Una m¨¢deja de perdidas

D. NARV?EZ / J. SAMPEDRO "La m¨¢s completa factor¨ªa textil del mundo", iba a ser aquello, seg¨²n la campanuda prosa al uso en la Espa?a oficial de los a?os cincuenta. La predicci¨®n no andaba descaminada, porque en los 38 a?os de historia de Industrias Textiles del Guadalhorce (Intelhorce) no ha faltado casi de nada. Fundada en 1957, fue un ejemplo del desarrollismo franquista con el que quer¨ªa aparentar la grandeza del sistema en el que intervino Juan. Antonio Suances, presidente del INI y brazo derecho de Franco para la industria. Luego ser¨ªa presidida por Raimundo Fern¨¢ndez Villaverde y las inversiones iban creciendo al mismo ritmo que las p¨¦rdidas hasta que en 1966, olvidados los anhelos aut¨¢rquicos, el Gobierno decidi¨® cerrar el grifo.

Unos a?os despu¨¦s, Claudio Boada, a la saz¨®n presidente del INI, no tuvo reparos en decir que la empresa estaba alcanzando "unos niveles de rentabilidad bastante satisfactorios". Poco despu¨¦s vender¨ªa la empresa al grupo Castell por 832 millones. En 1980, Intelhorce volv¨ªa al sector p¨²blico y fue Boada, el que la hab¨ªa privatizado, el encargado de revend¨¦rsela de nuevo al sector p¨²blico (en este caso al Patrimonio del Estado).desde el Banco de Madrid al que hab¨ªa llegado, precisamente, de la mano de Jaume Castell Lastortras.

La factor¨ªa malague?a arrastraba entonces unas p¨¦rdidas de 11.000 millones. Entre ayudas, inyecciones y saneamientos, el estado se ha dejado en total unos 53.000 millones.

No deja de maravillar que dos de los 38 ejercicios de la factor¨ªa arrojaran resultados positivos. Tampoco sorprende que "la m¨¢s completa factor¨ªa textil del mundo" haya acabado su andadura en los juzgados. Uno de ellos est¨¢ intentando tramitar el expediente de suspensi¨®n de pagos presentado en octubre pasado. Otro, el del juez Juan Francisco Ram¨ªrez Barroso, cuyas actuaciones siguen bajo un escrupuloso secreto de sumario, est¨¢ centrando sus investigaciones en la privatizaci¨®n de 1989 y la brusca descapitalizaci¨®n ocurrida, en el ano y medio siguiente, que han sido objeto de cuatro querellas -una ya archivada- y han resultado por el momento en el encarcelamiento de cinco personas. Los hechos fueron m¨¢s o menos como sigue.

En 1989, Intelhorce estaba integrada en el grupo del Patrimonio del Estado, un organismo que ya entonces hab¨ªa desembolsado m¨¢s de 38.000 millones para intentar, sin, mucho ¨¦xito, cauterizar la hemorragia de p¨¦rdidas de la sociedad. Tras una costosa operaci¨®n de saneamiento, la factor¨ªa, que contaba con un capital social de 21.000 millones, pas¨® a las manos de las sociedades Benorbe y Benservice, propiedad del empresario' italiano Giovanni Orefici.

Las razones por las que Orefici fue seleccionado como comprador son, en el mejor de los casos, un misterio. Se adujo entonces que el empresario italiano constitu¨ªa una opci¨®n s¨®lida, con vinculaciones con el grupo Benetton.

Las empresas de Orefici, sin embargo, resultaron no tener m¨¢s de 10 millones de capital social, y sus presuntas vinculaciones con Benetton se acabaron quedando en unas cuantas tiendas de las que era concesionario. Pese a todo ello, la operaci¨®n no pudo ser m¨¢s ventajosa para el italiano, quien, en vez de pagar, recibi¨® 5.869 millones de pesetas para ampliar el capital social de Intelhorce, que lleg¨® as¨ª a los 26.000 millones.

La gesti¨®n de Orefici no desmereci¨® la tradici¨®n de la factor¨ªa malague?a. Seg¨²n el Ministerio de Econom¨ªa, el empresario italiano desvi¨® sistem¨¢ticamente fondos para cubrir los cuantiosos quebrantos del resto de sus sociedades hasta lograr paralizar la factor¨ªa por falta de suministros. En 1990, Intelhorce perdi¨® casi 3.500 millones, toda una proeza si se considera q?ue durante ese a?o Orefici no pag¨® lo que deb¨ªa a Hacienda, sobrevalor¨® sus existencias y eludi¨® cotizar a la Seguridad Social.

Tras todo ese reguero de p¨¦rdidas, la aventura italiana acab¨® donde hab¨ªa empezado, La direcci¨®n general del Patrimonio reasumi¨® la titularidad de la factor¨ªa en 1992 y, dos a?os m¨¢s tarde, denunci¨® a Orefici por cuanto delito se ha escrito en los c¨®digos, una lista que incluye estafa, alzamiento de bienes, apropiaci¨®n indebida, falsedad documental y delitos contra la libertad y contra la seguridad en el trabajo y contra la Hacienda P¨²blica.

Orefici acab¨® en la c¨¢rcel, y ah¨ª sigue. El juez tambi¨¦n mantiene en prisi¨®n a su abogado y ex administrador ¨²nico, Jos¨¦ Manuel Mu?iz, y a dos compa?eros de bufete de ¨¦ste, Adolfo Martos Hinojosa y Jos¨¦ Luis Castillo Tejero- Aparte del equipo del empresario, el juez tambi¨¦n encarcel¨® a Jos¨¦ Miguel Moreno Garc¨ªa, ex presidente de Improasa, la empresa de la direcci¨®n general del Patrimonio que llev¨® la operaci¨®n.

Jos¨¦ Miguel Moreno Garc¨ªa fue el responsable del informe de viabilidad para la privatizaci¨®n, y est¨¢ acusado de cobrar una comisi¨®n de 15 millones de pesetas para favorecer los intereses de Orefici. Fuentes pr¨®ximas al caso sostienen que el siguiente paso de la instrucci¨®n ser¨¢ la citaci¨®n a declarar de dos ex directores generales de Patrimonio del Estado, Francisco Zambrana y Luis Alcaide. Ambos fueron los m¨¢ximos responsables del Patrimonio en esa ¨¦poca.

El juez ha fijado en 27.000 millones de pesetas la responsabilidad civil para los imputados. La acusaci¨®n particular ha pedido que comparezca Carlos Solchaga, que fue ministro de Econom¨ªa en 1989 que fue cuando se vendi¨® la empresa.