Soluciones de justicia

La especializaci¨®n de las funciones que han de desarrollar los ¨®rganos jurisdiccionales constituye sin duda un reto importante dentro del panorama judicial de nuestros d¨ªas. Si ello es en general importante, lo es a¨²n m¨¢s dentro del ¨¢mbito de actuaci¨®n de los juzgados de primera instancia. La multiplicidad de procesos y la divergencia de pretensiones hacen imposible, en aras de la seguridad jur¨ªdica y de la eficacia, que un juez pueda hoy d¨ªa saber y conocer de todo.Al igual que cualquier persona buscar¨ªa un m¨¦dico especialista, si han de operarle del coraz¨®n, antes que uno con una preparaci¨®n general, la sociedad demanda, por medio de los procedimientos que se sustancian cotidianamente ante los ¨®rganos de la Administraci¨®n de justicia, no s¨®lo la existencia de jueces m¨¢s preparados -en lo que, evidentemente, resalta la important¨ªsima labor que al efecto est¨¢ llevando a cabo el Consejo General del Poder Judicial-, sino que los mismos sean capaces de competir t¨¦cnicamente con iguales conocimientos, preparaci¨®n e incluso experiencia que los mejores profesionales del derecho en cada materia espec¨ªfica; cuestiones tales como la propia celeridad en la tramitaci¨®n de las causas y el aumento de calidad ser¨ªan factores que se ver¨ªan directamente beneficiados de esa especializaci¨®n judicial.

La experiencia en la pr¨¢ctica nos demuestra que los problemas de la justicia civil no se solucionan solamente con la creaci¨®n de ¨®rganos judiciales, aunque pueda ser ¨¦ste un factor importante. Siempre, pero con m¨¢s ¨¦nfasis en estos momentos de crisis econ¨®mica, cobran especial trascendencia las cuestiones tendentes a mejorar los factores organizativos que afectan al funcionamiento de los juzgados -incluyendo la especializaci¨®n de los jueces-, as¨ª como una mayor efectividad en la administraci¨®n y gesti¨®n de los recursos econ¨®micos con que los mismos cuentan, pues s¨®lo as¨ª se podr¨¢ lograr una justicia verdaderamente eficaz.

La especializaci¨®n de jueces y magistrados no supone en ning¨²n caso denostar el esfuerzo, que realizan cada d¨ªa, pero las circunstancias y exigencias sociales, culturales y econ¨®micas de nuestro pa¨ªs exigen unos mayores niveles de eficacia. La imagen p¨²blica de la justicia en estos momentos puede ser un claro ejemplo de ello y no se puede cerrar los ojos y desconocer la insatisfacci¨®n que muchos ciudadanos sienten ante su funcionamiento, derivada de m¨²ltiples circunstancias, entre las que se encuentran sus propias vivencias personales, nacidas como consecuencia de haber sido parte de litigios suscitados ante cualquier juez o tribunal.Ante esto se pueden extraer m¨²ltiples consecuencias y no se puede eludir el hecho de indicar que la complejidad de las situaciones que se derivan de ¨¦stas colabora poderosamente a dificultar el que puedan proporcionarse verdaderas soluciones a estas cuestiones. La especializaci¨®n de ¨®rganos judiciales, por tanto, se estima como precisa; por ello, en numerosos foros jur¨ªdicos se est¨¢ planteando tanto la necesidad como las consecuencias que llevar¨ªa consigo proceder a la misma.En el ambiente se percibe de una manera muy reiterada que tal vez la especializaci¨®n m¨¢s urgente ser¨ªa aquella que versara sobre temas mercantiles. Los procedimientos ejecutivos, concursales, de propiedad industrial y los que afectan al derecho de sociedades son los m¨¢s necesitados de dicha especializaci¨®n. La complejidad d¨¦ la propia materia, unida a los problemas t¨¦cnicos que surgen, la aconsejan de una manera principal, m¨¢xime teniendo en consideraci¨®n el n¨²mero ciertamente elevado de procedimientos que de estos temas mercantiles se tramitan al cabo de un a?o. El alcance de su volumen econ¨®mico y la tras cendencia social son cuestiones que tampoco se pueden obviar.

Por ello, y aunque la decisi¨®n final de este tema es competencia exclusiva del Consejo General del Poder Judicial, en la actualidad muchos profesionales del derecho, sean abogados, procuradores o jueces, est¨¢n reflexionando con relaci¨®n a esta necesidad, que pro bablemente es sentida como m¨¢s acuciante fuera de los propios ¨®rganos judiciales. Buen ejemplo de ello es la comida ofrecida recientemente por el foro de la abogac¨ªa a Manuela Carmena, decana de los juzga dos unipersonales de Madrid, para que expusiera la iniciativa tomada en Madrid de acometer un estudio de lo que supondr¨ªa la especializaci¨®n de ¨®rganos ju diciales civiles en determinados aspectos mercantiles.

El proyecto elaborado, que desde luego no es el ¨²nico ni seguramente el mejor pero constituye una opci¨®n nueva, diferente, realista y con aires de modern¨ªdad, parte desde su inicio de la propuesta de la crea ci¨®n de cinco nuevos ¨®rganos judiciales y la reconversi¨®n de cinco de los ya existentes, que ser¨ªan competentes para la tramitaci¨®n de los procedimientos mercantiles. Los costes de estos nuevos ¨®rganos judiciales se minimizar¨ªan aprovechando los recursos ahora existentes; pero al mismo tiempo constituye una clara exigencia que ¨¦stos est¨¦n dotados de medios t¨¦cnicos modernos, imprescindibles para hacer verdaderamente posible y eficaz su funci¨®n, e incluso no ser¨ªa descabellada la exigencia de que estos ¨®rganos cuenten con el personal facultativo necesario, especialistas en te mas econ¨®micos, financieros y mercantiles, necesarios para acometer tan importante tarea. S¨®lo desde esta perspectiva, que valora una racionalidad en su coste y una moderna configuraci¨®n en su funci¨®n, los juzga dos mercantiles podr¨¢n ser operativos. Si no se tienen en consideraci¨®n estas cuestiones, se producir¨¢ un trasiego de papeles y documentaci¨®n de un ¨®rgano judicial a otro, pero sin dar esa verdadera soluci¨®n al pro blema de la justicia civil en Madrid.