Menos reservados

LA DOCTRINA que sirvi¨® para evitar la investigaci¨®n de los fondos reservados en el primer sumario de los GAL, en el que fueron condenados Amedo y Dom¨ªnguez y que fue reabierto justamente ayer, ha sufrido un nuevo golpe a manos del Tribunal Supremo. Lo m¨¢s innovador del auto por el que ese tribunal rechaza la querella presentada por Rafael Vera contra el juez Garz¨®n es que incluye una consideraci¨®n que derriba la argumentaci¨®n en nombre de la cual el Gobierno se neg¨® a facilitar datos sobre el uso de los fondos reservados. En la sentencia del caso Amedo, los jueces constataban la existencia de un vac¨ªo legal que imped¨ªa resolver el conflicto latente entre el principio de seguridad y otros consagrados en la Constituci¨®n. Ya entonces fueron numerosas las voces, entre ellas, la de este peri¨®dico, que cuestionaron que tal dilema pudiera justificar que no se investigara el destino de los fondos reservados cuando existen indicios racionales de una utilizaci¨®n, no ya irregular, sino delictiva, de los mismos. Las evidencias del caso Rold¨¢n reforzaron esa convicci¨®n en la medida en que pusieron de manifiesto la posibilidad de ampararse en el secreto para que los encargados de gestionar los fondos se los repartieran entre s¨ª sin control alguno.

Ello inspir¨® la nueva Ley de Fondos Reservados, recientemente aprobada -por unanimidad- en el Congreso, que regula sobre todo los mecanismos de control. Simult¨¢neamente, el Tribunal Supremo, al admitir a tr¨¢mite una denuncia presentada por el Partido Popular solicitando la investigaci¨®n de los fondos reservados en los ¨²ltimos a?os, asum¨ªa expl¨ªcitamente el principio de la investigabilidad de dichos fondos cuando existan motivos fundados para sospechar de un uso delictivo de los mismos.

El Supremo avanza ahora un paso m¨¢s: al rechazar el argumento de Vera, seg¨²n el cual Garz¨®n hab¨ªa incitado a su secretario a cometer un delito inst¨¢ndole a declarar sobre los fondos reservados del Ministerio del Interior, los jueces consideran que la Ley de Secretos Oficiales no obliga al funcionario requerido como testigo a no revelar los usos dados a esos f?n.dos;. antes al contrario, hacerlo es "una obligaci¨®n del funcionario no implicado", ya que la no sujeci¨®n de los fondos a los criterios normales de fiscalizaci¨®n no puede obstaculizar "la investigaci¨®n de un tipo delictivo concreto", ya sea de malversaci¨®n, de desviaci¨®n de fines o de financiaci¨®n de otros delitos. Con ello, queda pr¨¢cticamente demolida la doctrina que sirvi¨® para dejar a medio camino la investigaci¨®n de los GAL que provoc¨® la sentencia condenatoria de Amedo y Dom¨ªnguez a 108 a?os de prisi¨®n.

El auto ha coincidido con la aceptaci¨®n por la Audiencia Nacional de la petici¨®n de Garz¨®n de reabrir aquel sumario. El nuevo criterio del Tribuanal Supremo -nuevo porque en su confirmaci¨®n de la sentencia de Amedo no cuestion¨® la doctrina del vac¨ªo legal- podr¨¢ aplicarse para investigar ahora qui¨¦n financi¨® la contrataci¨®n por Amedo y Dom¨ªnguez de los mercenarios que ejecutaron los dos atentados por los que ya fueron condenados los ex polic¨ªas.