza) en quienes la protagonizan. Sobre todo si se piensa que algunos de los que ahora esparcen dudas son juristas y otros aplaudieron la operaci¨®n n¨²mero 2. ?sta s¨ª pudo realmente cuestionarse, por burdamente instrumental del lado del partido contratante, y por llamativamente incoherente de parte del juez fichado. Tambi¨¦n podr¨¢ opinarse, como se ha opinado largo y tendido sobre el culebr¨®n de las vicisitudes posteriores. Asimismo, me parece que hay buenas razones para interrogarse -en l¨ªnea de principio- acerca de la conveniencia de que los jueces tengan tan franco el acceso a la pol¨ªtica activa y el retorno de ¨¦sta a la funci¨®n de origen. O que hombres de partido puedan acceder desde la condici¨®n de tales, como lo hace posible en algunos casos la actual Ley Org¨¢nica del Poder Judicial, al ejercicio de la jurisdicci¨®n. Y no por una cuesti¨®n de supuestas bondades o maldades inmanentes, sino por la conveniencia de que uno y otro ¨¢mbito permanezcan eficazmente separados, como lo requiera un juego de contrapesos, tan constitucional como, lamentablemente, poco operativo en nuestra realidad pol¨ªtica de estos a?os.

Ahora bien, cuando el marco legal permite hacer lo que hicieron Gonz¨¢lez y Garz¨®n y deshacer como ¨¦ste, despu¨¦s, deshizo, algunos argumentos fundados en supuestas incompatibilidades, s¨®lo podr¨ªan entenderse por raz¨®n de nervios. Porque, ?tendr¨¢ algo que ver la prohibici¨®n de rentabilizar para fines privados los conocimientos o la capacidad de influencia adquiridos durante el desempe?o de un cargo, con el uso eventual, en el ejercicio de una funci¨®n p¨²blica y con fines p¨²blicos, de datos obtenidos en otro momento diferente de la misma?

Si Garz¨®n tuvo como pol¨ªtico, a su paso por Interior, informaci¨®n sobre los GAL, lo censurable no es que hiciera ahora uso de ella, sino que no hubiera denunciado entonces. Porque la de denunciar es una obligaci¨®n incondicionada que pesa en todo tiempo y sobre todos los que tengan conocimiento de alguna actividad delictiva perseguible, de oficio. Y m¨¢s si ese conocimiento se debe al hecho de ocupar una posici¨®n tan privilegiada al respecto, como la que siempre deparan, desde el punto de vista de la informaci¨®n, los puestos de responsabilidad en ese ministerio. Por eso, el reproche, latente en algunas cr¨ªticas dirigidas a Garz¨®n, de supuesta ruptura de alg¨²n pacto de omert¨¢ impl¨ªcito en la condici¨®n de ex-hombre-de-Interior no pasa de ser un disparate. Como lo es tambi¨¦n difundir sombras sobre su actividad actual de instructor fundadas en sus afectos o desafectos pol¨ªticos.As¨ª las cosas, el ¨²nico cuestionamiento admisible y verdaderamente preocupante ser¨ªa el que tuviera por fundamento la inconsistencia de los indicios que han podido servir de base a decisiones tan impactantes como las que se han adoptado en este nuevo sumario sobre los GAL. Pero, curiosamente, sobre esto nadie parece abrigar la menor duda. Y ?sin embargo?

Sin embargo, es evidente la convergencia de diversos intentos de deslegitimaci¨®n de una actuaci¨®n que tiene todos los visos de parecer irreprochable desde el punto de vista de la legalidad. De la legalidad constitucional vigente, no se olvide. Uno de aqu¨¦llos, el m¨¢s grave por m¨¢s insidioso, es el que opera a trav¨¦s de la sugerencia de que estas ¨²ltimas incidencias judiciales crean un verdadero problema de Estado. Pero con una singular inflexi¨®n: lo que pondr¨ªa en peligro el equilibrio estatal no es la aparatosa acumulaci¨®n de ilegalidad criminal en puntos nucleares del sistema institucional, sino su descubrimiento, su persecuci¨®n desde el C¨®digo Penal. Lo que, seg¨²n eso, parece que le sienta mal al Estado no son los GAL, ni la depredaci¨®n del dinero p¨²blico, ni las complicidades o encubrimientos tambi¨¦n p¨²blicos, sino el hecho de que un juez investigue los cr¨ªmenes de los GAL y el uso delincuente de los fondos reservados. Sorprendente concepci¨®n de la salud estatal y del mismo Estado. Que ciertamente no tendr¨ªa por qu¨¦ sorprender, pues ?c¨®mo no recordar ahora otra preocupaci¨®n de Estado: la provocada en su d¨ªa por la juez Huerta y resuelta en aquella -se supone que- saludable singular clave de terapia pol¨ªtica hace bien poco, por v¨ªa de indulto?

La situaci¨®n es lo suficientemente grave, como para no escatimar preocupaciones, pero ¨¦stas tendr¨ªan que ser de ¨ªndole muy diversa de la de algunas que vemos prodigarse. Y entre ellas hay una que me parece tiene motivos para ocupar un lugar preferente. Es la preocupaci¨®n por la profunda inefectividad del universo de valores civiles formalmente vigentes; por la instrumentalizaci¨®n de instituciones y recursos p¨²blicos en funci¨®n de mezquinos intereses partidarios o particulares; por las pesad¨ªsimas hipotecas que, a estas alturas de la transici¨®n, siguen lastrando el desarrollo democr¨¢tico de este pa¨ªs.

Creo, sinceramente, que no ser¨¢ f¨¢cil salir del atolladero. Pero si en una situaci¨®n como la actual no acaba por prevalecer el respeto de las reglas, y por imponerse un recto sentido de lo p¨²blico -que tiene bien poco que ver con cierta idea patrimonial del Estado-, la salida puede llegar a hacerse realmente imposible