"Cada pleito cuesta al Estado s¨®lo 150 pesetas"

Jos¨¦ Luis Fuertes Su¨¢rez, zaragozano de 42 a?os, es el nuevo presidente de la Asociaci¨®n de Abogados del Estado, colectivo que agrupa a unos 500 letrados en toda Espa?a, de los que ejercen unos 300, la mitad de ellos en Madrid. Fuertes lleva 18 a?os en la carrera, tras ser preparado para la dif¨ªcil oposici¨®n, en 1975, por Mario Conde -"un preparador muy bueno, por cierto", dice sonriente-, mucho antes de que este abogado del Estado accediera a la presidencia de Banesto.Desde su puesto actual de jefe del Servicio Jur¨ªdico del Estado ante el Tribunal Constitucional, Fuertes contesta a las cr¨ªticas que recibe este cuerpo jur¨ªdico de ¨¦lite, cuyos miembros perciben una remuneraci¨®n media de 400.000 pesetas netas al mes: "Estamos mal pagados", dice, "y ¨¦sa es la raz¨®n de que aproximadamente la mitad se pase al sector privado".

Pregunta. Pero tampoco el Estado, que somos todos, se siente muy bien defendido por ustedes, a pesar de su prestigio.

Respuesta. El porcentaje de asuntos ganados es de un 80% sobre unos 95.000 pleitos anuales. Seg¨²n un c¨¢lculo realizado, cada proceso le sale a la Administraci¨®n p¨²blica por unas 150 pesetas, y eso sin contar los 60.000 asuntos consultivos.

P. ?No se ponen la toga con m¨¢s entusiasmo cuando cobran de un particular?

R. Es cierto que el sistema generalizado de compatibilidad favorec¨ªa ciertas corruptelas, pero desde 1986 la dedicaci¨®n de los abogados del Estado es exclusiva, excepto un 10% que tiene la compatibilidad.

P. En los juicios, el abogado del Estado es muchas veces un convidado de piedra. Se les suele acusar de pasividad.

R. Yo creo justamente lo contrario. Esa imagen que usted describe tiene visos de exactitud, pero corresponde a etapas ya superadas.

P. ?Qu¨¦ papel juegan ustedes contra la corrupci¨®n?

R. Muy activo tambi¨¦n, y m¨¢s desde que se ha creado una unidad especial operativa en materia de fraude y corrupci¨®n, que nosotros denominamos Brigada antivicio. Nos personamos en todos los procedimientos en los que puede estar perjudicado el Estado o existen indicios de delito fiscal. Por ejemplo, estamos personados en asuntos como el caso Filesa, el caso Juan Guerra...

P. Se les acusa de contribuir al colapso de la justicia, pleiteando por rutina aun en materias en las que hay jurisprudencia consolidada en contra.

R. Nos ocurre como al resto de los albogados. Pero desde la etapa de Tom¨¢s de la Quadra-Salcedo en el Ministerio de Justicia, se nos ha liberado de la obligaci¨®n de recurrir cuando la jurisprudencia adversa es firme. Ahora bien, si existe resquicio para recurrir, recurrimos y actuamos con plena autonom¨ªa profesional.

P. ?Cu¨¢l es la aspiraci¨®n de los abogados del Estado?

R. Queremos que nuestra funci¨®n tenga una relevancia mayor, que nuestro cliente reconozca m¨¢s nuestro trabajo, que utilice m¨¢s nuestros servicios. Mucho de lo que ha ocurrido en materia de corrupci¨®n ha sido por falta de la intervenci¨®n y el asesoramiento de la abogac¨ªa del Estado.

P. ?No tienen ninguna reclamaci¨®n corporativa?

R. Reivindicamos la jubilaci¨®n a los 70 a?os. Somos el ¨²nico colectivo de Justicia descolgado, frente a jueces, fiscales, secretarios judiciales e incluso registradores y notarios. Todos ellos, han conseguido elevar la edad de jubilaci¨®n forzosa de 65 a 70 a?os.

P. ?Es muy duro en eso el Ministerio de Justicia?

R. No, el ministerio nos apoya. La dificultad est¨¢ en que detr¨¢s de nosotros vienen los diplom¨¢ticos, inspectores de Hacienda y de Trabajo y dem¨¢s profesiones integradas con nosotros en la Federaci¨®n de Asociaciones de Cuerpos Superiores de la Administraci¨®n del Estado (Fedeca). Apoyamos la reclamaci¨®n de Fedeca, pero nuestro caso clama al cielo.