Qu¨¦ pasa aqu¨ª

La forma interrogativa del t¨ªtulo no anuncia respuestas categ¨®ricas ni soluciones arbitristas, sino que encierra una invitaci¨®n a la reflexi¨®n: la ra¨ªa y la del lector. Escribo mis dudas, que son muchas, m¨¢s que mis certezas, que son pocas y versan s¨®lo sobre cuestiones de principios. Para aclarar mis ideas adopto un enfoque cronol¨®gico.?Qu¨¦ pas¨®, entonces? Entre 1983 y 1987 los veintitantos asesinatos y secuestros atribuidos al GAL fueron, otros tantos monstruosos cr¨ªmenes. Justificarlos o disculparlos en nombre de la eficacia o de la raz¨®n de Estado ser¨ªa, entonces, ahora, aberrante. La raz¨®n de Estado del Estado de derecho es, el derecho, o, mejor todav¨ªa, los derechos, sobre todo los fundamentales de los ciudadanos. Censurar s¨®lo la torpeza con que se cometieron aquellos hechos ser¨ªa, entonces y ahora, un ejercicio de cinismo. A partir de este n¨²cleo s¨®lido de certezas, se acumulan todo tipo de dudas y preguntas respecto a lo que de hecho sucedi¨®. Cualquier vinculaci¨®n, m¨¢s grave cuanto m¨¢s elevada, entre funcionarios del Estado y aquellos cr¨ªmenes debe ser condenada en el terreno de los principios e investigada judicialmente en el de los hechos para que sean juzgados quienes resulten implicados. Conviene no olvidar que los indicios sumariales no son pruebas porque no han sido contrastados en un juicio p¨²blico, imparcial, contradictorio y don todas las garant¨ªas; que, por lo mismo, no destruyen la presunci¨®n de inocencia de los imputados ni de quienes no lo son, y que un sumario, por m¨¢s que se convierta en un secreto a voces, no puede ser la base de un juicio paralelo, period¨ªstico y a priori condenatorio, sin que se subviertan, tambi¨¦n por ah¨ª, los cimientos del Estado democr¨¢tico de derecho,

?Qu¨¦ est¨¢ pasando ahora? Que se, ha resucitado una pesadilla. Por comodidad inconsciente o porque algunos casos hab¨ªan sido juzgados y otros estaban a punto de prescibir, lo cierto es que la inc¨®gnita de los GAL estaba pol¨ªticamente dormida u olvidada. Pero ha sido sacada a flote y ya no es posible mirar para otro lado. Lejos de ello ahora todos, incluidos muchos de los que entre 1983 y 1987 nada dijeron ni hicieron en ese sentido, gritan y condenan, y algunos que en 1981 ped¨ªan la pena de muerte para los terroristas de ETA crucifican ahora a quienes suponen organizadores o financiadores del GAL. Hay mucho de hipocres¨ªa en el actual coro de lamentaciones. Pero el reconocimiento de todo tipo de farise¨ªsmo y de oportunismo no puede ni debe servir como cortina de humo para ocultar la cuesti¨®n de fondo: los cr¨ªmenes del GAL. No obstante, ser¨ªa un reduccionismo ingenuo no percibir la dualidad y simultaneidad de fen¨®menos a los que el ciudadano asiste como espectador perplejo: un grav¨ªsimo proceso penal en fase suma ri¨¢l y un proceso pol¨ªtico de crisis institucional, el primero de los cuales est¨¢ sirviendo objetivamente como instrumento al segundo.

?Por qu¨¦ pasa lo que est¨¢ pasando? En ¨²ltimo t¨¦rmino porque. los cr¨ªmenes del GAL est¨¢n ah¨ª, resucitados y no resueltos, pero tambi¨¦n porque una serie de circunstancias y de coincidencias, intencionadas o no, buscadas o no, han abierto la cicatriz mal cerrada. Las secuelas del caso Rold¨¢n permiten el establecimiento de conexiones entre fondos reservados y financiamiento de los GAL; el mismo d¨ªa que presta declaraci¨®n judicial un importante financiero, convertido en ¨ªdolo ca¨ªdo que, de poderoso pasa a preso preventivo pero no arruinado, recobran la memoria dos testigos de cargo que fueron condenados y no indultados; un juez que sac¨® billete de ida a la pol¨ªtica termina su viaje de vuelta ocupando el mismo puesto de juez instructor del principal asunto de los GAL; algunos periodistas asumen la doble funci¨®n de difusores de secretos sumariales revelados, y de protagonistas de una lucha pol¨ªtica; la peseta baja cuando los indicadores de la econom¨ªa real parecen ser m¨¢s esperanzadores. Podr¨ªamos seguir enumerando coincidencias que act¨²an como causas de la actual confusi¨®n. Todo Parece estar relacionado con todo, y todo y todos convergen objetivamente en la producci¨®n de un resultado: una crisis pol¨ªtica que con toda evidencia amenaza al Gobierno, pero que afecta. tambi¨¦n. a otras instituciones.

El excesivo protagonismo de algunos jueces y los efectos disfuncionales de una norma legal que facilita no s¨®lo el pase de un juez a la actividad pol¨ªtica -lo que es en si mismo inatacable, como yo mismo argument¨¦ en estas p¨¢ginas-, sino tambi¨¦n su regreso inmediato desde la alta pol¨ªtica a la judicatura, lo que constituye algo objetivamente peligroso, han puesto en entredicho la relaci¨®n entre jueces y pol¨ªtica, con desprestigio para aqu¨¦llos y para ¨¦sta. El Estado de derecho, que comenz¨® siendo Estado legal de derecho y despu¨¦s Estado constitucional y democr¨¢tico de derecho, no puede convertirse en Estado judicial de derecho sin perturbar el equilibrio entre muchas de sus princi pales instituciones, orque implicar¨ªa una transformaci¨®n radical para la que ni los ciudadanos ni el sistema est¨¢n preparados.

Por otra parte, pero a la vez, asistimos a una feroz contienda pol¨ªtica no protagonizada por los partidos y que no tiene lugar en el Congreso de los Diputados, sede natural prevista por la Constituci¨®n para ello, sino en otros ¨¢mbitos. Un partido, el del Gobierno, no demuestra capacidad de reacci¨®n. Otros, los principales de la oposici¨®n, van a remolque de iniciativas period¨ªsticas y actuaciones judiciales, insin¨²an alianzas contra natura y no se deciden a reconducir por cauces parlamentarios una situaci¨®n frente a la cual corren el riesgo de desempe?ar el papel de aprendiz de brujo.

En consecuencia, maldades ajenas y errores propios, pecados de omisi¨®n, delitos no aclarados antes pero perseguidos ahora y coincidencias de todo tipo dibujan un panorama kafkiano del que a todos nos interesa salir, con este, o con otro Gobierno, pero partiendo de la convicci¨®n de que las cosas han llegado a un punto en que la soluci¨®n no consiste en despejar s¨®lo esa inc¨®gnita.

?Qu¨¦ puede hacerse para que deje de pasar lo que est¨¢ pasando? Ante todo hay algo que s¨®lo puede dejar de gravitar sobre la realidad pol¨ªtica llegando a su t¨¦rmino, terminando. Me refiero, como es obvio, a los procesos penales en curso, en especial el o los concernientes al GAL. Instr¨²yanse los sumarios con celeridad y, discreci¨®n; sean los jueces instructores escrupulosos en grado sumo, porque los escr¨²pulos propios son garant¨ªas ajenas; guarden y protejan con el m¨¢ximo celo el secreto del sumario; lleguen al fondo en sus indagaciones y pasen cuanto antes sea posible sin perjuicio de la investigaci¨®n, las instrucciones sumariales a la fase siguiente: al juicio oral con todas las garant¨ªas. ?Es mucho pedir que. entretanto todos los interesados hagan un esfuerzo m¨¢ximo por acotar a su estricto y, de momento, secreto campo, el contenido de las investigaciones? Si se sacaron de su sitio, el sumario secreto, las declaraciones de unos testigos de cargo, no puede extra?ar que poco despu¨¦s los acusados en el proceso paralelo y period¨ªstico se defiendan acusando en otro u otros medios de comunicaci¨®n. Es muy grave lo que unos y otros declarantes dicen. Es m¨¢s grave a¨²n que lo hagan fuera de su sitio, el proceso, y todo ello con el riesgo de que se pueda desembocar en su d¨ªa en. una resoluci¨®n judicial del ¨®rgano competente declarando quiz¨¢ la nulidad de las actuaciones. ?A nadie preocupa el respeto a lo que el Tribunal Constitucional ha denominado "imparcialidad objetiva" de los jueces?

El ¨¢mbito de la investigaci¨®n criminal. debe recuperar su autonom¨ªa respecto al de la pol¨ªtica. O quiz¨¢ fuera mejor decirlo a la inversa. La pol¨ªtica no puede ni debe ir a remolque de un determinado sumario. Sep¨¢rense los campos de las responsabilidades penales y pol¨ªticas. Y la principal responsabilidad pol¨ªtica consiste en reconducir la crisis actual por cauces institucionales.

El Consejo de Ministros y el Congreso de los Diputados deben ser las instituciones prioritarias para hacer pol¨ªtica. Rem¨¦diese cuanto antes lo que parece una p¨¦rdida de protagonismo del uno y del otro. Porque el sistema democr¨¢tico ha de tener su centro en estas instituciones, no en algunas situadas en el seno de la sociedad, fundamentales para ejercer libertades y formar opini¨®n, pero no para hacer o deshacer Gobiernos ni para sustituir debates y negociaciones, controles y enfrentamiento que tienen en el Parlamento su lugar de desenlace y en el Consejo su punto de iniciativa natural por lo que al Gobierno concierne.

Si se lograra separar la investigaci¨®n judicial y la actuaci¨®n pol¨ªtica de modo que ambos campos recuperasen su plena autonom¨ªa, y la pol¨ªtica se instalara en las instituciones -Consejo de Ministros, Parlamento, partidos pol¨ªticos-, habr¨ªa que busca r en ¨¦stas la elecci¨®n entre varias decisiones posibles: 1 una cuesti¨®n de confianza, 2 una moci¨®n de censura, 3 la dimisi¨®n del presidente de Gobierno, para dar paso a otro candidato, a presidente que habr¨ªa de someterse a la moci¨®n de investidura, 4 la disoluci¨®n de las C¨¢maras para convocar elecciones generales, y 5 la de, desechadas las anteriores opciones, seguir como ahora con un Gobierno apoyado parlamentariamente por CiU y PNV.

Suele ser m¨¢s dif¨ªcil la terapia que el diagn¨®stico. Cada posible soluci¨®n tiene argumentos a favor y cuenta con sus valedores y no cabe en los l¨ªmites de este art¨ªculo el an¨¢lisis de todos los pros y los contras, que s¨®lo pueden ser aqu¨ª escuetamente apuntados. Si, como se dice, la oposici¨®n descarta la segunda soluci¨®n; si la cuarta implicar¨ªa un mayor grado de desestabilizaci¨®n del sistema sin haber ensayado otras opciones menos traum¨¢ticas; si, como parece, la tercera dudosamente contar¨ªa con el apoyo de CiU, y si la ¨²ltima podr¨ªa ser interpretada como expresi¨®n de inmovilismo y carencia de iniciativas, parece que la cuesti¨®n de confianza presentada al Congreso por el presidente del Gobierno ara formar uno nuevo con entrada en ¨¦l de CiU y el PNV puede ser la soluci¨®n viable. Y ello no s¨®lo por eliminaci¨®n de las dem¨¢s, sino porque significar¨ªa el uso de una opci¨®n constitucional hasta ahora no ensayada, m¨¢s ortodoxa que el apoyo al Gobierno desde fuera y que por lo mismo generar¨ªa mayor estabilidad y confianza, sin .olvidar un importante efecto de integraci¨®n estatal, por todo lo cual podr¨ªa servir para. apaciguar los ¨¢nimos y encauzar el ejercicio de la pol¨ªtica por v¨ªas y soluciones institucionales.

Tanto la cuesti¨®n de confianza como la moci¨®n de censura tendr¨ªan la virtualidad de devolver a las instituciones su papel y el protagonismo a los protagonistas pol¨ªticos. El ¨²ltimo objetivo a perseguir para salir de la situaci¨®n actual es poner las cosas en orden. Importa mucho, sin incurrir en una procupaci¨®n economicista, estabilizar y sanear la econom¨ªa. Pero importa tanto o m¨¢s aclarar confusiones entre la pol¨ªtica y la justicia. Hagan justicia los jueces en juzgados y tribunales con arreglo a, la Constituci¨®n y las leyes. H¨¢gase pol¨ªtica seg¨²n sus propias normas jur¨ªdicas y no jur¨ªdicas, en el Parlamento, en el Consejo de Ministros y entre. los partidos. Cada cosa en su sitio. La delimitaci¨®n entre estos dos campos no puede trazarse con claridad lineal como si se tratara de los l¨ªmites fronterizos de un mapa. Pero las continuas e impunes invasiones de las fronteras entre los terrenos judicial y pol¨ªtico son perniciosas para el sistema. Cada cosa en su sitio. Porque as¨ª, como est¨¢n ahora, fuera de quicio, no es bueno seguir. Quiz¨¢ sea eso lo peor que pasa aqu¨ª.