A fondo

La detenci¨®n y encarcelamiento de antiguos y altos dirigentes del Ministerio del Interior y de las Fuerzas de Seguridad han creado obviamente muchas preocupaciones por la estabilidad del mismo Estado democr¨¢tico de derecho, tanto si se confirman las acusaciones como si se des mienten. Si se confirman, porque se habr¨¢ demostrado que efectivamente el Estado tiene cloacas o,en una valoraci¨®n m¨¢s radical, que el Estado puede ser tan terrorista como aquellos a los que persigue. Y si se desmienten, porque se habr¨¢ demostrado que determinados personajes detentadores de poderes p¨²blicos Juegan con fuego demasiado fr¨ªvolamente, produciendo graves da?os a personas e instituciones.Sin embargo, a mi entender, el gran problema no es si es verdad o mentira, sino un fen¨®meno todav¨ªa m¨¢s preocupante: los indicios del alto apoyo ciudadano a estos procedimientos ilegales de lucha antiterrorista (hayan sucedido o no), as¨ª como la proliferacion de arg¨²mentos te¨®ricos o de principio que los justifican. As¨ª, se afirma que a ETA solamente se la puede vencer con sus mismas armas. Adem¨¢s se argumenta que, en determinados momentos cr¨ªticos producidos por la misma eficacia y locura terrorista no hab¨ªa m¨¢s remedio que acudir a estos procedimientos expeditivos precisamente para defender la democracia, el Estado democr¨¢tico, como as¨ª han hecho otros -pa¨ªses "desarrollados y democr¨¢ticos" de nuestro entorno pol¨ªtico. Incluso se a?ade un argumento especialmente sutil: desvelar que un Estado democr¨¢tico puede tener horribles cloacas es un atentado contra el Estado de derecho.

Aunque los problemas que plantea la existencia del GAL son, de una enorme complejidad, me gustar¨ªa argumentar que la mejor. manera de defender el Estado democr¨¢tico de derecho no es permitirle estas debilidades.A mi modesto entender, ni la eficacia indiscriminada como m¨¢ximo criterio para acabar con el terrorismo ni los motivos de ex cepci¨®n pueden justificar que el Estado se convierta en terrorista. Esos procedimientos tienen una eficacia inmediata muy limitada, y a la larga fomentan todav¨ªa m¨¢s, por no decir legitiman, el terrorismo asesino. Por consiguiente, entiendo que no hay que temer que representantes del Estado -incluso al m¨¢s alto nivel- se puedan sentar en el banquillo puedan ir a la c¨¢rcel. Estoy convencido de que, la mejor manera de defender el Estado democr¨¢tico de derecho es posibilitar, animar y colaborar a que los mismos mecanismos institucionales y le lleguen hasta el final, vayan al fondo y a fondo en el descubrimiento, enjuiciamiento y penalizaci¨®n de lo que algunos aparatos estatales hayan hecho, en contra de la legalidad dernocr¨¢tica. Me parece enormemente peligroso recuperar un falso y mal entendido concepto de raz¨®n del Estado y un peligros¨ªsimo concepto de excepci¨®n o de excepcionalidad para hacer mangas y capirotes de la legalidad democr¨¢tica. A pesar de todos los defectos e insuficiencias del Estado democr¨¢tico de derecho, no podemos volver a un todo vale y a un maquiavelismo o realismo pol¨ªtico, donde la eficacia y el ¨¦xito del poder establecido prima sobre cualquier otro valor pol¨ªtico o moral.

Favorecer los argumentos de la ,"raz¨®n de Estado" o del "estado de excepci¨®n" (Carl Schmitt) es caer en los mismos fosos de irracionalidad que comporta el terrorismo nacionalista. Significa aceptar y asumir que "el fin justifica los medios".. Pero lo grave es que no hay un cat¨¢logo de fines que justifiquen determinados medios poco razonables, ni hay un tribunal que pueda decidir sobre la proporcionalidad entre los medios y los fines. Perd¨®n, s¨ª hay un cat¨¢logo y s¨ª hay un tribunal. Ese cat¨¢logo de fines y de medios (incluso violentos) se establece por medio de la democracia parlamentaria, en la que se funda un Estado democr¨¢tico de derecho. Claro que se puede utilizar la violencia contra la violencia. ?sta era la tesis, por ahora incontrovertida, de Kant sobre la naturaleza coactiva del derecho: la remoci¨®n violenta de los obst¨¢culos, violentos que impiden el ejercicio de las libertades. La diferencia entre el Estado y el terrorismo est¨¢ precisamente en que un Estado democr¨¢tico plantea p¨²blicamente, y desde razonables niveles de igualdad, libertad y participaci¨®n, cu¨¢les son los medios y las sanciones (legalidad) que deben utilizarse para combatir la violencia que da?a vidas y libertades. El Estado democr¨¢tico de derecho introduce as¨ª una importante dosis de racionalidad en el uso de la violencia para la resoluci¨®n de los conflictos sociales. Lo que no se puede permitir es que esa resoluci¨®n de los conflictos se haga desde la clandestinidad o desde el secreto porque ello fundamentar¨ªa la arbitrariedad de los que deciden los medios y los fines. ?l mismo Kant sosten¨ªa que todo aquello que ten¨ªa que decidirse en secreto no pod¨ªa ser justo. Por consiguiente, la racionalidad de, la violencia del Estado -con todas las limitaciones que se quieran- o la menor irracionalidad de la violencia del Estado frente a la de otros grupos (como podr¨ªan ser los terroristas) est¨¢ precisamente en su democraticidad, y la democracia implica respeto de las reglas establecidas por las mayor¨ªas sociales y su publicidad. Todo lo que, sea que el Estado no juegue dentro de este campo le convierte en otro grupo terrorista, sin duda m¨¢s capacitado para ejercer la violencia y m¨¢s favorecido al disponer de m¨¢s medios de comunicaci¨®n y de m¨¢s aparatos ideol¨®gicos para justificarla. Concluyendo, el Estado de derecho no se puede permitir caer en la trampa de que para vencer al terrorismo tiene que hacerse terrorista. El ejemplo que durante muchos A?os han estado dando el pueblo espa?ol y sus Fuerzas de Seguridad, un ejemplo de entereza, de rabia contenida, a pesar de las enormes heridas que en familias concretas hac¨ªa un terrorismo inmisericorde y asesino, ha. sido la mejor arma contra el terrorismo. Los terroristas siempre han que rido demostrar que los otros, el Estado espa?ol, eran, peor que ellos. Y eso no han podido jam¨¢s derno¨¢trarlo. La mancha de los GAL el por eso, aunque peque?a, enormemente peligrosa. No hay que caer en una desesperaci¨®n que, aunque comprensible, no debe justificarse desde quienes tienen la. responsabilidad pol¨ªtica de dirigir un Estado y mucho menos desde los niveles de la teor¨ªa jur¨ªdica y pol¨ªtica. Hay que huir de caer en el argumento de que "no hay otra soluci¨®n" porque estamos en circunstancias excepcionales. Pienso que el estado de excepci¨®n es una categor¨ªa pol¨ªtica enormemente peligrosa y rechazable en su id¨ªlica pretengi¨®n incluso de salvar al Estado democr¨¢tico. La mejor manera de salvarlo es que se llegue hasta el final, que se vaya a fondo y que se descubra todo lo que se haya hecho al margen de la legalidad democr¨¢tica.

No se defiende al Estado democr¨¢tico tapando sus lacras o sus actuaciones delictivas. Si del caso de los GAL se derivaran responsabilidades penales para los encausados e incluso para otros responsables pol¨ªticos de m¨¢s alto nivel, no pasar¨ªa nada: el Estado democr¨¢tico de derecho se habr¨¢ afianzado como democr¨¢tico y derecho. Lo otro, disculpar actuaciones delictivas por causa de circunstancias excepcionales, eso s¨ª que es da?ar gravemente la conquista hist¨®rica del Estado democr¨¢tico de derecho, y ser¨ªa adem¨¢s volver a unos niveles de irracionalidad jur¨ªdica y pol¨ªtica que favorecen la aparici¨®n de salvadores patrioteros que no van puntualmente a acabar con una situaci¨®n insostenible, sino que van a establecer una dictadura o un Estado sin democracia y sin un derecho que sea expresi¨®n de la voluntad mayoritaria.

es catedr¨¢tico de Filosof¨ªa del Derecho y presidente de la Sociedad Espa?ola de Filosofia Jur¨ªdica y Social.