Ulises y las sirenas

Las contestaciones dadas anteayer por el presidente del Gobierno a I?aki Gabilondo fueron una caliente mezcla de afirmaciones tranquilizadoras, amenazas veladas, negaciones de evidencias, salidas evasivas y mensajes contradictorios. La tendencia caracteriol¨®gica de Felipe Gonz¨¢lez a esperar la salida del arco iris tras la 1 tormenta adopt¨® esta vez un tono de firmeza cercano al temple autoritario. La invocaci¨®n a la presunci¨®n de inocencia de los acusados en el caso Marey fue la clave de arco de su intervenci¨®n televisiva. Es una muestra de rigidez, sin embargo, dar id¨¦nticas respuestas a situaciones cambiantes. Desde que la sentencia dictada por la Audiencia Nacional en 1991 y confirmada por el Supremo en, 1992 conden¨® a, 108 a?os de prisi¨®n a Amedo y Dom¨ªnguez, los avales de Felipe Gonz¨¢lez en. materia de terrorismo de Estado son inanes; el desmentido judicial a su rotunda afirmaci¨®n -en julio de 1988- de que nunca habr¨ªa pruebas para encarcelar a los dos ex polic¨ªas deber¨ªa hacerle: m¨¢s prudente a la hora de lanzar ¨®rdagos sobre la inexistencia de toda conexi¨®n entre los aparatos de seguridad y los cr¨ªmenes de los GAL.

Desde hace a?os, la estrategia de los socialistas para enfriar las denuncias de corrupci¨®n y terrorismo de Estado ha sido promover su judicializaci¨®n con la esperanza de que la lentitud de los tr¨¢mites sumariales les permita ganar tiempo, los defectos de forma provoquen la nulidad de las actuaciones y las dificultades probatorias propicien sentencias absolutorias. A mediados de 1994, la detenci¨®n del ex gobernador del Banco de Espa?a, la huida del ex director de la Guardia Civil modificaron parcialmente esa doctrina; en ambos casos, la exigencia de responsabilidades pol¨ªticas complet¨® la petici¨®n de responsabilidades penales. Anteayer, sin embargo, Felipe Gonz¨¢lez regres¨¦ a la ortodoxia primitiva: mientras el Supremo no dicte sentencia firme sobre los nuevos sumario de los GAL y de los fondos reservados, los acusados no s¨®lo estar¨¢n amparados por la presunci¨®n de inocencia, sino que podr¨¢n querellarse contra quienes se hagan eco de esas imputaciones.

M¨¢s de cinco a?os transcurrieron entre la apertura del caso Amedo y la sentencia con que el Supremo confirm¨® la condena dictada por la Audiencia Nacional contra los dos ex polic¨ªas y mostr¨® el error del presidente del Gobierno al apostar por su inocencia; se requerir¨ªa un plazo no inferior digamos 1999- para que una eventual sentencia firme del Supremo sobre el caso Marey permitiese la verificaci¨®n judicial del nuevo aval dado por Felipe Gonz¨¢lez. La noticia del afloramiento de una cuenta en Suiza a nombre de Amedo y Dom¨ªnguez, presuntamente alimentada por fondos reservados del Ministerio del Interior, evoca una reflexi¨®n parecida; aunque la informaci¨®n fuese correcta, el Poder Judicial tardar¨ªa un lustro en remontar la corriente y llegar a los manantiales de la financiaci¨®n de los GAL.

La intervenci¨®n televisiva de Felipe Gonz¨¢lez no oper¨® sobre una sociedad homog¨¦nea; los diferentes niveles de informaci¨®n crean una gran distancia entre una minor¨ªa conocedora de las interioridades de la vida pol¨ªtica nacional y una mayor¨ªa ajena a ese tipo de conocimientos. De ah¨ª que las palabras en televisi¨®n del presidente del Gobierno hayan tenido seguramente efectos contradictorios en funci¨®n de esos p¨²blicos diversos: una parte tal vez mayoritaria de la sociedad respirar¨ªa anteanoche con alivio; otros sectores, sin embargo, sentir¨ªan confirmados sus temores sobre la implicaci¨®n estatal de los GAL. Movido por el miedo a naufragar en los arrecifes de la isla de las sirenas, Ulises se amarr¨® al m¨¢stil del nav¨ªo y tapon¨® los o¨ªdos de los marineros para que no pudieran escuchar los cantos de perdici¨®n procedentes de sus costas; no es seguro, sin embargo, que el electorado socialista pudiera mantenerse sordo a las informaciones incriminadoras sobre los GAL y los fondos reservados si la actual escalada de revelaciones continuase nutriendo los sumarios judiciales.