Una d¨¦cada de 'n¨²meros rojos'
Las empresas p¨²blicas con p¨¦rdidas han costado 23 billones al Estado en el ¨²ltimo decenio
Los ¨²ltimos datos elaborados sobre las empresas p¨²blicas y la pol¨ªtica industrial pintan un paisaje ruinoso. En los ¨²ltimos 10 a?os, el coste acumulado de las sociedades con p¨¦rdidas dependientes del Estado es de casi 23 billones. Esta cantidad se obtiene sumando las p¨¦rdidas, las transferencias de capital, las subvenciones y las ayudas industriales, todo ello en pesetas de 1994.La pr¨®xima privatizaci¨®n de grandes empresas p¨²blicas (Repsol, Argentaria, Telef¨®nica, Aldeasa...) abrir¨¢ de nuevo el debate sobre el tama?o del sector empresarial p¨²blico espa?ol. Entre 1984 y 1993, las empresas p¨²blicas han tenido como media unas p¨¦rdidas anuales de 484.000 millones de pesetas, han recibido unas subvenciones de 734.000 millones cada a?o, han percibido unas transferencias de capital de 645.000 millones (media anual) y se les ha inyectado, en concepto de ayudas de pol¨ªtica industrial, 433.000 millones.
El coste acumulado en los ¨²ltimos diez a?os (1984-1993) arroja la cifra de 22,9 billones de pesetas. En ese periodo, las empresas han recibido subvenciones por importe de 7,34 billones de pesetas (de 1994) y otros 6,45 billones en transferencias de capital.
La cifra acumulada de p¨¦rdidas es de 4,84 billones. Adem¨¢s, han recibido 4,33 billones de pesetas en concepto de ayudas p¨²blicas para estimular la actividad industrial. La suma de estas cargas durante el decenio arroja la cifra menciona da de casi 23 billones.
Cabe matizar que en periodos de prosperidad econ¨®mica, la diferencia entre las p¨¦rdidas y las ganancias arrojan un beneficio para el sector p¨²blico. Sucedi¨® en plena recuperaci¨®n; entre 1987 y 1990, ambos inclusive, obtuvieron un saldo neto positivo de 728.400 millones en el cuatrienlo, tal como se aprecia en el gr¨¢fico 3 (siempre en pesetas de 1994).
Tal panorama parece dibujar un coste excesivo para el Estado, equivalente cada a?o al 4,5% del PIB aproximadamente. La discusi¨®n actual sobre la necesidad de reducir el d¨¦ficit del sector p¨²blico conduce inevitablemente a la discusi¨®n sobre el coste de las empresas p¨²blicas; medido con este o con cualquier otro m¨¦todo, es evidente que un ¨¢mbito donde se pueden conseguir recortes importantes del gasto es en las empresas p¨²blicas.
A pesar de las declaraciones de principios, el sector empresarial p¨²blico ni se ha reducido, ni se ha ordenado ni se ha rentabilizado en el ¨²ltimo decenio. Solamente se han abordado con ¨¦xito las privatizaciones parciales de las sociedades rentables, que compiten satisfactoriamente con las empresas privadas -Repsol, Endesa, Argentaria- y ventas a un coste muy elevado. como Seat y ENASA. A cambio, sociedades como Iberia han entrado en p¨¦rdidas de forma pr¨¢cticamente irremediable.
El esfuerzo de racionalizaci¨®n, definido en la ¨¦poca de Claudio Aranzadi, exig¨ªa que las empresas p¨²blicas (el INI en este caso) obtuviesen durante la fase alcista del ciclo econ¨®mico un volumen de beneficios superior a las p¨¦rdidas acumuladas durante la fase depresiva. Este encauzamiento, que impl¨ªcaba a su vez un esfuerzo para cerrar empresas y recortar p¨¦rdidas, no se ha producido en los ¨²ltimos 10 a?os. Cuando la econom¨ªa empeora, el conjunto de: las empresas p¨²blicas se desliza de forma casi autom¨¢tica hacia p¨¦rdidas cuantiosas, casi siempre superiores al medio bill¨®n anual, y a la financiaci¨®n directa y exclusiva desde los Presupuestos Generales del Estado. Esta dependencia casi enfermiza del ciclo econ¨®mico es una condici¨®n importante de la pol¨ªtica econ¨®mica e industrial aplicada a las empresas p¨²blicas. El periodo de recuperaci¨®n econ¨®mica que se avecina es el momento adecuado, seg¨²n los expertos consultados, para ejecutar una dr¨¢stica reducci¨®n del n¨²mero de empresas p¨²blicas, antes de que la econom¨ªa, pasado el siguiente trienio, inicie otra fase descendente.
La incapacidad para reducir el peso del coste de las empresas p¨²blicas tiene como resultado, adem¨¢s, que el Instituto Nacional de Industria (INI) siga dependiendo directamente de la aportaci¨®n estatal, a pesar de las continuadas aseveraciones de sus dirigentes al final de la d¨¦cada pasada de que tendr¨ªa una vida financiera aut¨®noma a partir de 1990. El INI, el grupo p¨²blico m¨¢s importante del pais, sigue conectado directamente al Presupuesto con una apelaci¨®n m¨ªnima de partida superior a los 100.000 millones de pesetas anuales durante los ¨²ltimos tres ejercicios.
Las sucesivas reestructuraciones producidas en el INI, con la distinci¨®n artificiosa entre empresas que ganan (pr¨¢cticamente s¨®lo Endesa) y empresas que pierden (el resto) tampoco ha introducido un aut¨¦ntico instrumento corrector en el sistema empresarial p¨²blico. La gesti¨®n no ha mejorado, las p¨¦rdidas se explican sistem¨¢ticamente por factores externos y no hay decisiones significativas para reducir el peso de las p¨¦rdidas. Simplemente se atribuyen al empeoramniento de la coyuntura como ¨²nica explicaci¨®n.
Uno de los factores que habitualmente se mencionan para explicar el opresivo coste de las empresas p¨²blicas en Espa?a
[de las que tienen p¨¦rdidas de forma sistem¨¢tica] es el coste salarial m¨¢s elevado (como se aprecia en el gr¨¢fico n¨²mero 7) y el enorme volumen de pagos que ha requerido la reconversi¨®n industrial. Este coste es superior en la empresa p¨²blica por varias razones. La primera es la acumulaci¨®n de derechos salariales adquiridos en el segmento fijo del salario del trabajador p¨²blico.
Este coste ser¨ªa directamente imputable, seg¨²n algunos analistas, al peso que tienen los sindicatos en las empresas p¨²blicas. Tambi¨¦n a una negociaci¨®n laboral m¨¢s relajada y al cumplimiento estricto de los traslados de convenios sectoriales a la empresa.
El segundo factor es el elevado coste laboral de la reconversi¨®n en las empresas p¨²blicas. Los c¨¢lculos de los expertos aseguran que la indemnizaci¨®n por despido en los grupos p¨²blicos es, como media, entre el 20% y el 25% superior a la compensaci¨®n media pagada en el sector privado. El Estado se. garantiza as¨ª el ¨¦xito de sus propuestas de reconversi¨®n, con la Consiguiente tranquilidad pol¨ªtica, a cambio de costes muy elevados para el erario p¨²blico.
La evoluci¨®n de las estad¨ªsticas de asunci¨®n de deuda por parte del Estado (como parte de la pol¨ªtica industrial, en los gr¨¢ficos 5 y 6) muestra la importancia de este coste, asociado a la reconversi¨®n. En 1982 y 1983, en plena fase de reconversi¨®n, el Estado se vio obligado a asumir deudas por importe de 263.000 millones y 160.600 millones respectivamente; esta fase de reconversi¨®n de las empresas p¨²blicas concluir¨ªa en 1985, ejercicio que pas¨® factura al Estado por este concepto en 480.000 millones (siempre en pesetas de 1994). Nadie est¨¢ en disposici¨®n de garantizar que habr¨¢ que pagar de nuevo los costes de otra reconversi¨®n en el futuro, en los mismos sectores o en otros.
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