El Partido Popular pacta con la izquierda la nueva Ley del Suelo

VIENE DE LA P?GINA 1

La legisladora de Izquierda Unida considera que "cualquier partido puede sentirse a gusto con la norma". Su compa?ero Adolfo Gilaberte a?ade: "Al PP le viene bien la ley, pero no quiere decirlo".

La Ley del Suelo se?ala qui¨¦n manda en el urbanismo de la regi¨®n: "La ordenaci¨®n del territorio es competencia de la Comunidad de Madrid" (art¨ªculo 2).

El territorio, con 8.028 kil¨®metros cuadrados, repartidos en 179 municipios, tiene los precios m¨¢s elevados de suelo de toda Espa?a. Aqu¨ª trabajan los promotores inmobiliarios m¨¢s poderosos del pa¨ªs. La nueva Ley del Suelo establece las condiciones que deber¨¢n cumplir quienes ejercen la actividad urban¨ªstica en la regi¨®n.

El Partido Popular tan s¨®lo se abstendr¨¢ o votar¨¢ en contra de algunos art¨ªculos menores y de una cuesti¨®n principal de la Ley,- "Estamos contra la expropiaci¨®n como ¨²nico sistema para desarrollar un proyecto de inter¨¦s regional`, afirma Ignacio del R¨ªo. "Hay otras f¨®rmulas, como la compensaci¨®n, la permuta de terrenos o la venta, que pueden ser igualmente interesantes". Pero el art¨ªculo 23 del texto definitivo no incluye estas f¨®rmulas.

El Gobierno de Joaqu¨ªn Leguina se reserva en la nueva ley la exclusiva competencia para definir las zonas donde promover equipamientos de inter¨¦s regional, como vertederos, hospitales, casinos o universidades. La Ley del Suelo crea tambi¨¦n un organismo para debatir y aprobar estos proyectos: la comisi¨®n de concertaci¨®n territorial. En ella habr¨¢ representantes de los grupos parlamentarios de la Asamblea en relaci¨®n con su n¨²mero de esca?os, un miembro del Ayuntamiento de Madrid y varios del resto de municipios.

El alcalde de la localidad afectada por un proyecto de inter¨¦s regional tendr¨¢ voz y voto cuando Se re¨²na la comisi¨®n de concertaci¨®n territorial. Este organismo podr¨¢ vetar, con el voto de los alcaldes, las grandes operaciones urban¨ªsticas previstas por el Ejecutivo regional.

El Partido Popular ha conseguido rebajar de 16 a?os a 8 el plazo en el que un suelo r¨²stico puede ser reservado para desarrollar un proyecto de inter¨¦s regional.

Izquierda Unida, por su parte, quiere ampliar con sus enmiendas la legislaci¨®n sobre montes calcinados. El Gobierno regional, para frenar operaciones especulativas en espacios naturales, introdujo un art¨ªculo que imped¨ªa la recalificaci¨®n de un terreno incendiado durante 30 a?os para poder edificar. IU, en cambio, reclama una r¨¢pida recuperaci¨®n de los terrenos devastados por el fuego.

La Comunidad, seg¨²n la propuesta de IU, se encargar¨¢ de la reforestaci¨®n inmediata del monte quemado si su propietario no puede hacerlo. M¨¢s tarde, la Administraci¨®n podr¨¢ pasar la factura al due?o.

El texto legal tambi¨¦n establece que tan s¨®lo una autorizaci¨®n especial del Parlamento regional permitir¨ªa al propietario de un monte incendiado construir sobre ¨¦l.

Silencio negativo

Tambi¨¦n Izquierda Unida ha propuesto que los silencios administrativos sean considerados negativos en la gesti¨®n urban¨ªstica de los ayuntamientos. Mayte Mart¨ªnez anuncia dificultades en la tramitaci¨®n de esta enmienda. "Esperamos grandes diferencias entre los grupos al discutir este asunto. Pero nosotros queremos evitar el peligro de esta figura administrativa porque puede ocurrir que alg¨²n alcalde, apurando las posibilidades de la ley, no conteste a la petici¨®n de un promotor inmobiliario y, con el paso del tiempo, un terreno r¨²stico pueda convertirse en urbanizable gracias al silencio positivo", asegura la parlamentaria. "Lo que pedimos no es descabellado". El Partido Popular, mientras tanto, defiende lo contrario.

Por ¨²ltimo, la comisi¨®n parlamentaria ha pactado que la elaboraci¨®n de un Plan de Estrategia Territorial -donde se establecer¨¢ el dise?o urban¨ªstico de toda la regi¨®n- se remita a la Asamblea de Madrid para que se apruebe como si se tratara de una ley.

La nueva Ley del Suelo regalar¨¢ a concejales y alcaldes de la Comunidad nuevas competencias urban¨ªsticas. Los regidores de municipios que superen los 25.000 habitantes podr¨¢n tomar acuerdos urban¨ªsticas sin necesidad de solicitar el visto bueno de la Comunidad de Madrid para ejecutarlos.