Empleo quiere llegar a la v¨ªa penal para recuperar las subvenciones dadas a Ibercoop

El ¨²ltimo informe remitido a la Asamblea de Madrid por la Direcci¨®n Regional de Empleo, que concedi¨® 69 millones a un grupo de 12 empresas relacionadas con la cooperativa Ibercoop por informes falsos, reconoce la, necesidad de ejercer acciones penales contra los empresarios por fraude de subvenciones. Hasta ahora, tan s¨®lo se hab¨ªan emprendido acciones civiles -que no implican penas de prisi¨®n- para recuperar el dinero concedido.

Esas subvenciones motivaron el fin de la carrera p¨²blica del ya ex director regional de Empleo Juan Navarro, quien dimiti¨® el 22 de diciembre tras conocerse que hab¨ªa adjudicado, entre 1989 y 1991, 42 ayudas por 235 millone a un grupo empresarial con el que antes hab¨ªa estado relacionado. Navarro a¨²n no ha sido sustituido. Una de las empresas matriz del grupo, Ibercoop, fue fundada por ¨¦l, y otra, Hades 87, le contrat¨® como profesor para un curso.

El estudio jur¨ªdico elaborado en la Consejer¨ªa de Econom¨ªa afirma que puede considerarse intencionada la presentaci¨®n de unos "simulacros de estudios" por parte de este grupo empresarial. "

[Los estudios] no se ajustan a los proyectos presentados, est¨¢n copiados unos de otros, hasta el punto de no sustituir las denominaciones de las empresas ( ... ) tendentes a acreditar de manera puramente formal el cumplimiento de los requisitos de la ayuda", resume el informe.

Estudios no realizados

Los dirigentes de la Comunidad entienden que, en todos los casos subvencionados (22 en tres a?os), los "estudios para cuya realizaci¨®n, se concedieron las subvenciones no se realizaron".

La relaci¨®n entre todas las empresas del grupo Ibercoop que defraudaron a la Comunidad hace pensar a los juristas regionales que existe "un ¨²nico fraude de subvenciones perpetrado por el mismo grupo de personas". "Esta tesis de un ¨²nico delito, cometido a trav¨¦s de una pluralidad de instrumentos, permitir¨ªa incriminar incluso a aquellos que obtuvieron subvenciones inferiores a 2,5 millones de pesetas", explican.

La Consejer¨ªa de Econom¨ªa ha rescatado una sentencia del Tribunal Supremo, de 10 de julio de 1992, para reforzar sus acusaciones de presunta estafa. La sentencia afirma: "La obtenci¨®n y disfrute fraudulento de subvenciones presenta similitudes morfol¨®gicas con el delito de estafa com¨²n. La estafa existe en cuanto que se produce el desplazamiento patrimonial indebido y el consiguiente enriquecimiento injusto en virtud de la maniobra enga?osa desplegada por el procesado ( ... )".

La comisi¨®n que investig¨® el caso Ibercoop tan s¨®lo se atrevi¨® a remitir la documentaci¨®n al Fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid por si se hubiera producido alg¨²n delito.