Rold¨¢n provoc¨® con su fuga la obtenci¨®n de pruebas que pueden costarle una condena de m¨¢s de 30 a?os

"Cuando Rold¨¢n se fug¨® s¨®lo ten¨ªamos contra ¨¦l pruebas de un delito fiscal cometido en 1988", admiten fuentes de la investigaci¨®n. Aunque ya en aquella fecha, 29 de abril de 1994, se acusaba al ex director de la Guardia Civil de malversaci¨®n y cohecho, las mismas fuentes reconocen que se trataba entonces de poco m¨¢s que sospechas de comprobaci¨®n harto improbable. Los nervios jugaron una mala pasada a Rold¨¢n, que, con su huida, permiti¨® la adopci¨®n de medidas excepcionales que han facilitado la obtenci¨®n de las pruebas que ahora se acumulan en su contra.

Pese al esc¨¢ndalo causado por las revelaciones que se conocieron en la comisi¨®n Rold¨¢n del Congreso, cuando la juez Ana Ferrer cit¨® al ex director de la Guardia Civil, el 27 de abril pasado, s¨®lo pensaba comunicarle la prohibici¨®n de abandonar el pa¨ªs y la obligaci¨®n de comparecer peri¨®dicamente en el juzgado. Poco m¨¢s pod¨ªa hacer con los datos de que dispon¨ªa.Fue precisamente la fuga de Rold¨¢n la que justific¨® que se dictase una orden de b¨²squeda y captura y que se adoptasen medidas excepcionales, como el pinchazo de numerosos tel¨¦fonos o la prolongaci¨®n del secreto sumarial durante 11 meses. Medidas que en circunstancias normales no se habr¨ªan podido justificar y que ven¨ªan amparadas porque la investigaci¨®n sobre el patrimonio del ex director general de la Guardia Civil se mezclaba con las pesquisas dirigidas a su localizaci¨®n.

De hecho, en el momento en que Rold¨¢n lleg¨® a Espa?a, el 28 de febrero, se levantaron tanto el secreto sumarial como las intervenciones telef¨®nicas.

La demostraci¨®n de que Rold¨¢n cobr¨® comisiones por la adjudicaci¨®n de obras de la Guardia Civil, que el Congreso dej¨® sentenciado en su dictamen un¨¢nime, tropezaba con dos obst¨¢culos aparentemente insalvables: el silencio de los constructores, que se autoinculpar¨ªan de reconocer el pago de comisiones; y el sofisticado sistema montado por Rold¨¢n para borrar todas las huellas.

Los cheques de las constructoras no se ingresaban en las cuentas del ex director general del instituto armado sino que, normalmente, se cambiaban en caja por uno o varios talones al portador, garantizados por la propia entidad bancaria. Los talones luego se utilizaban como medios de pago en la adquisici¨®n de propiedades, pasando de mano en mano, o se cambiaban en met¨¢lico.

Facturas falsas

Para los responsables de la investigaci¨®n, se trataba de un mecanismo urdido con el objetivo deliberado de blanquear el dinero y ocultar su origen il¨ªcito. Su funcionamiento s¨®lo era posible con la complicidad de Jorge Prieto Pardina, antiguo director de la oficina del Banco Bilbao Vizcaya en la madrile?a calle de Cea Berm¨²dez, que est¨¢ tambi¨¦n imputado en la causa.

Un elemento externo al sumario ha sido decisivo para fundamentar las acusaciones contra Rold¨¢n: la apertura de diligencias por delito fiscal a las empresas Sierra Comendador y Huarte en sendos juzgados de instrucci¨®n de Madrid, los n¨²mero 22 y 43. Algunos de los talones con los que se ha acreditado que las constructoras pagaron facturas falsas han aparecido en la oficina del BBV de Cea Berm¨²dez, donde entraron en el sistema de blanqueo cuyos beneficiarios eran Rold¨¢n y su administrador Jorge Esparza, seg¨²n fuentes de la investigaci¨®n. El apoderado de Sierra Comendador, Carlos Zuazo, ha sido ya imputado y en los pr¨®ximos d¨ªas deber¨¢n declarar los responsables de la empresa Huarte.

El propio Zuazo ha reconocido que pag¨® 106 millones de pesetas a Esparza correspondientes al 3% del importe de las obras que realiz¨® para la Guardia Civil, mientras que Agust¨ªn Blazquez percibi¨® de la constructora Aspica unos 15 millones que se reparti¨® con Elisa Rodr¨ªguez, cuando ¨¦sta era novia de Rold¨¢n, a cambio de influir en favor de dicha empresa ante el director general.

Falta de pruebas

La primera de estas declaraciones autoinculpatorias, la de Agust¨ªn Bl¨¢zquez, se produjo el 24 de febrero, s¨®lo cuatro d¨ªas antes de la llegada de Rold¨¢n a Espa?a. Seg¨²n fuentes de la investigaci¨®n, el pr¨®fugo decidi¨® entregarse, entre otras razones, porque, ignorante del contenido del sumario, que segu¨ªa secreto, estaba totalmente convencido de que no exist¨ªan pruebas y testimonios que avalaran la acusaci¨®n de cohecho.

Por el contrario, Rold¨¢n s¨ª sab¨ªa que estaba documentado el delito fiscal. Por eso, seg¨²n las mismas fuentes, excluy¨® el fraude al fisco de la extradici¨®n administrativa aceptada en los falsos papeles de Laos, mientras que acept¨® ser juzgado en Espa?a por los delitos de prevaricaci¨®n y malversaci¨®n.

Respecto a este ¨²ltimo delito, el ex director general de la Guardia Civil pensaba defenderse alegando que el dinero que cogi¨® de los fondos reservados le fue entregado como sobresueldo, al igual que a los restantes altos cargos del Ministerio del Interior. Cometi¨® un gran error de c¨¢lculo, agregan las citadas fuentes, pues no repar¨® en que en su cuenta personal hay ingresos de fondos reservados anteriores a la fecha en que, seg¨²n dijo, empezaron a pagarse los sobresueldos, en 1990. Tras haber acreditado que Rold¨¢n se qued¨® con 200 millones de fondos reservados, la investigaci¨®n se considera concluida en este punto.

Las pruebas que contiene el sumario son suficientes, a juicio de los investigadores, para fundamentar una condena superior a los 30 a?os de c¨¢rcel, mientras que el delito fiscal, que estaba acreditado cuando Rold¨¢n se fug¨®, dif¨ªcilmente hubiera llevado al ex director de la Guardia Civil a la c¨¢rcel, dada su falta de antecedentes penales.