El Estado paga por las responsabilidades judiciales

El Estado, que somos todos, est¨¢ obligado a pagar por los da?os que los jueces y magistrados producen a los ciudadanos, pero a pesar de que legalmente est¨¢ autorizado a repercutir las indemnizaciones contra los responsables de esos da?os, no suele hacerlo. De ese modo, la Administraci¨®n p¨²blica se hace econ¨®micamente cargo de retrasos, pasividades, ineficiencias y culpas ajenas, con lo que la actuaci¨®n irregular de los miembros del Poder Judicial cuesta dinero a todos, menos a sus responsables.La ley org¨¢nica del Poder Judicial establece, en el plano te¨®rico, un cuadro de responsabilidades penales, civiles y disciplinarias muy amplio. En cuanto a las penales, es de esperar que la entrada en vigor de la ley del jurado facilite la depuraci¨®n de responsabilidades por los delitos de estos funcionarios.

En cuanto a la responsabilidad patrimonial por error o anormal funcionamiento judicial, lo m¨¢s importante es que los da?os causados sean indemnizados al perjudicado. Pero es l¨®gico tambi¨¦n que el que la haga, la pague. La ley establece que el Estado responder¨¢ "de los da?os que se produzcan por dolo [intencionalidad] o culpa grave de los jueces y magistrados, sin perjuicio del derecho que le asiste de repetir contra los mismos".

A diferencia de otros pa¨ªses, como Italia, en donde es normal que el Estado repercuta sobre el sueldo de un juez parte de la indemnizaci¨®n pagada, en Espa?a el Estado no suele utilizar ese derecho. Por su parte, los ciudadanos, una vez que obtienen, tras largos esfuerzos, una reparaci¨®n econ¨®mica, no insisten en, exigir a los jueces la responsabilidad civil a la que tienen derecho.

Los jueces y magistrados -como los m¨¦dicos y otros profesionales que sirven al p¨²blico- tienen conciencia de que su actuaci¨®n puede desencadenar una responsabilidad patrimonial. De ah¨ª que sea cada vez m¨¢s frecuente que, tanto a nivel individual como asociativo, los jueces y magistrados suscriban p¨®lizas de seguros. Los siniestros de los que tienen que hacerse cargo las compa?¨ªas aseguradoras son tan escasos que les permiten hacer dr¨¢sticas rebajas en las primas a pagar por los jueces y magistrados asegurados. Mientras tanto, paga pap¨¢ Estado.