Sala dice que los jueces no deben estar en la lucha pol¨ªtica

El presidente del Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Supremo, Pascual Sala, se pronunci¨® ayer en contra del llamado "gobierno de los jueces", porque ¨¦stos, "no est¨¢n llamados a gobernar", y "no les corresponde adoptar decisiones pol¨ªticas", seg¨²n afirm¨® en una conferencia sobre Pol¨ªtica, Justicia y Estado de Derecho, pronunciada en el Colegio Mayor Castilla de Madrid. Sala advirti¨® que las decisiones pol¨ªticas "han de combatirse pol¨ªticamente, en sede parla mentaria, por quienes forman parte de ella o ante la opini¨®n p¨²blica mediante un debate democr¨¢tico. Pero no se puede luchar contra ellas movilizando a los tribunales de justicia".

Record¨® que la expresi¨®n "gobierno de los jueces" procede de la confrontaci¨®n producida en Estados Unidos, en los a?os treinta, entre el Congreso y Supremo, al declarar ¨¦ste sistem¨¢ticamente inconstitucionales las leyes de Roossevelt. La controversia se. sald¨® con la derrota de las posiciones del Tribunal, "que desde entonces no ha vuel

to a enfrentarse sistem¨¢ticamente al Legisltivo y al Ejecutivo para imponer su particular visi¨®n de la sociedad".Sala calific¨® de "patol¨®gico" un supuesto de "actuaci¨®n de jueces, integrados en un movimiento u organizaci¨®n corporativa de facto [sin reconocimiento oficial], que hubiera asumido una funci¨®n regeneradora del cuerpo social", si bien precis¨® que no se estaba refiriendo al movimiento italiano Manos Limpias. Seg¨²n dijo, esa hip¨®tesis, "por fortuna inexistente", estar¨ªa en Espa?a la margen de la ley.

El presidente del Supremo dijo que la Constituci¨®n y las leyes ap¨¢rtan a los jueces "del campo de la pugna pol¨ªtica y les obligan a ajercer, de modo exclusivo, su tarea jurisdiccional.

Por su parte, Jueces para la Democracia se adhiri¨® al manifiesto sobre el caso GAL y contra el Gobierno promovido por la Asociaci¨®n Pro Derechos Humanos e, insisti¨® en que "lo importante en este asunto es que se investiguen los hechos con toda profundidad, con arreglo a exclusivos criterios de legalidad".

El secretariado de esta asociaci¨®n judicial progresista se?al¨® que, frente a los delito; contra la vida y la libertad que se inves¨ªigan, el poder "reacciona con ceremonias de la confusi¨®n, destacando problemas procesales cuya resoluci¨®n est¨¢ prevista en las leyes"

Asesinatos

El Sindicato Unificado de Polic¨ªa (SUP) hizo p¨²blica ayer una resoluci¨®n de su direcci¨®n en la que asegura: "No nos han dolido igual los asesinados por los GAL que los asesinados por ETA". El sindicato asegura que comparte "el fin que persegu¨ªan los GAL cuando nacieron: acabar con el santuario de que dispon¨ªa ETA en Francia, que les permit¨ªa actuar casi con 'absoluta impunidad", pero agrega que "no comparte los m¨¦todos".

Los dirigentes del SUP explican: "No estamos convencidos de que Felipe Gonz¨¢lez desconociera la acci¨®n de los GAL, sino m¨¢s bien todo lo contrario". Pero a?aden que, "si en la creaci¨®n de los GAL han participado altos funcionarios del Estado, o si lo han permitido o si no han hecho en su tiempo todo lo exigible para acabar con sus cr¨ªmenes, el Gobierno deb¨ªa haber aceptado su responsabilidad y asumir el precio pol¨ªtico por indultar a Amedo y Dom¨ªnguez en cuanto ello fue jur¨ªdicamente posible".

Dentro de sus planteamientos para apoyar el fin que persegu¨ªan los GAL, el SUP razona: "No hab¨ªa posibilidad legal de luchar con eficacia contra ETA. en 1983 [a?o en que surgieron los GALI. Pasar a Francia, investigar, recabar informaci¨®n era y es alegal. Pero ?estaba justificado, sin el apoyo franc¨¦s, que polic¨ªas espa?oles cruzaran la frontera para recabar informaci¨®n que permitiera luchar contra ETA? Nosotros decimos que, siendo alegal, era necesario hacerlo".

El sindicato policial cree que el caso GAL hubiera tenido m¨¢s garant¨ªas si lo hubiera instruido un juez diferente a Baltasar Garz¨®n y a?ade que "las sombras de duda sobre la escrupulosidad jur¨ªdica del procedimiento ( ... ) posiblemente se hagan mayores en el futuro".