De la pol¨ªtica a la toga como con Franco

Nadie protest¨® cuando Baltasar Garz¨®n orden¨® detener a diversas personas por su presum¨ªa vinculaci¨®n con redes de narcotr¨¢fico, pocas semanas despu¨¦s de que dimitiera como secretario de Estado del Plan Nacional sobre Drogas, del Ministerio de Interior, y se hiciera cargo, de nuevo, del Juzgado Central de Instrucci¨®n n¨²mero 5 de la Audiencia Nacional. El magistrado se hab¨ªa atenido estrictamente a la ins¨®lita ley espa?ola introducida en 1985 por el PSOE, que permite a los jueces ensayar la pol¨ªtica y regresar a su funci¨®n judicial, incluso con "reserva de plaza", como en tiempos de Franco. ?Por qu¨¦ cuando Garz¨®n investiga a los Grupos Antiterroristas de Liberaci¨®n (GAL), destacados socialistas, coautores en 1985 de aquella permisiva ley, claman al cielo contra la tarea judicial del ex alto cargo de Interior?Garz¨®n hab¨ªa trabajado contra el narcotr¨¢fico desde el poder ejecutivo, hasta que el 6 de mayo de este a?o dimiti¨®. En septiembre orden¨® detener en Barcelona a dos polic¨ªas y a otras 11 personas, acusadas de estar integradas en una red de tr¨¢fico de drogas, y en octubre acord¨® encarcelar a seis de los 17 detenidos por su presunta pertenencia a una red de blanqueo de dinero procedente del narcotr¨¢fico. Las noticias saltaron a los peri¨®dicos y los ciudadanos que no lo supieran se enteraron de que Garz¨®n volv¨ªa a ejercer como juez y ya no era diputado en el grupo del PSOE ni trabajaba para el Ejecutivo. Pero ni siquiera a los privados de libertad se les ocurri¨® impugnar al juez reci¨¦n regresado de su excursi¨®n de nueve meses a la pol¨ªtica.

Socialistas escandalizados

Ha sido despu¨¦s, al iniciar el juez Garz¨®n actuaciones en el caso por el secuestro de Segundo Marey, atribuido al GAL, en especial tras ordenar detenciones como la del socialista Juli¨¢n Sancrist¨®bal y otros ex altos cargos policiales, cuando algunos destacados socialistas -el ex ministro Jos¨¦ Barrionuevo, el presidente del Senado Juan Jos¨¦ Laborda, el portavoz socialista Joaqu¨ªn Almunia y otros- se han escandalizado de tales iniciativas. Y han sugerido la conveniencia de que Garz¨®n se abstenga en este caso o han invocado la incompatibilidad que existe cuando se deja de ejercer en la funci¨®n p¨²blica.

Fuentes judiciales hacen notar el error de interpretaci¨®n padecido cuando se pretende la incompatibilidad de Garz¨®n. El presidente de la Asociaci¨®n Profesional de la Magistratura, Ram¨®n Rodr¨ªguez Arribas, cree que hay voluntad de "confundir a la gente" cuando se invoca la incompatibilidad de dos a?os de los altos cargos p¨²blicos en relaci¨®n con los asuntos gestionados durante su etapa en la Administraci¨®n, porque la ley "se refiere exclusivamente a las actividades privadas, no a las p¨²blicas".

El portavoz de Jueces para la Democracia, Jos¨¦ Antonio Alonso, considera "totalmente perif¨¦rico e irrelevante" para el actual cometido de Garz¨®n que haya ocupado un cargo en Interior, ya que tal hecho, dice, "no es causa de abstenci¨®n o recusaci¨®n". El magistrado del Supremo Jos¨¦ Antonio Mart¨ªn Pall¨ªn, de la misma asociaci¨®n, insiste en que la incompatibilidad afecta al trabajo privado, de modo que Garz¨®n no podr¨ªa ser contratado durante dos a?os en una empresa relacionada con la drogadicci¨®n, pero "quien regresa a su puesto p¨²blico desde un alto cargo, vuelve a dedicarse a su cometido profesional, no s¨®lo el juez, sino tambi¨¦n, por ejemplo, el inspector de Hacienda".

Fuentes jur¨ªdicas recuerdan que la reserva de la plaza judicial, al juez que va y vuelve a la pol¨ªtica, exist¨ªa durante el franquismo para aquellos nombramientos que se produc¨ªan por decreto. Se trataba de una excedencia especial que disfrutaron magistrados y fiscales -entonces pertenec¨ªan a la misma carrera- designados, por ejemplo, gobernadores civiles y jefes provinciales del Movimiento e incluso delegados provinciales de los ministerios.

El Gobierno centrista de Adolfo Su¨¢rez reform¨® la legislaci¨®n, de modo que los jueces que se iban a la pol¨ªtica ped¨ªan una excedencia voluntaria y, a su regreso, concursaban a una plaza de su categor¨ªa. Si se hab¨ªan presentado a una elecci¨®n y no obten¨ªan esca?o quedaban durante un a?o fuera de la carrera.

Tal situaci¨®n estuvo vigente hasta la llegada al poder del PSOE. Gracias a su mayor¨ªa absoluta, en 1985 resucitaron en la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial (LOPJ) la vieja reserva de plaza del franquismo, coherente en aquel sistema de "unidad de poder y divisi¨®n de funciones", pero extra?a en democracia. La LOPJ no reformada en este punto por la reciente ley que entr¨® en vigor el d¨ªa 9 de este mes establece un amplio cat¨¢logo de cargos pol¨ªticos, cuya ocupaci¨®n por jueces o magistrados implica el pase de ¨¦stos a servicios especiales. Seg¨²n la ley, "se les computar¨¢ el tiempo que permanezcan en tal situaci¨®n a efectos de ascensos, antig¨¹edad y derechos pasivos, y tendr¨¢n derecho a la reserva de plaza y localidad de destino que ocupasen".

Muchos beneficiarios

Antes de que el juez Garz¨®n hiciera uso en 1994 de la ley espa?ola, se beneficiaron de la misma, entre otros muchos, sus directos autores, el actual presidente del Consejo de Estado, Fernando Ledesma, primer ministro de Justicia del Gobierno socialista, que ascendi¨® a la categor¨ªa de magistrado del Tribunal Supremo siendo titular de Justicia, y Juan Antonio Xiol, que lo hizo siendo alto cargo del mismo departamento.

El actual ministro de Justicia e Interior, Juan-Alberto Belloch, desde 1990 hasta hoy -durante su paso por el Consejo General del Poder Judicial y el Gobierno- sigue devengando derechos en su carrera judicial, como si ejerciera su profesi¨®n de juez, a la que tendr¨¢ derecho a regresar, con reserva de plaza, el d¨ªa que cese.