Archivo de discordia
LA CAPACIDAD espa?ola para el esperpento parece inagotable. La pol¨¦mica sobre el Archivo Hist¨®rico Nacional con sede en Salamanca, donde se guarda documentaci¨®n requisada por el franquismo a las instituciones republicanas, ha venido a a1adir nuevas escenas grotescas al gui?ol hisp¨¢nico: guardias municipales desplegados por orden del alcalde socialista para evitar que "los catalanes" se lleven los papeles, movilizaci¨®n de la sociedad salmantina, rasgar de vestiduras y lamentos nacional-victimistas en Catalu?a... Todo parece extra¨ªdo de un mal sainete decimon¨®nico. Sosiego, por favor.No hay duda de que esta pol¨¦mica no pertenece al terreno de los debates cient¨ªficos y est¨¢ contaminada por actitudes emocionales de unos y otros y, por una pol¨¦mica de car¨¢cter m¨¢s general, como es la del papel y las relaciones de Catalu?a con el resto de Espa?a. No hay duda de que las autoridades catalanas no han sabido explicar las cosas, buscar el consenso y contribuir a un clima de di¨¢logo democr¨¢tico y de acuerdo entre instituciones. Por el contrario, existe la sensaci¨®n de que en ocasiones fomentan este tipo de conflictos para tensar las pasiones nacionalistas.
Pero hay unos hechos que est¨¢n claros. La documentaci¨®n de un Gobierno leg¨ªtimo, el de la Generalitat republicana, fue trasladada como bot¨ªn de guerra y gracias al derecho de conquista a Salamanca. All¨ª fue utilizada con fines represivos por parte del Tribunal para la Represi¨®n de la Masoner¨ªa y del Comunismo, sin que en ning¨²n caso se planteara su uso desde un punto de vista cient¨ªfico. Tal como ha se?alado la ministra de Cultura, Carmen Alborch, nadie puede sensatamente defender que este archivo es parte del patrimonio cultural de Castilla, porque ser¨ªa como convertir en se?as de identidad castellanas el expolio franquista y la represi¨®n contra los republicanos. Nada m¨¢s injusto y sangrante para una regi¨®n como la castellana, que sufri¨® tambi¨¦n en sus carnes la represi¨®n del franquismo.
En los ¨²ltimos a?os del franquismo y en a?os posteriores el Archivo ha sido utilizado profusamente por los historiadores, sin que nunca haya llegado el momento de organizar y ordenar el c¨²mulo de papeles all¨ª almacenados. La unidad de archivo invocada por algunos de estos historiadores ante los proyectos de dispersi¨®n es perfectamente garantizable por medio de la reproducci¨®n y filmaci¨®n. Historiadores extranjeros como Ian Gibson, Gabriel Jackson y Paul Preston, no implicados emocionalmente en el debate, se han manifestado a favor del retorno de los originales a Catalu?a. As¨ª se puede dar satisfacci¨®n al leg¨ªtimo deseo de la Generalitat de recuperar parte de su propia historia y al inter¨¦s de Salamanca por mantener en sus archivos la documentaci¨®n que forma parte de nuestra historia com¨²n. La tecnolog¨ªa digital lo hace posible. Incluso el acceso a trav¨¦s de redes inform¨¢ticas. El valor de los archivos para la investigaci¨®n no se ve mermado por el hecho de que una parte est¨¦ compuesta por copias. Estamos hablando de documentaci¨®n, en gran parte ¨¢ridos legajos burocr¨¢ticos, no de La Gioconda ni de Las Meninas.
Y ya que de repente todos parecen tan interesados por los archivos, podr¨ªa aprovecharse para crear en Salamanca un centro de documentaci¨®n de la democracia, tal como propuso en su d¨ªa el Ministerio de Cultura. El actual conflicto es fruto de una larga maduraci¨®n. En la transici¨®n se produjeron las primeras reclamaciones para que el archivo fuera devuelto a Catalu?a. La restauraci¨®n de la Generalitat en 1977 en la persona del presidente en el exilio y representante precisamente de la legitimidad republicana, Josep Tarradellas, dio nuevas alas a la devoluci¨®n: se trataba de devolver lo que era suyo a una instituci¨®n que volv¨ªa a existir. No se produjo, entre otras razones, porque Catalu?a no contaba con una instituci¨®n para acoger los papeles. Quince a?os despu¨¦s, la instituci¨®n existe. El edificio del Arxiu Nacional de Catalunya, en Sant Cugat del Vall¨¦s, est¨¢ preparado para acoger toda la documentaci¨®n producida por las actuales instituciones auton¨®micas y la documentaci¨®n correspondiente a la etapa republicana. En consecuencia, nada m¨¢s l¨®gico que la devoluci¨®n de estos papeles a Catalu?a.
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