PP y nacionalistas se aliaron para intentar tumbar una de las leyes m¨¢s importantes contra la corrupci¨®n

La sorprendente alianza del Partido Popular con los nacionalistas catalanes y vascos estuvo a punto de hacer naufragar en el Senado una de las leyes m¨¢s importantes contra la corrupci¨®n: la de Contratos de las Administraciones P¨²blicas. El objetivo de esta ley, acordado inicialmente por el PP y el PSOE, es adaptar la legislaci¨®n espa?ola a la europea e introducir mayor transparencia en las contrataciones p¨²blicas. Sustituye a la de Contratos del Estado, en vigor desde hace 30 a?os. La votaci¨®n, al borde de la madrugada de ayer, arroj¨® 105 votos socialistas a favor, frente a 98 de populares y nacionalistas.

Converg¨¨ncia i Uni¨® (CiU) y el PNV votaron en contra de la disposici¨®n final, que reafirma el car¨¢cter de legislaci¨®n b¨¢sica del el proyecto, por que consideraban que restring¨ªa el margen de actuaci¨®n de las comunidades aut¨®nomas.Con anterioridad, el PP hab¨ªa presentado una enmienda en esta direcci¨®n que retir¨® a media tarde. Sin embargo, en la votaci¨®n final se uni¨® por sorpresa a nacionalistas catalanes y vascos, con la argumentaci¨®n de que, la ley es insuficiente desde el punto de vista de la lucha contra la corrupci¨®n. El proyecto vuelve ahora al Congreso para su aprobaci¨®n definitiva.

Ismael ?lvarez, ponente del PP, explic¨® a EL PA?S que votaron en contra de la disposici¨®n final de la ley, que reafirma su car¨¢cter b¨¢sico, por considerar que "el proyecto es insuficiente". "Art¨ªculo por art¨ªculo, nos parece bien la ley. Pero, al no incluir en la regulaci¨®n a las empresas p¨²blicas, nos parece muy insuficiente, dado el clima de corrupci¨®n. Por eso votamos en contra, aunque reconozco que puede inducir a error la votaci¨®n".

De haber prosperado el rechazo de populares y nacionalistas, habr¨ªa quedado reducida a cenizas la posibilidad de que la Ley de Contratos de las Administraciones P¨²blicas se aplicase en las comunidades aut¨®nomas, que habr¨ªan quedado al margen de las exigencias y condiciones que regir¨¢n para la contrataci¨®n que realice la Administraci¨®n General del Estado.

La f¨®rmula buscada infructuosamente por los nacionalistas desatend¨ªa, adem¨¢s de las directivas de la Uni¨®n Europea, las sentencias del Tribunal Constitucional por las que se establece el car¨¢cter normativo b¨¢sico en la contrataci¨®n administrativa.

Al arbitrio de las comunidades

Los nacionalistas pretend¨ªan que las comunidades pudieran establecer a su arbitrio las cuant¨ªas m¨¢ximas por debajo de las cuales los contratos se califican de menores, con una tramitaci¨®n de expediente simplificado; la ejecuci¨®n y modificaci¨®n de los contratos; la exigencia de precio cierto; la revisi¨®n de precios; la extinci¨®n de contratos; la cesi¨®n de contratos para subcontrataci¨®n; las normas de clasificaci¨®n de contratistas, as¨ª como la exigencia de solvencia econ¨®mica financiera y t¨¦cnica en los contratos.

Seg¨²n el ponente socialista Ramiro Cerc¨®s, esta pretensi¨®n supon¨ªa abrir la puerta al abuso y a la arbitrariedad en amplios e importantes sectores de la actuaci¨®n p¨²blica en las administraciones auton¨®mica y local. Cerc¨®s a?adi¨® que "semejante desrregulaci¨®n b¨¢sica supondr¨ªa torpedear la ley en su objetivo primordial de ser un instrumento eficaz para combatir las desviaciones y corruptelas en el ¨¢mbito de los contratos de las administraciones p¨²blicas y constituye un enga?o manifiesto m¨¢s de la opini¨®n p¨²blica a la que tanto nos tiene acostumbrados el PP"

El ponente socialista distingue las actitudes de los nacionalistas y del PP ante el proyecto. A su juicio, los nacionalistas act¨²an contra ¨¦l porque creen que es una ley de bases que regula excesivamente la actuaci¨®n en las autonom¨ªas. En cambio, el PP pretende, seg¨²n Cerc¨®s, "predicar una cosa cuando acosa al Gobierno y hacer otra muy distinta cuando gobierna en instituciones auton¨®micas o locales".

Fuentes de la ponencia de reforma constitucional recuerdan que el presidente de la Xunta de Galicia, Manuel Fraga, critic¨® en su reciente comparecencia este proyecto de ley por considerar que atentaba contra los intereses de las comunidades.

El texto aprobado recoge entre sus principales objetivos la simplificaci¨®n del procedimiento jur¨ªdico administrativo de contrataci¨®n mediante la. supresi¨®n de algunos tr¨¢mites que se han considerado innecesarios y el establecimiento de algunos preceptos concretos. Para ello, el proyecto aprobado estipula cu¨¢l debe ser la competencia y ¨®rganos de contrataci¨®n, el objeto y precio de los contratos, la capacidad y solvencia de los empresarios, la clasificaci¨®n y registro de empresas, las garant¨ªas, la tramitaci¨®n del expediente, procedimientos de contrataci¨®n y formas de adjudicaci¨®n.

El nuevo texto regula tambi¨¦n la publicidad de licitaciones y adjudicaciones, y hace una menci¨®n m¨¢s detallada que la norma anteriormente vigente de las causas que constituyen prohibici¨®n de contratar. Asimismo otorga una nueva configuraci¨®n al actual registro de contratos.

Seg¨²n el Gobierno, la actitud del PP muestra una vez m¨¢s su incoherencia al exigir para la Administraci¨®n central controles muy rigurosos que no quieren que existan para las administraciones auton¨®micas y locales.