Los abogados de la Delegaci¨®n del Gobierno creen ilegal el consorcio realojamiento

Siguiendo esta interpretaci¨®n, esa misma falta de ratificaci¨®n parlamentaria y municipal dejar¨ªa en tierra de nadie la adscripci¨®n de los cerca de 65 trabajadores que conforman su plantilla. Dos aut¨¦nticos torpedos para un organismo que ha gastado en los ¨²ltimos ocho a?os m¨¢s de 12.000 millones de pesetas -procedentes fundamentalmente de fondos municipales y auton¨®micos- y del que depende que m¨¢s de 6.000 personas abandonen sus favelas y obtengan un techo digno donde dormir.Junto a estas posibles consecuencias legales, el informe, indirectamente, descubre tensiones pol¨ªticas de fondo. Fuentes pr¨®ximas al anterior delegado del Gobierno, Arsenio Lope Huerta, que fue quien encarg¨® el estudio, entienden la supuesta falla legal sobre la que se asienta el Consorcio como una muestra del desinter¨¦s de la Comunidad y del Ayuntamiento en comprometerse en la lucha contra el chabolismo.

El propio gerente del Consorcio, Julio, Fern¨¢ndez Mato, que reconoce haber tenido noticias del informe, alude a esta posibilidad, aunque apunta en otra direcci¨®n. "Me da la impresi¨®n de que el informe responde a una estrategia del anterior delegado del. Gobierno: es una coartada jur¨ªdica para marcharse del organismo y endosarme la patata caliente.

"?0 acaso el delegado del Gobierno pidi¨® al Ayuntamiento y a la Comunidad que ratificasen el convenio?", razon¨® Mat¨®, para, acto seguido, extenderse: "La nueva delegada del Gobierno [Pilar Lled¨®, que accedi¨® en diciembre al cargo] tambi¨¦n tiene la duda hamletiana de si asumir o no el Consorcio y su responsabilidad".

El malestar del responsable de los realojamientos surge de lo que, a su juicio, ha sido una atribuci¨®n interesada de responsabilidades pol¨ªticas al organismo. "Al Consorcio se le ha dado una entidad pol¨ªtica de la que carece. El Ayuntamiento, la Comunidad y el Gobierno", indic¨® Mato, "atribuyen la responsabilidad a una entidad que en el fondo es instrumental. As¨ª, debemos cargar con todo lo feo del realojamiento, cuando los responsables son ellos y de ellos proceden los fondos".

El gerente, con todo, no rest¨® cierto fundamento al informe de los abogados del Estado. En este sentido, Mato manifest¨® su preocupaci¨®n por el futuro de sus trabajadores -"es cierto, no se sabe ad¨®nde ir¨¢n cuando acaben los realojamientos"-, y aventur¨®. que en la constituci¨®n del Consorcio se pudo incumplir alg¨²n requisito. "Pero, si quieren que funcione, que lo ratifiquen. Y si no quieren que funcione, pues que lo disuelvan", zanj¨® Mato.

Nada que ver

Las administraciones aludidas por el reto de Mato -respondieron con distinta intensidad a la carga activada por los abogados del Estado. La presidencia de la Asamblea, aunque reconoci¨® que el citado convenio jam¨¢s hab¨ªa pasado por el Parlamento, insisti¨® en que este hecho no implicaba ning¨²n incumplimiento: "La Asamblea nada tiene que ver con el consorcio, aunque puede discutir sobre este ente p¨²blico e incluso impulsarlo".

El Ayuntamiento a trav¨¦s de su secretario general, Mario Corella, manifest¨® que, efectivamente, el acuerdo fundacional no se ratific¨® en el pleno, dado que se entendi¨® que era competencia directa del alcalde por la cuant¨ªa econ¨®mica.

El convenio de 1986 fue firmado por el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, en aquellas fechas Jos¨¦ Mar¨ªa Rodr¨ªguez Colorado -ahora consejero de Pol¨ªtica Territorial-; el entonces consejero de Ordenaci¨®n del Territorio, Eduardo Mangada, y el concejal delegado de Urbanismo, puesto que ocupaba Jes¨²s Espelos¨ªn.

Quedaron as¨ª unidas las tres administraciones con la idea de "proporcionar alojamiento digno" para unas 1.500 familias en un periodo inicial de dos a?os. En 1988, y ya con las r¨²bricas del presidente de la Comunidad, Joaqu¨ªn Leguina, y del entonces alcalde de Madrid, Juan Barranco, se ratific¨® la necesidad de mantener el Consorcio.