Prisiones se niega a desmantelar los sistemas de escucha en las c¨¢rceles y dice que "est¨¢n apagados"

Dos jueces de Vigilancia Penitenciaria han instado a Instituciones Penitenciarias a clausurar los micr¨®fonos y grabadoras instalados en los locutorios de las prisiones de Alcal¨¢-Meco (Madrid), Salamanca y Brie va (?vila), sugiriendo incluso "casos de intervenci¨®n ileg¨ªtima" de comunicaciones, entre presos y abogados. Pero Prisiones se niega a desmantelar esos aparatos permanentes de grabaci¨®n y a revelar d¨®nde los tiene. Jueces y Administraci¨®n est¨¢n enzar zados en un pleito de competencias, en el que Instituciones Penitenciarias rechaza que los jueces puedan decidir sobre la existencia o no de sistemas de escuchas en las c¨¢rceles y alega que, aunque los micr¨®fonos existen, "est¨¢n apagados".

Todos los jueces de vigilancia de Espa?a han sido requeridos por la Asociaci¨®n Libre, de Abogados (ALA) para que investiguen si en los centros bajo su jurisdicci¨®n existen aparatos de escucha permanente.Dos conflictos han surgido recientemente respecto a la existencia de aparatos de escuchas y grabaci¨®n en Alcal¨¢-Meco y Salamanca. El caso de la c¨¢rcel madrile?a se arrastra desde el 10 de mayo de 1993, cuando el juez de Vigilancia Penitenciaria n¨²mero 3; Francisco Racionero, orden¨® la "clausura, levantamiento o inutilizaci¨®n"' de esos sistemas.

La anulaci¨®n como prueba de la grabaci¨®n de la conversaci¨®n entre el abogado Txemi Gorostiza y el etarra Juan Ignacio de Juana Chaos hab¨ªa desencadenado esa medida, apoyada el 24 de junio por una sentencia del Tribunal Constitucional, que, en un cambio de actitud respecto a un fallo anterior, prohib¨ªa interferir. la comunicaci¨®n entre terroristas y abogados, sin un mandamiento judicial previo y por escrito.

Pleito con los jueces

La Administraci¨®n se enzarz¨® entonces en un largo pleito contra la orden de retirada de micr¨®fonos, que ha sido confirmada por las distintas instancias judiciales. Ahora el asunto se encuentra en manos del Tribunal de Conflictos de Jurisdicci¨®n, -que decidir¨¢ si los jueces de vigilancia pueden ordenar la destrucci¨®n de los sistemas (le grabaci¨®n, que Prisiones cree que ha instalado legalmente, en uso de una facultad que le compete, y utilizado leg¨ªtimamente.

El juez Racionero tuvo que dar marcha atr¨¢s y ordenar, el 5 de enero, el "precintado provisional" de los aparatos de escucha pero no su inutilizaci¨®n, al menos hasta que decida el tribunal de conflictos. El viernes la Guardia Civil acudi¨® a Alcal¨¢-Meco para comprobar que los aparatos estaban desconectados y precintados, seg¨²n fuentes penitenciarias.

Justo la semana pasada, el juez de Vigilancia Penitenciaria n¨²mero 1 de Castilla y Le¨®n, Jos¨¦ Luis Castro, ordenaba la clausura e inutilizaci¨®n de los micr¨®fonos y grabadoras de la prisi¨®n de Salamanca, donde en un auto del viernes pasado el juez aseguraba que hab¨ªa descubierto 7 micr¨®fonos: dos en los locutorios para las comunicaciones preso-abogado y cinco en las cabinas para hablar con los familiares.

Era un descubrimiento relativo, porque el 23 de junio de 1994 el director general de Instituciones Penitenciaria, David Beltr¨¢n, comunic¨® por carta al juez que de las c¨¢rceles bajo su supervisi¨®n hab¨ªa sistemas de escucha en Brieva, de la marca Nutr¨®nica, y Salamanca. En este penal los micr¨®fonos fueron instalados despu¨¦s de que un juzgado de Alcobendas (Madrid) ordenara intervenir las comunicaciones a un preso para investigar el secuestro de la joven madrile?a Anabel Segura.

Instituciones Penitenciarias ya ha recurrido la orden del juez Castro y esperar¨¢ a que se resuelva el conflicto jurisdiccional. De momento, alega que el hecho de que el sistema de grabaci¨®n "pudiera ser susceptible de uso ilegal" no puede justificar su desmantelamiento y, a?ade, es mejor que est¨¦n instalados por si alg¨²n juez ordena intervenir una comunicaci¨®n. Por lo pronto, prefiere no revelar en cu¨¢les de las 80 prisiones espa?olas, con casi 50.000 reclusos, tiene montados sistemas de escucha y grabaci¨®n permanente.

Los abogados de ALA sostienen que la mera instalaci¨®n de los micr¨®fonos, ordenada bajo el mandato de Antoni Asunci¨®n, es un acto arbitrario, fomenta las escuchas indiscriminadas e incontroladas y supone que prisiones abandona la pol¨ªtica penitenciaria para hacer tareas policiales.