Los cocaleros se pliegan al plan duro de erradicaci¨®n
"Aqu¨ª cultivar arroz y ma¨ªz es estar en la olla (perdido). La coca es lo ¨²nico que resuelve toda necesidad", afirm¨® al telediario NTC, de Bogot¨¢, Bel¨¦n Arenas, joven campesina del departamento (provincia) del Putumayo, en el sur de Colombia, donde 1.500 cultivadores de la hoja hab¨ªan sostenido hasta el pasado viernes un paro radical contra la fumigaci¨®n de los plant¨ªos, determinada por la operaci¨®n Resplandor, concertada con las autoridades antidroga de EE UU. El plan de erradicaci¨®n de cocales ser¨¢ el m¨¢s vasto desarrollado hasta ahora en la regi¨®n andina y, se sustenta en que, seg¨²n la DEA, (Departamento Estadounidense Antidroga), este pa¨ªs concentra. el 13% de la producci¨®n mundial de coca, sobrepasando su tradicional papel de procesador de coca¨ªna y llenando el espacio dejado por la merma de los plant¨ªos il¨ªcitos en Per¨² y Bolivia.El ministro de Gobierno (Interior), Horacio Serpa, se comprometi¨® con delegados campesinos a que el presidente, Erneste, Samper, viajar¨¢ a Mocoa, capital del Putumayo, para asistir a un consejo de Gobierno que adopte medidas de emergencia.
"Este Gobierno no necesita para nada que organicen actividades fuera de la ley, pues esa no es la forma de dialogar con el Gobierno. La Administraci¨®n Samper es sensible a las necesidades de los colombianos", hab¨ªa dicho Serpa al negarse a conversar con los huelguistas mientras mantuvieran la toma de las instalaciones petroleras. Aunque Serpa refleja el ala m¨¢s progresista del Gabinete de Samper, la operaci¨®n Resplandor constituye una camisa de fuerza: por eso tambi¨¦n afirm¨® que con respecto a la fumigaci¨®n de los cocales con el herbicida glifosato "no hay nada que negociar. Hay una posici¨®n clara que ellos
[los campesinos] y el pa¨ªs conocen".
En los 17 d¨ªas que dur¨® la huelga, levantada despu¨¦s de que el Ej¨¦rcito desplaz¨® a 1.000 soldados de las fuerzas especiales a la regi¨®n y cuando el Gobierno se comprometi¨® a atender priori tariamente reclamaciones de tipo social, la toma campesina de seis estaciones de la empresa estatal de petr¨®leos redujo la producci¨®n diaria de crudo de 11.500 a 4.000 barriles, ocasionando p¨¦rdidas de 2,5 millones de d¨®lares (unos 300 millones de pesetas). Hasta finales del a?o pasado, cuando estall¨® el primer paro campesino contra la fumigaci¨®n a¨¦rea con glifosato en el departamento del Guaviare, que seg¨²n el director de la polic¨ªa, general Roso Jos¨¦ Serrano, "es un mar de coca", parec¨ªa que el nuevo Gobierno liberal, que tom¨® posesi¨®n en agosto, dar¨ªa un tratamiento menos represivo al problema de los cultivos il¨ªcitos.
Sin embargo, el hecho de que los paros y las protestas contra la fumigaci¨®n est¨¢n alentados por la alianza entre narcotraficantes y guerrilleros que defienden una industria que, s¨®lo en el Guaviare, les rentar¨ªa anualmente 5.600 millones de d¨®lares, impuso la l¨ªnea dura en el consejo extraordinario de la direcci¨®n nacional de estupefacientes, realizado el 22 de diciembre, donde se abri¨® paso la operaci¨®n Resplandor. Ya no ser¨¢n tres sino 12 los aviones destinados a fumigar los plant¨ªos, generalmente intercalados con cultivos de yuca y pl¨¢tano, y los sobrevuelos que se efectuaban dos veces por semana ser¨¢n diarios en jornadas de 10 horas; la meta es eliminar las 40.000 hect¨¢reas que se afirma est¨¢n sembradas de coca.
Pilotos estadounidenses
La envergadura del nuevo plan fue definida por el periodista Germ¨¢n Castro Caycedo, director del telediario AMPM, como de mayores alcances, en extensi¨®n y efectos sobre la poblaci¨®n civil, que el empleado en Vietnam. En informes que prepar¨® para la emisi¨®n del domingo, Castro Caycedo incluy¨® testimonios seg¨²n los cuales actualmente en Colombia hay pilotos estadounidenses empe?ados en la fumigaci¨®n de los cocales, lo que supone una violaci¨®n de la soberan¨ªa y se convierte en un factor de agudizaci¨®n del conflicto.
De hecho, ya en el departamento del Caquet¨¢ se dio la voz de alerta: el cabildo municipal de Florencia, la capital, se opone a la fumigaci¨®n porque, seg¨²n el concejal ?scar Conde, quedar¨ªan desamparadas 85.000 familias. Tambi¨¦n el procurador (fiscal) general, Orlando V¨¢zquez, quien hasta antes de la aprobaci¨®n de la operaci¨®n Resplandor se opuso a la fumigaci¨®n, expres¨® sus temores por el desenlace que pueda tener el conflicto en curso. "La utilizaci¨®n de la fuerza conduce a la radicalizaci¨®n y conlleva el riesgo de desencadenar un conflicto de consecuencias impredecibles".
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